Otro caso de espionaje policial en una estrategia en la que «todo vale»
La sombra de la persecución y el espionaje de los aparatos de los estados español y francés sigue planeando sobre los militantes independentistas vascos. Después de que el pasado sábado se dieran a conocer un total de veinte casos, ayer destaparon uno más. En esta ocasión se trata de un dispositivo de seguimiento colocado en el vehículo de un joven donostiarra. Para Askatasuna, es una muestra más de la «locura represiva» del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero.
Oihana LLORENTE |
Los episodios de espionaje y seguimiento policial a militantes de la izquierda abertzale parecen no tener fin. Después de que hace justo una semana una veintena de personas relataran la persecución policial de muy diversa índole a la que están siendo sometidas, ayer se hizo público un nuevo caso. En esta ocasión, en la persona de Mikel Fernández, un donostiarra que ha encontrado en su vehículo un dispositivo de seguimiento.
El joven compareció en Donostia ante la prensa para dar a conocer los pormenores de los hechos. Detalló que localizó el aparato en el parachoques de su coche después de que, a última hora del lunes, cuando se encontraba en su domicilio, escuchó una pequeña explosión a la que en un primer momento no dio importancia. Fue la propia Ertzaintza la que comunicó a su padre que el estallido había tenido lugar en el coche del joven y que el automóvil estaba echando humo, por lo que Fernández acudió al lugar donde se encontraba estacionado. Se percató de que el parachoques presentaba un agujero, por el que se podía ver una pequeña antena. Al tirar de ella, pudo arrancar el dispositivo de seguimiento que estaba ligado al vehículo con imanes.
En la rueda de prensa, en la que mostró el aparato a los medios de comunicación, el joven donostiarra aprovechó para denunciar que hace alrededor de tres meses comenzó a ser objeto de persecución policial, aunque en el último mes ese seguimiento había cesado.
El representante de Askatasuna Xabin Juaristi, que arropó a Fernández en la comparecencia, indicó que este hecho «no es una casualidad», sino que se trata de «prácticas sistemáticas y premeditadas». Y las enmarcó dentro del envite represivo «del todo vale contra Euskal Herria».
Trayendo a colación los veinte episodios destapados el pasado sábado, el portavoz del organismo antirrepresivo denunció «el silenciamiento» por parte de los medios de estos casos de espionaje y persecución. En ese sentido, se preguntó si el hecho de «tener violada la intimidad las 24 horas del día y sufrir situación de persecución y de indefensión por parte de desconocidos no es lo suficien- temente grave como para ser noticia». Estas actuaciones, agregó, suponen la violación «con absoluta impunidad» de derechos básicos, «y con su silenciamiento se da vía libre a esa impunidad».
Juaristi aseguró que no dejarán de denunciar la «impunidad que conllevan estos hechos», y que no permitirán «el control sobre actividades políticas, la inducción del miedo o la dinámica del todo vale contra este país».
Consideró, además, que cuanto más se acerca la pugna electoral del próximo 9 de marzo «más trasparente se convierte la locura represiva del Estado español», y como botón de muestra realizó un breve resumen de los ataques represivos abanderados por el Ejecutivo de Zapatero: citó las detenciones masivas, las «salvajes torturas», las ilegalizaciones anunciadas contra EHAK y EAE-ANV y «las continuas agresiones» contra los exiliados y presos políticos vascos.
Más sectores bajo la represión
También hizo hincapié en que «cada vez son más los sectores afectados» por esta apuesta represiva, donde situó el envío a la Audiencia Nacional española de una causa contra dos jóvenes por protestar contra el TAV o la sentencia del Tribunal Supremo contra Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao. «Ésa es la democracia que nos ofrece el PSOE», sentenció.
En ese contexto, Juaristi criticó que la clase política vasca no haya dicho nada al respecto e interpeló al PNV, a NaBai y al Gobierno de Lakua para que den a conocer su postura «ante este tipo de atropellos». Les preguntó «si piensan esperar a que les toque a ellos el turno antes de encender todas las alarmas», haciendo referencia así a lo ocurrido esta semana con el fallo del Supremo contra los tres ex integrantes de la Mesa del Parlamento de Gasteiz.
