El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha vuelto a hacer patente su voluntad de destacar por los servicios prestados a la limitación de los derechos fundamentales. Si en el proceso Batasuna tomó la delantera a PP y PSOE al declarar la suspensión de las actividades de esa formación, ahora se ha adelantado al propio Tribunal Supremo. En el aspecto meramente jurídico, esa actuación en paralelo es una primera diferencia entre el proceso seguido contra Batasuna y el que afecta ahora a EAE-ANV y EHAK. En todo caso ese proceso concatenado no es sino la demostración de que la política de ilegalización, que se inspira en la filosofía del «Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo» y tiene sus cimientos en la Ley de Partidos, termina por contaminar al conjunto del sistema, al diluir los ya confusos márgenes que separan a los distintos poderes en el estado post-franquista.

Desde que se produjera la ilegalización de Batasuna, el 27 de marzo de 2003, se ha mantenido una situación no ya de status quo, sino de estrechamiento creciente de los límites para el ejercicio de la actividad política. A esas limitaciones han contribuido los sucesivos actos judiciales y su aplicación a cargo de las fuerzas policiales, con especial mención a la Ertzaintza.

Lejos de limitarse a contagiar a los poderes de ámbito estatal, la política ilegalizadora ha condicionado gravemente el devenir diario de la vida política en Euskal Herria, donde la usurpación de derechos básicos como el de sufragio ha derivado en la conformación de instituciones que no reflejan exactamente la voluntad de la ciudadanía, lo que a su vez ha favorecido un clima de tensión en todos los ámbitos de este país.

Y, sin embargo, en ese clima se forjó una de las mejores oportunidades de los últimos años para dar una salida en clave democrática al conflicto político. Con Batasuna ilegalizada se dieron los pasos que permitieron llegar a la declaración «Orain Herria, Orain Bakea», y sobre sus raíles se puso en marcha una doble vía de diálogo, entre partidos vascos, y entre Gobierno español y ETA. La izquierda abertzale fue capaz de neutralizar el primer objetivo de la ilegalización, al no consentir en que las ideas independentistas dejaran de estar presentes en un momento político crucial, marcado por la oportunidad de abrir un ciclo de decisión en este país. Y es en ese ciclo de decisión, que la izquierda abertzale ha contribuido a alcanzar, en el que el independentismo vasco tiene centrados sus esfuerzos aquí y ahora, por más que pese el «ciclón represivo».

Una amenaza cumplida y un reto acuciante

Sin duda, cada momento político es distinto, y obliga a adoptar decisiones diferentes. Al independentismo, como al resto de agentes de este país, les toca más que nunca estar a la altura de la responsabilidad histórica, que pasa hoy por revertir los efectos apetecidos por la política de ilegalización, que trata de eliminar del juego político a la opción independentista.

A ese fin, la literatura de Garzón, nutrida de conceptos etéreos como el «entorno», se suma ahora la noción del «umbral», espacio indefinido en que coloca a dos partidos para decretar la suspensión de sus actividades. Pese a esa matización semántica, las consecuencias son conocidas: cierre de sedes, congelación de ingresos y cuentas, prohibición de convocar actos públicos... Y, en el caso del grupo parlamentario EHAK, traslado de la documentación al TSJPV para que decida sobre si procede disolver el grupo y actuar contra sus integrantes.

Curiosamente, el magistrado trata de desmentir la razón política que inspira el proceso al afirmar expresamente que éste no guarda relación con las ya próximas elecciones. También aclara algo que por evidente no debería dar lugar a explicación: que la suspensión de actividad no equivale a una ilegalización. Ya, la ilegalización es competencia del TS, al que ayer se coló Garzón.

Mientras, José Luis Rodríguez Zapatero, que inició su legislatura con un partido ilegalizado por su predecesor Aznar, concluye mandato con dos partidos suspendidos. Un balance con el que espera obtener rédito electoral inmediato, pero por el que debe pagar el precio político de ver como se mantiene en el tiempo el llamado «conflicto vasco» -y el sufrimiento que éste lleva asociado- y de ver cómo se devalúa el sistema político español, hasta el punto de que hoy éste se sitúa en el umbral de perder los requisitos mínimos para poder hablar de la existencia de una democracia formal.

Con la ilegalización de EAE-ANV y EHAK, como con las detenciones de representantes de la izquierda abertzale, se cumple la amenaza de venganza vertida por el Gobierno del PSOE contra la izquierda abertzale tras el fracaso del proceso de diálogo, pero no se avanza en la búsqueda de la solución que demanda Euskal Herria.

A partir de ese diagnóstico, que comparte la mayoría social y política de Euskal Herria, el reto más acuciante pasa por dirigir las energías hacia la construcción de un escenario democrático vasco en el que todos los ciudadanos y todas las opciones puedan estar presentes.