El Tribunal Supremo español dio a conocer ayer el auto emitido respecto a ANV y rebajó con ello algunas expectativas abiertas en la noche del viernes, cuando se conoció que su dictamen no coincide totalmente con el firmado por el juez Baltasar Garzón unas horas antes. El Alto Tribunal español estima que a la formación ekintzale no se le deberían cerrar las sedes ni impedir el conjunto de su actividad política -aunque sí participar en las elecciones y recibir ayudas oficiales-, pero matiza que eso es sólo porque faltan unos pocos meses para cerrar el proceso para su ilegalización.

En el auto, el TS trata de adoptar un tono garantista al asegurar que entran en conflicto dos intereses: «Apartar de la vida política a un partido que colabora con una organización terrorista» (criterio que no cuestiona) y «no limitar indebida- mente el pluralismo político silenciando a un partido que en estos momentos aparece inscrito en el registro».

Acto seguido, el TS deja claro que su «desmarque» de Garzón no obedece a una discrepancia de fondo, sino a una mera cuestión de fechas. «Precisamente porque la medida a adoptar tiene un carácter temporal muy limitado, el del plazo necesario para tramitar este proceso [de ilegalización], el principio de proporcionalidad debe presidir nuestra decisión (...) El peligro que puede representar la permanencia en la vida pública durante unos meses de un partido inscrito en el Registro de Partidos Políticos en el año 1977 no puede anteponerse al que supone impedirle toda actividad durante este corto periodo».

Sin influencia

El sistema judicial español, en cualquier caso, ha opinado sin fisuras que esta decisión del Supremo no supondrá ninguna cortapisa para la suspensión total de actividades dictada ya por Garzón contra ANV y EHAK (el auto relativo a este último partido aún no ha sido hecho público por el TS).

Así, desde la Fiscalía saludaron que lo importante a corto plazo es que ambas instancias judiciales impedirán a ANV concurrir a las elecciones. Y portavoces de asociaciones de juristas diferentes -Antonio García (APM), Jaime Tapia (JpD) y Lorenzo del Río (Francisco de Vitoria)- coincidieron en que la medida de Garzón es ejecutiva.