Nerea GOTI

Son alrededor de 1.500 trabajadoras, las que dan servicio a unas 10.000 personas en Bizkaia. Su trabajo consiste en ofrecer cuidados y atención a personas dependientes y lo hacen a través de empresas subcontratadas por la Administración, principalmente a cargo de los ayuntamientos.

Pues bien, ese delicado servicio, del que depende la calidad de vida de las personas atendidas y por extensión la de su entorno familiar, está siendo dispensado por un sector compuesto exclusivamente por mujeres y en el que más del 60% es eventual.

Además, los sindicatos llaman la atención sobre la precariedad en la que se mueve el sector y que se manifiesta en las condiciones laborales de las empleadas, desde el reparto horario de las jornadas de trabajo, hasta las remuneraciones en caso de bajas o que no se computen los desplazamientos como tiempo de trabajo efectivo.

«La Ayuda a Domicilio es complicada hasta para la contratación por sus particularidades», reconoce Carmen Macho, delegada de CCOO en el sector. No obstante, subraya que precisamente por sus particularidades, lo que necesita el sector es su regularización y en esa clave sitúa la firma del convenio por el que están peleando.

Las conversaciones entre patronal y sindicatos se rompieron hace meses y un intento reciente de la Diputación foral vizcaina por acercar posturas, en un encuentro que han mantenido ambas partes con la presencia de responsables de tres ayuntamientos de Eudel, tampoco surtió efecto.

De hecho, las empleadas del sector están llamadas a movilizarse este mes. El próximo día 16 habrá una manifestación en Bilbo y a partir del día 18 están convocados 12 días de huelga.

Delegadas de las tres centrales convocantes dejan sentado que la gravedad de la situación por la que atraviesa el sector justifica el endurecimiento de las protestas y aportan algunas claves para conocer las condiciones en las que dispensan el servicio en muchos municipios.

«Nosotros llevamos una plataforma de reivindicaciones, la patronal se cierra en dos puntos; jornada y contratación de eventuales», resalta Macho, y explica que «la patronal quiere unos contratos a la medida de la ayuda a domicilio, pero no se puede permitir porque la ley de contratación es la que hay y a eso se deben remitir. Si permitimos que se hagan contratos a medida, la eventualidad será mayor y aumentaría la precariedad».

Eventuales durante ocho años

Precisa esta delegada de CCOO, que además de las horas que aparecen en los pliegos de condiciones, «hay horas que fluctúan por ahí, que son horas no consolidadas y como no permiten que con esas horas se hagan contratos fijos, con esas horas no consolidadas se hacen contratos eventuales» e indica que hay eventuales «que llevan siete y ocho años haciendo servicios con contratos de mes a mes», por lo que reivindica su «derecho a tener un contrato fijo porque las horas están más que consolidadas»

La organización horaria es de tal calibre, que asegura que «se puede dar el caso de un contrato eventual para cubrir dos horas de servicio». En el mismo sentido, Mª José Ortiz, delegada de UGT, resalta otras situaciones relacionadas con la organización horaria del servicio. «La patronal nos decía que los contratos que están rozando la ley se podrían legalizar en un nuevo convenio en el que nos proponían una jornada anual, con lo que si ya estamos disponibles de las 6.00 a las 22.00 horas y casi no tenemos tiempo para conciliar vida laboral y familiar, de esa manera íbamos a tener mucho menos porque como no sabemos cuándo nos van a llamar para hacer una hora o hacer nueve, o hoy tres y mañana te quedas en casa».

Ortiz insiste en que «tenemos 30 horas semanales, pero la empresa dispone de nosotras de las seis de la mañana a las diez de la noche y hay servicios de un cuarto de hora». Además, resalta que en muchos casos, aunque tengan contratos de 25 horas, las empleadas se ven obligadas «a hacer 30 y luego tienen que estar devolviendo o apuntando las horas que deben o las que se pasan».

Destaca, por otra parte, que en los contratos de seis horas diarias de trabajo efectivo, no se contabilizan los desplazamientos, cuando, sobre todo en zonas rurales, es mucho el tiempo que invierten en esos movimientos de un hogar a otro.

En el apartado salarial, las trabajadoras se quejan de las bajas remuneraciones y destacan especialmente las que perciben en caso de bajas. Así, explican que «si me pongo enferma o me da una lumbalgia debido a un esfuerzo nos dan el 75%. Te dan el 100% si te haces un esguince en el domicilio, pero el 75% si lo sufres in itinere».

Las trabajadoras tienen claro, no obstante, que la patronal no es el único interlocutor que debe participar en la resolución de este conflicto y emplazan directamente a la Administración a tomar cartas en el asunto, mientras las tres centrales sindicales convocantes de los próximos paros han exigido inspecciones en el sistema de adjudicación pública de un servicio público de acción social y llaman la atención sobre la responsabilidad de las instituciones, a las que acusan de «lavarse las manos» a través de la subcontratación, en un momento en el que el desarrollo de la Ley de Dependencia va a llevar a las trabajadoras del sector a «ocupar un lugar prominente».

Nieves Fernández, delegada de LAB, pone el acento precisamente en esa cuestión. «Damos un servicio público, que se está contratando a empresas privadas, y para dar a ese servicio alguna calidad, lo que se está haciendo es rebajar nuestra calidad de vida».

Personas y necesidades tras las cifras

Explica esta auxiliar de ayuda a domicilio que «vamos a atender a personas mayores con un ratio que determina cada ayuntamiento y que muchas veces no cubre las necesidades reales de la persona asistida y en unas condiciones que a veces dejan mucho que desear, con lo que supone de carga emocional y física». Como sus compañeras de sector, recalca que «en cinco o seis horas hay que hacer tres o cuatro servicios y no se nos contabiliza el tiempo de desplazamiento».

La delegada de LAB subraya, no obstante, que no es sólo una cuestión de sueldo, «aunque nuestros salarios son bastante bajos, me parece muy grave que hay mucha gente que lleva mucho tiempo siendo eventual y que Administración y empresas sólo piensan en presupuestos y en los números, pero detrás de esas cifras hay personas que necesitan atención y un grupo de trabajadoras». «La gente debe saber que cubrir esos números recae sobre nuestras espaldas», señala.

Nieves Fernández insiste en que la opinión pública «debe tomar conciencia de que las instituciones son quienes tienen que tomar cartas en el asunto y que hay que cuidar este trabajo porque de ello depende el bienestar para las personas atendidas en este servicio. No es sólo una cuestión monetaria, detrás hay un problema social».