La inmigración entra en el debate electoral español de la mano del PP
Después de los enfrentamientos por la situación económica y la recomendación de los obispos católicos de votar a la derecha, la inmigración se ha convertido en el tema central que marca la prolongada precampaña electoral española después de que el PP propusiera normas específicas para los extranjeros y exigiera que quien no se amolde a «las costumbres españolas» pueda ser expulsado.
Martxelo DÍAZ |
Después de semanas en las que el debate electoral en el Estado español ha estado marcado por la economía y las promesas de rebajas de impuestos y de ayudas directas, el PP ha optado por convertir a la inmigración en un tema central.
El candidato del PP, Mariano Rajoy, ha propuesto que los inmigrantes que lleguen al Estado español suscriban un «contrato» por el que se «comprometen a respetar las costumbres españolas».
El propio PP ha señalado que se ha inspirado en las medidas impulsadas contra la inmigración por Nicolas Sarkozy en el Estado francés, pero desde distintos sectores se ha denunciado que la derecha española ha ido mucho más allá que la francesa.
Así, las medidas de Sarkozy hacen referencia a «los valores de la República», es decir, al respeto a la legislación francesa, mientras que la fórmula del PP de «respeto a las costumbres españolas» es lo suficientemente ambigua para que exista el riesgo de que los inmigrantes sean objeto de abusos por parte de la Administración.
El propio Rajoy, en una entrevista concedida el jueves a Cuatro, no fue capaz de precisar a qué se refería con la expresión «costumbres españolas». Mencionó que su partido está en contra de la ablación del clítoris o de la poligamia -que pueden ser perseguidas con la actual legislación-, pero no dio más detalles.
El coordinador del programa del PP, Juan Costa, tampoco contribuyó ayer a aclarar el panorama cuando anunció que este partido instaurará un sistema de «visado por puntos» si vence en las elecciones, según informó la edición digital del diario «El País».
Costa explicó que los inmigrantes «con mayor capacidad de integración» tendrán ventajas para trabajar en el Estado español, aunque no especificó cómo se valorará esta capacidad.
El planteamiento del PP es el siguiente: cuando sea necesario un contingente de trabajadores extranjeros, el Gobierno establecerá un orden de entrada de acuerdo con los puntos obtenidos.
El primer criterio será el origen del inmigrante, otorgándose más puntos a países «con vínculos históricos con España». Es decir, se primará la inmigración latinoamericana, que puede expresarse en castellano, frente a africanos y musulmanes, ya que la creciente presencia de mezquitas en numerosas ciudades provocó sarpullidos en la derecha española.
El segundo criterio será el de «la capacidad para adaptarse a las necesidades de la economía y del mercado laboral español».
Arias Cañete va más allá
Pero si la estrategia del marketing electoral del PP era presentarse como el referente de la derecha europea de Sarkozy en el Estado español, unas declaraciones del ex ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete hicieron que el objetivo se quedara en agua de borrajas.
Arias Cañete, el ministro que gestionó de una manera precaria la crisis de las vacas locas, no tuvo mejor ocurrencia que decir que las urgencias sanitarias se colapsan porque las ecuatorianas van a hacerse mamografías gratis cuando en su país «cuestan el sueldo de nueve meses», que los camareros inmigrantes no sirven con la misma presteza que «aquellos que teníamos» y que en los colegios de la periferia de las grandes ciudades protagonizaban «desagradables escenas».
Es decir, el discurso de Arias Cañete entroncaba directamente con la ultraderecha de Jean-Marie Le Pen haciendo bueno el discurso de que en el Estado español no surge con fuerza un partido xenófobo porque estos sectores están integrados en el PP. O quizá Arias Cañete se dejó llevar por el discurso de Sarkozy en el que pedía que se limpiara con agua a presión «la gentuza» de los banlieu parisinos.
Ante estos planteamientos, colectivos como SOS Racismo han mostrado su más absoluto rechazo a las propuestas del PP «por ser una iniciativa explícitamente racista en su contenido y planteamiento».
Rechazo de SOS Racismo
«Ningún programa electoral de un partido que se considere democrático puede desvirtuar los principios de igualdad básicos del Estado de Derecho, al condicionar el disfrute y el ejercicio de estos derechos a la firma de un documento. Propuestas como éstas legitiman el racismo institucional, que el PP llevó a la máxima cuando gobernaba», añade SOS Racismo.
