El Producto Interior Bruto es una macro-magnitud económica que mide el valor monetario de los bienes y servicios producidos en un periodo determinado por los factores productivos residentes en un ámbito territorial concreto.

Habitualmente se utiliza como variable para estimar la riqueza producida durante un periodo de tiempo determinado en un país o una región. De la misma manera, el PIB per cápita suele utilizarse como un indicador del grado de desarrollo, o incluso del bienestar de la sociedad.

Ahora bien, las limitaciones del PIB para medir la riqueza generada son más que evidentes. De hecho hay que tener en cuenta que la riqueza generada en la economía sumergida no está contabilizada y por lo tanto no se incluye en el valor del PIB. Según diferentes estudios podemos decir que hay cierto consenso en cifrar el valor de la economía sumergida entre el 20% y el 25% del PIB (datos para el Estado español), y esto sin incluir actividades ilegales como el tráfico de drogas, etc.

Por otro lado tenemos la riqueza generada en el ámbito de la producción doméstica, que tampoco se incluye en las cuentas económicas; es decir, que el valor del trabajo doméstico no remunerado tampoco forma parte del PIB.

Sin embargo, a mediados de la década anterior comenzó a desarrollarse una metodología para calcular el valor del trabajo doméstico no retribuido y «oculto» respecto al resto de las actividades económicas.

El EUSTAT (Instituto Vasco de Estadística) también ha desarrollado la metodología que permite elaborar la llamada Cuenta Satélite de la Producción Doméstica. El objetivo de esta cuenta consiste en realizar una valoración del trabajo doméstico con una metodología que permita comparar esta actividad con el resto de actividades económicas que sí son contempladas en el cálculo del PIB.

Según el Eustat, en el año 2003 el valor de la producción doméstica no incluida en el PIB representaba un 32,8% del PIB de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa (último dato disponible).

Hasta ahora ya hemos visto algunas de las limitaciones más importantes del PIB para valorar la riqueza generada. Sin embargo, la validez del PIB como variable para medir el grado de bienestar de una economía es todavía mucho más discutible.

El concepto de bienestar social es muy complejo y abierto, en la medida en que caben múltiples interpretaciones y definiciones. Pero en todo caso parece incuestionable que el bienestar en una sociedad difícilmente puede medirse por medio del PIB per cápita, ya que este indicador no proporciona información sobre el desigual reparto de la renta y el grado de acumulación de la riqueza.

Así, es un hecho que el salario constituye la principal (si no la única) fuente de ingresos de la clase trabajadora, es decir, de la inmensa mayoría de la sociedad. Sin embargo, durante los últimos años se está reduciendo el peso de las rentas salariales en el reparto del PIB.

Por lo tanto, nos encontramos en una situación en la que el PIB per cápita (como indicador estadístico) aumenta debido a los incrementos de la productividad; pero las rentas salariales no participan de esos incrementos de la productividad, no al menos en la misma medida que lo hacen las rentas del capital.

En definitiva, puede ocurrir y de hecho ocurre, que toda la sociedad no se ve beneficiada por el crecimiento económico. En los términos descritos no se puede hablar de mejoras de bienestar social, sino tan sólo del «bienestar» de unos pocos.

Precisamente, como consecuencia de las fuertes críticas que ha recibido el PIB per cápita para medir el bienestar social, se han desarrollado otros indicadores sintéticos más complejos y multidimensionales.

Por ejemplo, el Indice de Desarrollo Humano (IDH), que fue elaborado a partir de 1990 al amparo del Programa de las Naciones Humanas para el Desarrollo. Este indicador intenta medir el bienestar social a partir de tres elementos: el nivel de vida (PIB por habitante), la longevidad (esperanza de vida al nacer), y la educación (tasa de alfabetización y tasas de matriculación).

Este índice también ha sido criticado porque no incluye la dimensión medioambiental, y tampoco tiene en cuenta el grado de respeto a los derechos humanos o el ejercicio de las libertades.

Llegados a este punto merece la pena recordar que hace pocas fechas, a finales de 2007, el Eustat hizo pública una nota de prensa en la que afirmaba que «Euskadi mantiene el tercer puesto en el ranking mundial del Indice de Desarrollo Humano, por detrás de Islandia y Noruega».

No obstante, si el Indice de Desarrollo Humano incluyera en la dimensión social indicadores para medir la sistemática violación de los derechos y las libertades tanto civiles como políticas (expresión, manifestación, reunión, sufragio, ...) que sufre nuestro pueblo, entonces, seguramente ocuparíamos un puesto en el ranking más próximo a Turquía que a Islandia o Noruega.