Juanjo BASTERRA

La Comisión Europea ha cedido a la presión de la industria y permitirá el uso de amianto en determinados procesos industriales hasta el fin de su vida útil, como es el caso de los diafragmas de células de electrolisis en la manipulación del cloro. La Unión Europea prohibió de forma total el uso y venta de amianto a partir de enero de 2005, sin embargo dejó pendiente de examen algunos procesos industriales en espera de que «se pudiera sustituir el mineral cancerígeno por otros procesos inocuos». Ha revisado la excepción y la mantiene. Laurent Vogel, del departamento de Seguridad y Salud del instituto europeo ETUI-REHS dependiente de la CES, aseguró a GARA que la decisión adoptada «no tiene nada que ver con imperativos técnicos como indica la Comisión Europea».

Según este técnico europeo, muy reconocido en esta materia, «varias empresas han sustituido los diafragmas que contienen amianto en este tipo de actividad». Por lo que, para él, el pretexto de la Unión Europea tiene que ver con algo que está siendo bastante habitual: «la capitulación ante el chantaje de algunas grandes empresas del sector del cloro, que manifiestan que si se ven obligadas a retirar el amianto, tendrían que reducir el empleo en la UE. Así, no adoptan las medidas de prevención ante ese mineral».

Vogel considera que es necesario que la prohibición del amianto sea total, porque las excepciones generarán también afectados. Indica que, como ya se conoce desde hace varios años, produce cáncer, aunque su aparición puede tardar entre quince y veinte años desde que se mantuvo el contacto.

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) también criticó a los dirigentes europeos debido a que «la Comisión Europea no dice la verdad, porque no hemos sido consultados en el momento en que se ha tratado este tema con los empresarios».

Según manifiesta esta organización sindical, el 14 de setiembre del año pasado la parlamentaria europea Kartika Liotard interpeló a la Comisión Europea sobre esta situación. La respuesta llegó de la mano de Günter Verheugen, el pasado 8 de noviembre, quien respondió que la CES iba a ser consultada sobre el mantenimiento o no de esa excepción. «La CES desmiente formalmente esta alegación. No nos han consultado para nada ni hemos sido invitados por la Dirección General Empresas a presentar alegaciones o documentos para impedir que esos productos industriales con amianto sigan comercializándose y produciéndose». Señalan que estos hechos demuestran que las presiones de la industria son muy fuertes y dejan en entredicho la validez de las actuaciones de la Comisión Europea.

Lo cierto es que con el amianto se está jugando en una posición ambigua, porque se conocen sus efectos cancerígenos, pero países como Canadá, Brasil y Rusia, entre otros, siguen produciendo y exportando ese mineral a economías emergentes, con lo cual se está trasladando el problema de salud para dentro de dos décadas a esos países. A la vez, quienes en teoría, deberían mantener su prohibición, como es la Unión Europea, permiten excepciones y todavía en los países de la Unión no se han desamiantado los edificios ni determinados procesos productivos.

Cesión ante empresarios

La seguridad y la salud en el trabajo no se lleva a sus últimas consecuencias, sino que en realidad se está cediendo a la presión que ejercen las empresas. De hecho, en un dossier especial sobre la estrategia europea sobre salud laboral, el ETUI-REHS de la CES asegura que de los diez convenios en esta materia que ha aprobado la OIT desde 1980 no se cumplen en la mayoría de los países, a pesar de haber sido ratificados por sus miembros. Se refieren a la seguridad y la salud, los servicios de salud en el trabajo, el amianto, seguridad en la Construcción, productos químicos, trabajo de noche, prevención en la gran industria, seguridad en las minas, protección de la maternidad y salud en la agricultura.

Según ese informe, el Estado francés, Grecia, Malta y Gran Bretaña «no han ratificado ni uno sólo de esas convenciones de la OIT». Es favorable en Austria, Bulgaria, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo y Rumanía. El resto sólo validan tres o cuatro de las diez.