En este sentido, este colectivo recordó que «el PP tiene una trayectoria consolidad de utilizar la inmigración como arma electoral y desde hace tiempo su estrategia es buscar el voto xenófobo. El fomento de los tópicos negativos de la inmigración, el fomento del miedo y de la alarma social ante ésta son argumentos que el PP usa en cada campaña sin importarle las consecuencias sociales».
Por todo ello, exigió una campaña electoral «sin xenofobia, rigurosa, ética y respetuosa con los derechos humanos».
La vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó ayer que «en España no hay un problema con los inmigrantes» ni con el uso del velo islámico, por lo que calificó al PP de «absolutamente irresponsable por crear un problema donde no lo hay».
«La propuesta y las declaraciones reflejan bien a las claras cuál es el concepto de la convivencia y de los seres humanos que tienen los dirigentes del PP. Todo rezuma rechazo, menosprecio a los inmigrantes, desprecio a la igualdad, rechazo a la diferencia, todo incita a ensalzar el racismo y la xenofobia y todo invita una vez más a crispar y a confrontar», manifestó De la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
A juicio de la portavoz del Gobierno español, el plan del PP de crear un «contrato de integración» para los inmigrantes y de regular el uso del velo islámico «se enmarca en el aventurerismo político» en el que está inmerso Rajoy.
De la Vega añadió que «no hay ningún partido conservador (en Europa) que defienda estas tesis, sino que hay que irse muy muy a la derecha para encontrarlo» y subrayó que «la tarea de un Gobierno responsable es buscar la integración, la integración en verdad, no la imposición, combatir la inmigración ilegal y no criminalizar al inmigrante ilegal».
Desde una posición similar, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, acusó al PP de tener «un discurso racista y discriminatorio» y opinó que las propuestas de Rajoy sobre inmigración buscan el voto de la extrema derecha.
Llamazares, en un encuentro con corresponsales extranjeros en Madrid, preguntó si Rajoy «propone quitar solamente el velo a la persona que tenga la religión islámica o también se lo va a quitar a las monjas (católicas) en este país», ya que estas religiosas «llevan toca, en algunos casos, dentro de las escuelas».
Según Gaspar Llamazares, el «contrato de integración» que propone el PP para los inmigrantes es «una iniciativa asimétrica y de servidumbre, además de estar enmarcada dentro de la pura islamofobia y pretender fidelizar el voto de la extrema derecha».
El candidato de IU en las próximas elecciones comentó que el PP «coge las banderas de la extrema derecha y asume parte de sus planteamientos como programa electoral» y destacó que «al PP no le salva ni un milagro de la Conferencia Episcopal».
El PP también prevé regular el uso del velo islámico por ser «un elemento de discriminación», según señaló ayer Ignacio Astarloa, miembro de la Ejecutiva del partido.
Mariano Rajoy también ha propuesto plantar 500 millones de árboles en el Estado español, superando con creces la propuesta del PSOE que «únicamente» preveía la plantación de 45 millones de árboles.
Rajoy destacó que si accede al Gobierno no realizará nunca «regularizaciones masivas» para legalizar la situación de los inmigrantes que entraron de manera irregular al Estado español.
Los partidos de los Països Catalans sin dependencia estatal son conscientes de que su apoyo puede ser imprescindible para designar quién será el próximo presidente del Gobierno español, teniendo en cuenta que las encuestas no prevén una mayoría absoluta ni de Zapatero ni de Rajoy y están jugando esta baza a la hora de ir a la caza del voto.
Durante los últimos meses, distintos sectores soberanistas han pedido un pacto entre las formaciones catalanas (CiU, ERC, PSC e ICV) para acudir a Madrid. Consistiría en presentarse cada una por su cuenta, pero acordar unas condiciones mínimas en defensa del autogobierno catalán para aceptar cualquier propuesta de pacto postelectoral. Pero esta propuesta se ha quedado encima de la mesa y nadie la ha asumido durante la precampaña.
