Ofensiva contra la izquierda abertzale
EHAK y ANV, vetadas en un auto que imputa «integración» a 38 personas
EHAK y ANV son las últimas formaciones de la izquierda abertzale arrojadas fuera de la ley española por sus tribunales. El juez Baltasar Garzón vuelve a actuar de ejecutor, mediante un auto que imputa además «pertenencia» a 38 militantes independentistas más y «colaboración» a otros siete. Acusa a ETA de «tomar el control» de ANV y EHAK. Más de lo mismo.
Ramón SOLA | IRUÑEA
Cinco años y medio después de la suspensión de actividades de Batasuna, que abrió esta dinámica, el mismo juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, da un nuevo salto en la ofensiva contra la izquierda abertzale. Como diversos altos representantes del Gobierno del PSOE habían vaticinado sin género de dudas durante las últimas semanas, Garzón ordenó ayer suspender las actividades de ANV y EHAK, cerrar sus sedes, bloquear sus cuentas y hasta cortarles la luz y el agua.
Además, este salto queda remarcado al confirmarse que Garzón ha abierto un nuevo sumario, el denominado 11/08, en el que declara imputados por «integración» a 38 miembros de la izquierda abertzale (muchos de ellos detenidos en Segura).
El listado incluye a Haizpea Abrisketa, Jean-Claude Agerre, Tomasa Alejandro, Egoitz Apaolaza, Aitor Aranzabal, Ibon Arbulu, Ainara Armendariz, Hasier Arraiz, Pernando Barrena, Maite Díaz de Heredia, Gorka Díaz, Olatz Dañobeitia, Mikel Etxaburu, Anjel Mari Elkano, Aiora Epelde, Maite Fernández de Labastida, Marije Fullaondo, Maite Goienetxe, Jone Goirizelaia, Jon Garai, Asier Imaz, Jaime Iribarren, Imanol Iparragirre, Xabi Larralde, Eusebio Lasa, Ana Lizarralde, Aurore Martin, Iñaki Olalde, Aner Petralanda, Juan Joxe Petrikorena, Joana Regueiro, Arantza Santesteban, Miguel Torre, Patxi Urrutia, Mikel Zubimendi, Aintzina Mazusta, Karmele Aierbe y Lurdes Uribarri. Junto a ello, Garzón acusa de «colaboración» a los miembros de ANV Kepa Bereziartua, Alazne Arozena y Antxon Gómez, y a los de EHAK Aritz Blázquez, Juan Carlos Ramos, Jesús Mari Agirre y Sonia Jacinto. Contra estos cuatro últimos dirige también la acusación de «defraudación de subvenciones públicas».
«Colonización»
Para ello, el juez esgrime que ambos partidos se hallan en el «umbral de ETA» por haber establecido relaciones de diverso tipo con personas a las que relaciona con Batasuna. Muchas de las actividades descritas en los dos autos -en los que caben desde hacer consultas sobre la ubicación de una txosna hasta mostrar coincidencias de posición sobre conflictos como el TAV- no son recientes, pero Garzón afirma que «esta realidad se ha hecho palpable tras el alto el fuego».
La tesis que sustenta toda la decisión aparece resumida ya en la página 6 de las más de 250 de que consta cada uno de los dos autos, antes de desgranarse los supuestos indicios. El juez especial deja sentado que «a día de hoy puede afirmarse que Batasuna, renunciada definitivamente su vocación de ser un partido legal, ha asumido la función que anteriormente correspondía a Ekin y previamente a KAS. Es decir, su actividad desarrollada en la más absoluta clandestinidad se concentra en ser el `referente político' de ETA, y por ende del MLNV». Siguiendo este esquema, Garzón argumenta que lo que denomina como ETA-Batasuna «ha tomado el control de facto del PCTV-EHAK y ANV», a los que culpa a su vez de «consentir la `colonización'». Y recurre de nuevo al término «fagocitación» para resumir su peculiar tesis.
Para trazar el vínculo entre Batasuna y Ekin, Garzón recurre a elementos como éste: «Dentro del amplísimo conjunto documental intervenido en el curso de los registros practicados en la actuación sobre la Mesa Nacional de Batasuna, en octubre de 2007, no aparece ninguno de factura reciente y atribuible a Ekin, lo que pondría de manifiesto que esta organización habría ido cediendo su función en beneficio de Batasuna».
Como hiciera la víspera en el auto de prisión contra Pernando Barrena y Patxi Urrutia, el magistrado español no se recata a la hora de recalcar que la actividad política de la izquierda aberzale debe atenerse a los límites que marquen los jueces españoles -entre ellos él mismo, con su auto de enero de 2007 en el que afirmó que los miembros de este sector mantenían sus derechos intactos y que era simplista equiparar a toda la izquierda abertzale con ETA-.