El representante del organismo antirrepresivo incidió en la necesidad de salir a la palestra ante este tipo de situaciones de hostigamiento porque, a su entender, «es la denuncia la que detiene la impunidad». Por ello, animó a las personas que sufren este tipo de situaciones a que se pongan en contacto con Askatasuna para interponer la correspondiente denuncia.
Xabin Juaristi apuntó que ha llegado la hora de «plantarse como pueblo» ante la apuesta represiva de los estados español y francés, por lo que instó a la ciudadanía a salir a la calle.
Desde un prisma jurídico, la abogada Ainhoa Baglietto tomó la palabra para denunciar «el amparo judicial» al que son sometidas estas acciones de persecución policial. Destacó que muchas de las denuncias interpuestas han sido archivadas, bien porque el autor del espionaje es desconocido o porque las intervenciones están basadas en sumarios bajo secreto de la Audiencia Nacional.
Explicó que este tipo de prácticas se llevan a cabo bajo las solicitudes de las FSE, «sin ningún tipo de justificación jurídica». La letrada fue más allá y sentenció que estas autorizaciones son dirigidas contra la izquierda abertzale y que su origen reside en «presiones policiales y políticas».
El 18 de enero de 2007 tres jóvenes donostiarras hallaron en el interior de su domicilio un aparato de escuchas ilegal, cuestión que pusieron en conocimiento del Juzgado de Guardia de Donostia. Ahora se ha archivado el caso, entendiendo que «no aparece suficientemente justificada la perpetración de una infracción penal».
El instrumento estaba escondido debajo del sofá y estaba compuesto por dos metros de cable con un micrófono en el extremo. Lo habían colocado haciendo un orificio desde el piso inferior. Si bien el día que lo encontraron pudieron dar con el cableado de dos metros, dos días más tarde no pudieron sacarlo, por lo que dedujeron que el aparato «había sido manipulado» en ese periodo.
El abogado de los jóvenes, Luix Barinagarrementeria, explicó ayer a GARA que, nada más interponer la denuncia, exigieron la composición, de manera urgente, de una comisión judicial para llevar a cabo un reconocimiento tanto en la vivienda de los jóvenes como en la de abajo. El letrado tildó de «imprescindible» que la investigación en estos casos sea «rápida», ya que de lo contrario se obstaculiza la labor de hallar pruebas.
El juez, sin embargo, no vio motivos para ello y, según denunció el abogado, «actuaron lentamente en este asunto». Aunque en un primer momento la Ertzaintza sí acudió a examinar el piso de los jóvenes, no se inspeccionó el inferior. «Nosotros exigimos una y otra vez que se investigara ese domicilio, pero ahí se obstaculizó la causa», afirmó Barinagarrementeria, quien explicó que incluso fueron rechazados los recursos indicando que «esa medida no era proporcional ni necesaria para los fines investigados».
Fue en octubre cuando la Policía Judicial envió al Juzgado los informes sobre la casa de los jóvenes, así como de la situada debajo.
El informe al que ha tenido acceso este diario indica que «en el techo del salón, de escayola, se observa una mancha más blanquecina que el resto». Por lo que, a juicio de Barinagarrementeria, la Ertzaintza «concluye que sí ha habido actividad» en el piso inferior. No obstante, la Policía autonómica, al buscar rastros lofoscópicos -huellas-, aseguró que «no hay suficiente calidad».
En noviembre archivaron provisionalmente el caso. El letrado explicó que la razón principal reside en «no haber tratado con urgencia las solicitudes de investigación».
Baglietto denunció que derechos tan fundamentales como el de intimidad o de libertad de movimientos son vulnerados con estas prácticas de persecución y seguimiento. Aseguró, además, que son realizadas «sin justificación jurídica».
Tras explicar que la mayoría de estas intervenciones son «amparadas» por la Audiencia Nacional española, la letrada sentenció que con «este tribunal especial y extranjero no existen derechos para muchos y muchos vascos».