De todos los partidos catalanes, quien está mejor posicionado para sacar más contrapartidas de un pacto de legislatura es CiU, puesto que a pesar de que su electorado tiene menos simpatías por el PP que por el PSOE, prefiere no definirse hasta después de las elecciones y hacerse valer entonces al mejor postor. Hace escasos días Jordi Pujol saltaba a la arena mediática para recomendar a los actuales dirigentes del partido que no pacten ni con el uno ni con el otro. Pujol justifica esta actitud por «los ataques sistemáticos del PP» contra Catalunya y por los «engaños» del PSOE. Pero este extremo es difícil de creer si el día 9 por la noche CiU logra ser decisiva. Y más si se tienen en cuenta las ganas que Josep Antoni Duran i Lleida tiene de ser ministro en Madrid.
Uno de los apoyos históricos del PSOE ha sido IU y sus socios catalanes. Así, Joan Herrera, el candidato de ICV, hace su campaña consciente de que los escaños de su partido pueden ser también valiosos para el PSOE. Esta semana, Herrera ponía encima de la mesa sus principales condiciones: «Pacto de Estado sobre impuestos, plan de choque contra el fraude fiscal, aparcar la promesa de los 400 euros y mantenimiento del impuesto sobre el patrimonio». Pero a pesar de estas condiciones, la dinámica de ICV e IU en las últimas legislaturas evidencia que sus diputados no le harán sudar a Zapatero su apoyo.
Quien también se encuentra en una postura débil a la hora de los pactos postelectorales es ERC. A diferencia de CiU, no puede jugar a vender sus escaños al mejor postor. Se los da a Zapatero o no se los da a nadie. Además, es consciente de que Zapatero preferiría recurrir a CiU que a ellos por el desgaste que le puede suponer en el resto del Estado. Así, no sorprenden declaraciones de su candidato, Joan Ridao, afirmando que un pacto entre PSOE y CiU no pondrá en peligro el tripartito catalán. A pesar de todo, el dirigente republicano no descarta pactos puntuales con Zapatero si repite como presidente.
El papel de ERC es especialmente delicado en estas elecciones, puesto que le será difícil revalidar la cifra histórica de ocho diputados que logró en 2004. El contexto de entonces era muy diferente al actual: Carod-Rovira acababa de ser expulsado del Govern por su reunión con ETA y ERC decidió presentarlo a las elecciones de Madrid con el lema «Parlant la gent s'entén (Hablando se entiende la gente)», una estrategia que el electorado recibió efusivamente, pues pasaron de los cerca de 195.000 votos del año 2000 a los 650.000 del 14-M. Ahora el contexto es distinto: la población vive la resaca del Estatut y el déficit de infraestructuras es alarmante. Así que el lema que los republicanos han escogido para tratar de mantener los votantes de hace cuatro años es mucho menos conceptual: «Objetivo: Un país de primera».
En su cesta de pactos de los Països Catalans, Zapatero también podría contar con el apoyo de las coaliciones sin vinculaciones estatales que se presentan en el País Valencià y las Balears.
Unitat per les Illes es el nombre que ha adoptado la coalición nacionalista balear. La forman un abanico muy amplio de partidos: el PSM (catalanista y progresista), UM (mallorquinista de derechas), Entesa per Mallorca (plataforma de candidaturas locales), la federación balear de ERC y Els Verds per Menorca. La iniciativa despierta ilusión porque es un hecho histórico, pero, a su vez, genera escepticismo porque los partidos que la forman han incumplido promesas electorales desde que llegaron al Gobierno balear junto al PSOE.
La fórmula valenciana nace, sobre todo, de la ruptura de EUPV (la federación valenciana de IU). Los problemas se arrastran desde las últimas autonómicas. El pacto electoral que permitió a EUPV y BNV (Bloc Nacionalista Valencià, valencianista y centrista) concurrir conjuntamente a las Corts Valencianes consiguió unos resultados muy pobres, que junto al descontento por el pacto en sectores de EUPV terminó con una escisión en esta formación.
Ahora, los escindidos (IPV, Iniciativa pel Poble Valencià) se han unido con el BNV y Els Verds, y tiene a su favor que presentan en sus listas a Isaura Navarro, la única diputada que hasta el momento tenía EUPV en el Congreso español. Laia ALTARRIBA i PIGUILLEM