Garzón dedica buena parte de estos escritos a autojustificarse. Así, explica que si no se actuó antes contra EHAK no fue porque los indicios acumulados desde 2005 no fueran inculpatorios, sino porque resultan «insuficientes» para proceder a la suspensión. Y por lo que respecta a ANV, indica que si se permitió su concurrencia parcial a las urnas en 2007 fue por que «los datos aportados hasta ese momento no permitían determinar que estuviese siendo instrumentalizada, si bien la composición de sus planchas electorales evidenciaba la presencia en muchas de un significativo número de miembros de Batasuna».
Autojustificaciones
Los argumentos empleados para sustentar el veto a los dos partidos son de tenor similar a éste último, y evidencian en todos los casos un abrumador control policial. Así, Garzón esgrime que en las elecciones de mayo de 2005 2.337 de los 4.333 interventores de EHAK («el 54%») «tenían relación con HB». Y sobre ANV, expone que 1.147 de los 3.477 candidatos de las pasadas municipales y forales de 2007 («el 32,9%») eran «de Batasuna».
Garzón vuelve a poner afán en presentarse como garantista cuando alude a que varias personas a las que vincula con Batasuna han cobrado sueldos de EHAK. Matiza que «resulta evidente que PCTV puede contratar como empleado a cualquier ciudadano y que los responsables de Batasuna no están privados del derecho a trabajar. De la misma forma, resulta evidente que a la hora de contratar empleados PCTV lo haga con personas que, además de experiencia, aporten cierta sintonía política. Sin embargo, lo relevante no es que figuren contratados o, como se ha dicho, que lo sean de manera abrumadoramente mayoritaria, por no decir exclusiva, sino para desarrollar qué labor».
En la misma línea, niega que su decisión suponga la ilegalización de las dos formaciones, y pone interés también en mostrar que «no se trata de un acto ad hoc para evitar la concurrencia a un proceso electoral. La suspensión se adopta con independencia de esa circunstancia, aunque resulta obvio que tiene una trascendencia fundamental en ese ámbito», señala. La decisión ha sido ejecutada a sólo tres días vista del plazo de proclamación de candidaturas.
La suspensión de actividades decretada por Garzón contra EHAK y ANV tiene un plazo de tres años (la Fiscalía pedía cinco) y su alcance es concretado al detalle al final de los dos autos, que suman más de 530 páginas en total.
Así, el juez ordena la clausura de todas sus sedes, para lo cual se reclama información a la Policía española y la Ertzaintza y también a los responsables de los dos partidos afectados, que deberán dar cuenta de sus localizaciones en un plazo máximo de cuatro días.
A estos mismos cuerpos policiales se les encomienda el precintado de los locales, como ocurriera en 2002 en el caso de Batasuna. Baltasar Garzón ordena que sea la Ertzaintza quien se encargue de ello en la CAV, y la Policía española en Nafarroa.
Junto a ello, se decreta la suspensión de todas las ayudas o subvenciones que le correspondan «como tal grupo, coalición o partido» por parte de «organismos públicos centrales, autonómicos y locales», la congelación de sus cuentas o la suspensión de los contratos de «electricidad, agua, telefonía o similares». Se anuncia que cancelará también cualquier web o servicio contratado en internet y se comunicará a los diferentes medios de difusión que estos partidos no pueden insertar publicidad.
Obviamente, tampoco podrán presentarse a las elecciones: ni a las del próximo 9 de marzo (ANV había presentado candidaturas en Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Nafarroa) ni a cualquier otra que se convoque en este periodo de tres años. Y no podrán convocar movilizaciones ni otro tipo de actos políticos.
En ambos casos, Garzón apunta una obviedad: que la medida no afecta a «las actividades que como personas individuales y titulares exclusivos de los correspondientes escaños puedan ostentar sus integrantes». En principio, el juez tampoco parece obligar a la disolución de los grupos parlamentarios o municipales, pero la cuestión está a debate en el Tribunal Supremo.
En consistorios como el de Iruñea, ediles como José Iribas, de UPN, ya consideraban todo ello como «magnífica noticia».
GARA
El juez admite que ANV y EHAK eran partidos claramente diferentes de Batasuna en su origen, pero acusa a ésta de «tomar el control» de un modo «que se ha hecho realidad palpable tras el alto el fuego».
Alega que antes no había indicios suficientes y que esta medida «no es un acto `ad hoc' para evitar la concurrencia al proceso electoral, aunque es obvia su trascendencia en este ámbito».
Entre los argumentos usados para ligar a ANV con Batasuna aparecen algunos tan triviales como la consulta hecha por un edil ekintzale sobre una txosna en Maruri o el hecho de que un cartel de ANV se parezca a otro de HB de las elecciones estatales de 1989.
