ofensiva contra la izquierda abertzale
Garzón también imputa a representantes de EHAK
El juez Baltasar Garzón decidió ayer imputar los delitos de colaboración con organización terrorista y asociación ilícita al presidente y dos miembros de EHAK, al tiempo que pregunta a la Fiscalía si procede solicitar suplicatorio contra la portavoz y una parlamentaria del grupo Ezker Abertzalea. El magistrado de la Audiencia Nacional sigue así tapando huecos en su carrera para proceder a la suspensión de actividades de EHAK y ANV que podría dictar hoy mismo.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
El martes, cuando el abogado Iñigo Iruin le hizo ver al juez Baltasar Garzón que no podía actuar contra EAE-ANV al no estar personalmente imputado ninguno de sus dirigentes o miembros, el magistrado de la Audiencia Nacional respondió improvisando un auto en el que acusaba de colaboración con organización terrorista y asociación ilícita al presidente del partido, Kepa Bereziartua, a su ex secretario general, Antxon Gómez, y a Alazne Arozena, señalada como tesorera.
Ayer, el juez adoptó una medida similar con dirigentes de EHAK. En un nuevo auto, Garzón acusa también de colaboración con organización terrorista y asociación ilícita al presidente del partido, Juan Carlos Ramos, y a Jesús María Agirre y Sonia Jacinto, que son considerados tesoreros de la formación. El magistrado sostiene que «sin su intervención no habría sido posible llevar adelante la actividad presuntamente delictiva que se investiga».
Llama la atención que tanto Juan Carlos Ramos como Jesús María Agirre ya fueron imputados por colaboración con organización terrorista en setiembre de 2005 por Fernando Grande Marlaska, acusados de «asentir» al mandato de ETA, «permitiendo que una vez celebradas las elecciones el partido y el grupo parlamentario fueran utilizados» para los fines de ésta.
Según «fuentes jurídicas» citadas por agencias de noticias, la nueva imputación se justifica en que la primera se produjo en una fase inicial de la investigación y únicamente se refería al delito de colaboración con banda armada, al que ahora se ha añadido el de asociación ilícita.
Desde la defensa, sin embargo, se entiende que la imputación añadida de asociación ilícita pretende salvar otra de las lagunas que presentaba la instrucción de Baltasar Garzón en su afán de llegar a la suspensión de actividades de EHAK y ANV a tiempo de impedir que puedan presentarse a las elecciones.
En la vista del pasado lunes, la abogada Jone Goirizelaia apuntó a Garzón que el alcance del artículo 129 del Código Penal tan sólo es aplicable a empresas, fundaciones y asociaciones. Y que si en 2002 se utilizó contra Batasuna, en aquel momento no se había presentado una demanda de similares características en el Supremo, como ocurre ahora. Además, recordó que la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional determinó durante el trámite del sumario 18/98 que para aplicar dicho artículo la acusación habría de ser de «integración en banda armada» y no de «colaboración» como se da en este caso.
El último añadido de la acusación de «asociación ilícita» por parte del juez podría obedecer a un intento de salvar este escollo.
Parlamentarias y cuentas
Además de la imputación de Ramos, Agirre y Jacinto, en el auto Baltasar Garzón dispone preguntar al Ministerio Fiscal si procede solicitar suplicatorio respecto a la portavoz del grupo Ezker Abertzalea, Nekane Erauskin, y a la parlamentaria Karmele Berasategi.
Por su condición de parlamentarias, ambas son aforadas, por lo que su imputación y procesamiento es competencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Por último, el juez acordó transmitir a las entidades bancarias donde tengan cuentas tanto el partido EHAK como el grupo parlamentario Ezker Abertzalea, la obligación de comunicar a la autoridad judicial competente cualquier intento de disponer fondos de dichas cuentas para que ésta decida.
Según fuentes de la defensa, esta medida haría de hecho innecesario el embargo de cuentas que se está solicitando por una parte a través de la vía penal, en la Audiencia Nacional, y por otra como medida cautelar en el trámite de ilegalización en el Tribunal Supremo.
«Denunciar en la calle»
Una vez conocida la nueva actuación del juez Baltasar Garzón en su contra, fuentes de EHAK declararon a GARA que «el Gobierno español se ha vuelto a saltar todos los límites y sigue avanzando por el callejón sin salida de la represión. Este nuevo ataque contra EHAK y la izquierda abertzale es un episodio más del proceso político, que no judicial, que ha diseñado el Estado español para hacer desaparecer por medio de la fuerza a la opción independentista vasca».
Estas fuentes añadieron que, «sin embargo, cada vez está quedando más claro que el objetivo último de esta ofensiva generalizada no es solamente la izquierda abertzale, o en este caso EHAK, si no que van a por toda la sociedad vasca. El PSOE no respeta que en este país haya una opción independentista y de izquierdas que tiene derecho a elegir y ser elegida».
