Sabino Cuadra Lasarte abogado
Los obispos están que se sobran
Un somero repaso al proceder de la jerarquía de la Iglesia católica española deja en evidencia su naturaleza totalmente inquisitorial e intolerante. Así, tras un repaso tanto histórico como de la actualidad, Sabino Cuadra no duda en afirmar que la Iglesia católica es la institución con bases «más jerárquicas, antidemocráticas, sexistas, misóginas y reaccionarias» del Estado.
El PSOE, en algún momento, releyó «El Quijote» y encontró aquello de que «el abad, de lo que canta yanta» (la viceversa también sirve) y elevó substancialmente hace poco más de un año la asignación a la Iglesia católica con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, pasando a ser ésta del 0,52% al 0,70% de las declaraciones de renta. Pensó, quizás, que con eso ganaría al episcopado, pero erró en sus cálculos. El bombón regalado despertó las más profundas gulas de la Conferencia Episcopal quien, con redoblados ímpetus, no sólo no mitigó sus diatribas contra el maligno Zapatero, sino que las incrementó y extendió a todos los ámbitos de la vida social y política.
La Iglesia se ha convertido en los últimos años en el primer sostén de la derecha española a quien aporta sus púlpitos, sacristías, hisopos y hojas parroquiales con el fin de fomentar los viajes a Madrid en cristiana y patriótica peregrinación a protestar contra el Gobierno. Ante el cierre por defunción de sus agencias de viajes a Lourdes y Fátima, la Iglesia fomenta ahora la manifa-procesión en la que aquellos hermosos y dorados estandartes dedicados a todo tipo de advocaciones marianas han sido sustituidas por frías pancartas de plástico y banderitas de todo a cien que claman contra el aborto y el matrimonio homosexual y afirman que solo la unidad de las tierras de España es algo que pueda compararse con el misterio uno y trino de la Santísima Trinidad.
Hace tan solo unos días, Juan Antonio Martínez Camino, portavoz de la CEE (Conferencia Episcopal Española, a no confundir con la ya extinta Comunidad Económica Europea), siguiendo ancestral costumbre, actualizó el bonito acertijo -«blanco por dentro, verde por fuera; si quieres que te lo diga es-pera»- con el que siempre nos inquieren en vísperas electorales.
El prelado ha animado a la feligresía católica y ciudadanía en general a que vote en libertad y en conciencia pero, eso sí, prestando especial atención a los programas de aquellos partidos que hacen una defensa del matrimonio y la familia tradicional, y se oponen al aborto y a la eutanasia. Los del Partido Popular, mientras tanto, han mirado para otro lado, como si el brindis del prelado no fuera por ellos.
Hasta aquí nada nuevo. Más de lo de siempre. Lo novedoso esta vez ha sido su recomendación de voto con respecto a aquellos partidos que no secundaron la negociación con ETA. Callaron a este respecto cuando la UCD se metió en estos berenjenales o su querido PP hizo otro tanto hace tan solo unos pocos años.
Pero es que, como ya se sabe, para la Iglesia el pecado solo existe cuando lo cometen otros. Por eso hay guerras «justas», que incluso pueden ser bendecidas y elevadas a los altares, como la «santa cruzada del 36», y otras que no lo son, sino todo lo contrario, como las que atentan contra su poder y privilegios.
Por eso también, ante los casos de abusos sexuales y pederastia cometidos por clérigos -arzobispo de Tenerife dixit- la culpa está en muchos casos en los propios niños que, ávidos de sexo, provocan a aquellos santos varones. Los curas pederastas, a lo más, tienen debilidades; lo de los niños es puro vicio.
El prelado Martínez se ha referido asimismo a la unidad de España, con respecto a la cual la Conferencia Episcopal afirmó hace poco más de un año que constituía un «elemento básico del bien común» cuyo cuestionamiento era injustificable. Debido a ello, cabe tan solo «modificar» aquella unidad, pero nunca romperla. El reconocimiento del derecho de autodeterminación, puerta democrática a una posible independencia y separación, no es pues aceptable, pues esto implicaría la «negación unilateral de la soberanía de España».
La Iglesia, que no ha dudado en apoyar procesos independentistas (Croacia...) y de negociación (Irlanda...) en aquellos estados en los que tenía intereses político-religiosos concretos, afirma ahora que la unidad de España es un bien supremo ante el cual resulta inmoral su cuestionamiento.
Nada extraño, por otro lado, si tenemos en cuenta que el propio nacimiento de la España oficial con los Reyes Católicos estuvo intrínsecamente ligado a su configuración como una unidad religiosa. Nobleza obliga.
Volvamos al principio. El Gobierno del PSOE, en vez de cortar por lo sano con los privilegios de la Iglesia en materia fiscal, civil, social, educativa...; en vez de anular de una vez y para siempre los acuerdos con el Vaticano de enero de 1979 de donde emanan todas esas prebendas; en vez de mirar para otro lado ante los escándalos y corrupciones (Gran Tibidabo y Torras, Gescartera,...) en los que distintos arzobispados y órdenes religiosas han estado metidas hasta las cejas; en vez de consentir y permitir que hoy en día se esté apropiando de todo un patrimonio público (iglesias, casas curales, cementerios, residencias, bienes culturales...) creado a lo largo de siglos con las aportaciones y esfuerzos de toda la sociedad... En vez de hacer nada de esto, sigue apostando por el mantenimiento y la consolidación de esta situación de privilegio y trato de favor.
Craso error porque, como es notorio, la Iglesia está utilizando este poder renovado para desgastar al Gobierno del PSOE y abrir el camino a que el PP pueda acceder de nuevo al mismo.
La Iglesia sigue siendo hoy la mayor multinacional existente en todo el Estado, la mayor propietaria inmobiliaria, el principal holding comunicativo, la más extensa y centralizada red de poder cultural e ideológico.... Y, junto a ello, no existe tampoco institución alguna en nuestra sociedad que esté estructurada sobre bases más jerárquicas, antidemocráticas, sexistas, misóginas y reaccionarias.
Dar el más mínimo paso en la extensión y profundización de los derechos y libertades democráticas y sociales implica necesariamente desarrollar una política clara de confrontación con el poder de esta santa institución. Un nivel de confrontación similar, cuando menos, al que ella está desarrollando contra todas aquellas personas y grupos que luchan por sus libertades y derechos educativos, culturales, sociales, nacionales, sexuales... Negarse a lo anterior supone dar bazas a la reacción y al oscurantismo. Plegarse a sus chantajes de hoy es apostar por la derrota de mañana.