El juez admite que en Estrasburgo hay jurisprudencia sobre «el papel esencial de los partidos en el régimen democrático» e incluso cita revocaciones de ilegalizaciones en Turquía. Pero, acto seguido, matiza que el mismo tribunal «ha reconocido que el derecho de libre asociación no es ilimitado» y afirma que «en modo alguno esta suspensión podría fundamentarse en la asunción legítima de la idea independentista».
GARA
Contrariamente a lo que había hecho horas antes el juez instructor Baltasar Garzón, el Tribunal Supremo anunció anoche que no ve procedente suspender las actividades de EHAK y ANV, aunque sí respalda su criterio en dos puntos concretos: prohíbe participar en las elecciones del 9 de marzo y que reciban subvenciones oficiales.
El detalle de la decisión de los jueces del Alto Tribunal se conocerá hoy, pero parece tener el significado político de dejar solo al Gobierno del PSOE y a Garzón en su decisión.
Contradice además, de hecho, tanto el dictamen de la Fiscalía como el del Abogado del Estado, ya que ambos defendieron la suspensión de actividades general en las vistas celebradas durante la jornada.
Una vez conocida la decisión de Garzón, que dejaba zanjada en la práctica la cuestión, en estas vistas el debate se centró sobre todo en la cuestión de la disolución o no de los grupos de ANV y EHAK en ayuntamientos, juntas y Parlamento de Gasteiz, dado que el juez de la Audiencia Nacional no entra en este tema, al contrario de lo que hiciera en 2002 al impulsar la disolución de SA.
Fiscalía y Abogacía del Estado no se pusieron de acuerdo en este ámbito, ya que el primero defendió que no cabía la disolución mientras el segundo estimaba que sí. Tras la decisión conocida anoche, en cualquier caso, no debe haber ya problema alguno para que los dos partidos mantengan intactos los grupos de que disponen en las instituciones. Curiosamente, algunos mandatarios como la alcaldesa de UPN en Iruñea, Yolanda Barcina, ya se habían mostrado a la expectativa para proceder cuanto antes a una eventual disolución.
La sorpresa saltó por la noche. El Supremo no sólo rechaza la disolución, sino también otras medidas propuestas por fiscal y abogado del Estado y que tienen más enjundia, como el cierre de sedes o el embargo de activos financieros y depósitos de ANV y EHAK. En cualquier caso, fuentes jurídicas se apresuraron a remarcar que este diferente criterio no interferirá en la ejecución práctica de la orden de Garzón, aunque sí venga a dar razones a las defensas.
Los abogados de EAE-ANV ni siquiera participaron en la vista que les correspondía, convocada por la tarde. Los responsables del partido ekintzale remitieron un escrito a la Sala del 61 del Tribunal Supremo en el que renunciaban a comparecer al considerar que la sesión ya no tenía sentido una vez que Baltasar Garzón hubiera suspendido sus actividades unas horas antes.
«¿Para qué íbamos a acudir al Supremo cuando ya Garzón ha decretado nuestra suspensión? -se preguntaron algunos electos en la rueda de prensa ofrecida por la tarde en Donostia-. La decisión está tomada y no vamos a participar en ninguna otra pantomima».
Por la mañana, en cambio, la representación legal de EHAK asistió a la vista y se opuso a la petición de la Abogacía del Estado sobre la disolución de Ezker Abertzalea y, en general, a todas las demandas de suspensión de actividades formuladas por esa parte y la Fiscalía.
Los magistrados de la Sala del 61 reanudarán sus deliberaciones hoy al mediodía para redactar los dos autos sobre ANV y EHAK, que harán públicos a lo largo de la jornada. Sin embargo, anoche se anticipaba ya que el sentido de la decisión había sido unánime y que no habría votos particulares discrepantes.
También se utiliza como elemento inculpatorio que entre las formaciones ahora suspendidas y la ilegalizada anteriormente se observa «una comunidad de planteamientos» contra el proyecto del Tren de Alta Velocidad.
Garzón incluye también como indicio el saludo lanzado a los presos por la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, en un mitin en Iruñea, pese a que su colega Santiago Pedraz archivó el caso al no apreciar delito alguno.
Al margen o en paralelo a los nuevos imputados en el auto de ayer, «El País» concluyó ayer que el auto emitido por Garzón el viernes para encarcelar a Pernando Barrena y Patxi Urrutia «apunta a otros siete» militantes de la izquierda abertzale. Cita en concreto a estas personas: Aitor Aranzabal, Eusebio Lasa, Karmele Aierbe, Mikel Etxaburu, Haizpea Abrisketa, Txema Jurado y Joseba Zinkunegi.
GARA
La Fiscalía ha apoyado la iniciativa de Garzón de elevar un suplicatorio al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para que impute por «colaboración» a las parlamentarias Nekane Erauskin y Karmele Berasategi, aforadas.