Ante esta situación, sostienen que «ya no sirven posicionamientos retóricos contra la Ley de Partidos ni contra la política represiva del PSOE. Hacen falta hechos que demuestren que la sociedad vasca no tolera más imposiciones del Estado español. Hacemos un llamamiento a denunciar en la calle estas agresiones y decir basta ya al estado de excepción proclamado por el Gobierno español».
Zapatero habla de pruebas
Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró ayer que los indicios que podía haber contra EHAK y ANV antes de las elecciones municipales eran «políticos», pero precisó estos no sirven para fundamentar una demanda de ilegalización, sino que lo que tiene que haber son pruebas materiales y acumulación de circunstancias. En cuanto a ANV, precisó que era «muy difícil» evaluar a este partido para realizar un proceso de ilegalización y que para ello era necesario que «desplegara algún tiempo su actividad».
Ante las preguntas de los asistentes a un foro de debate, Zapatero aseguró que hay una «tendencia» -cuando se habla de la lucha contra ETA y, en concreto, de la ilegalización de formaciones políticas-, «de hacer conclusiones en función de indicios políticos». A lo que añadió que en el caso de EHAK y ANV se trata de un procedimiento «judicial y jurídico, donde los indicios políticos no son suficientes, ni sirven para fundamentar una ilegalización en los términos que el Tribunal Constitucional ha establecido», por lo que hacen falta pruebas.
Está previsto que sea hoy cuando Baltasar Garzón oficialice sus decisiones sobre la suspensión de actividades de EHAK y ANV para adelantarse a la vistas que mañana celebrará el Tribunal Supremo.
Pernando Barrena eta Patxi Urrutia, Poliziaren eskuetan hiru egun inkomunikaturik egon ondoren, gaur eramango dituzte Audientzia Nazionalean deklaratzera. Atzo Amaiurreko 80 lagunek elkarretaratzea egin zuten atxiloketak salatzeko.
Espainiako Kongresuan EAJ-PNVren bozeramaile den Josu Erkorekak atzo adierazi zuen martxoaren 9ko hauteskundeetako emaitzak «faltsuak» izango direla, alderdien legez kanporatzeak kanpaina «baldintzatuko« duelako.
Sardiniako alderdi independentistak (IRS) atzo salatu zuen PSOE egiten ari den «hauteskunde kanpaina» ez dela zilegi, Barrena eta Urrutiaren atxiloketak eta EHAK eta EAE-ANV alderdien legez kanporatzeak kontuan hartuta. Era berean, IRS alderdiak bere elkartasuna eta babesa helarazi nahi izan zuen, eta Euskal Herrian gertatzen ari den egoera «antidemokratikoa» ezagutzera emango dutela ere esan zuen.
El presidente de EAE-ANV, Kepa Bereziartua, el alcalde de Igorre, Galder Olibares, la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, y la juntera electa por Bizkaia Arantza Urkaregi comparecieron ayer para denunciar los procesos abiertos para su ilegalización y señalaron que no creen en la Justicia española porque está «abducida y supeditada a decisiones políticas».
Urkaregi mostró su solidaridad a los miembros de EHAK y a Pernando Barrena y Patxi Urrutia, que permanecen detenidos, y que también ven ante sus ojos la «amenaza y la persecución», y preguntó al Gobierno español con quién van a hablar de cara a la solución del conflicto si «ilegalizáis y encarceláis a los interlocutores».
Por ello, la juntera abertzale advirtió al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero de que «sin interlocución no es posible solucionar el conflicto».
La representante de EAE-ANV también criticó al presidente del EBB, Iñigo Urkullu, y le acusó de «aprovecharse de esta situación», además de justificar lo ocurrido en las negociaciones de Loiola con excusas «simples y vagas».
«Vosotros los del PNV queréis y promovéis, al igual que el PSOE, la ilegalización de ANV porque contáis en vuestros perversos cálculos con una izquierda abertzale débil para negociar con el Estado español una nueva reforma autonómica y, por consiguiente, un nuevo fraude. Primáis vuestras cuotas de gestión y de poder, y buscáis mantener vuestros negocios y demás privilegios mientras dejáis que el Estado mantenga intacta su `España una grande y libre'», denunció.
Para el partido independentista, PSOE y PNV son conscientes de que «hay opciones reales de cambio y saben que el motor es la izquierda abertzale», por ello tienen intereses comunes para debilitarla porque saben que si no «no van a poder llevar adelante un nuevo fraude que están intentando acordar en estos momentos».
En este sentido, la formación ekintzale manifestó que no «va a permitir que hagáis lo que queráis» y consideró que es un momento de «definición política» en el que es «más urgente que nunca» poner encima de la mesa un cambio de marco político.
Urkaregi aseguró que este pueblo «va a saber responder a estos nuevos ataques que está llevando a cabo el Gobierno español» y realizó un llamamiento a la ciudadanía a salir a la calle en respuesta de la presumible ilegalización. Asimismo, ratificó que ANV estará presente en los comicios del 9 de marzo y que la ciudadanía podrá votar a favor de la independencia.
