El colectivo de presos analiza la situación política
EPPK: «Madrid y París ya saben bien cuál es el nudo del conflicto»
El Colectivo de Presos Políticos Vascos ha hecho pública su reflexión sobre la situación generada en Euskal Herria a raíz de la ruptura del proceso de negociación. Un contexto caracterizado por la toma de posición de los agentes políticos en base a sus objetivos estratégicos y el envite represivo que viene sufriendo la izquierda abertzale. Y llega a una conclusión: «Euskal Herria debe superar los límites legales, políticos, económicos y represivos de España y Francia».
GARA | DONOSTIA
El Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK), en un comunicado remitido a GARA, hace un doble llamamiento para superar la actual situación. El primero, dirigido a los gobiernos español y francés, a los que insta a ser «responsables» y a «dar los pasos que no han dado hasta el momento: integrar a Nafarroa Garaia, Bizkaia, Araba y Gipuzkoa, por un lado, y a Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa, por otro, en sendos acuerdos políticos que concreten los estatutos de autonomía que recojan el derecho a decidir de nuestro pueblo». A su entender, «cuanto antes se muevan en esa dirección, todos tendremos mucho más que ganar».
El segundo de los emplazamientos tiene por destinataria a la ciudadanía vasca, «para que siga posicionándose por el reconocimiento de este pueblo y su capacidad de decisión, para que el marco que construyamos sea realmente democrático y para que se recojan en él los derechos de Euskal Herria y de todos los ciudadanos vascos».
A su juicio, la sociedad debe ser consciente de que «la trayectoria y los hechos acaecidos en los últimos 30 años nos muestran cuán importantes son y qué consecuencias tendrán las decisiones que adoptemos hoy». Y, en ese sentido, incide en que «Euskal Herria debe superar los límites legales, políticos, económicos y represivos instalados por Francia y España».
El Colectivo de Presos, a la hora de analizar el contexto actual, se remonta hasta el fallido proceso de negociación, «que ha dejado al descubierto las voluntades y los proyectos de cada cual». En primer lugar, resalta que «nunca antes habíamos llegado tan lejos en el reconocimiento de los derechos de Euskal Herria, aunque luego el Gobierno de España, como el PNV, le diera la espalda al acuerdo político que debía concretar esos derechos».
Asegura que ese proceso estaba cimentado en la configuración de un marco que integrara a los cuatro territorios del sur del país y reconociera su derecho de decisión. De hecho, hace hincapié en que «si se abrió la puerta de la solución al conflicto» fue porque el Ejecutivo español «dio su visto bueno» a ese estatuto de autonomía a cuatro, «comprometiéndose así a llevar adelante el proceso. Compromisos políticos y democráticos que ha dejado sin cumplir».
La madurez independentista
Una actitud, la del Estado, que contrapone a la mantenida por la izquierda abertzale durante todos estos meses. Habla de «madurez política, valentía y firme compromiso con los derechos democráticos de Euskal Herria y de todos los ciudadanos vascos», reflejada en la Propuesta para un Marco Democrático. Una oferta para la resolu- ción del contencioso que califica de «concreta y transparente, sobre la que todavía hoy sigue reafirmándose y que está pagando muy caro».
«Decimos claramente -prosigue la declaración- que el proceso reventado por el Gobierno ha dejado un mojón político importante y que en el futuro será un referente ineludible».
En relación al panorama originado tras su ruptura, y más concretamente a la toma de posición de cada uno de los agentes políticos, EPPK se muestra muy crítica con el PSOE y el PNV, a los que responsabiliza de que el acuerdo político necesario para instalar a Euskal Herria en otro escenario no cristalizara. Además, considera que, «por encima de esa confrontación supérflua que muestran hacia fuera», los partidos que lideran José Luis Rodríguez Zapatero e Iñigo Urkullu «están de acuerdo en los pasos políticos estructurales a seguir en la actual fase».
Un plan para «lavarse la cara»
De hecho, los prisioneros políticos son de la opinión de que la «hoja de ruta» planteada por el lehendakari Juan José Ibarretxe, que recoge la posibilidad de convocar una consulta popular en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, se presentó precisamente «para escenificar y alimentar esa confrontación» entre ambas formaciones, «porque creen que es beneficioso para sus intereses particulares». En concreto, observa electoralismo e intenciones de «lavarse la cara» ante los ciudadanos del Estado español y de Euskal Herria por su actitud en el proceso negociador.
«Esa iniciativa -la de Ibarretxe-, en el fondo, busca llegar a un acuerdo político entre PNV y PSOE en relación a un Estatuto reformado, que, una vez más, cerraría las puertas a la opción independentista y no daría respuesta a la cuestión territorial y soberana de Euskal Herria».
Por tanto, EPPK considera que existe entre ambos partidos un «pacto estratégico de base» para que el estatus jurídico-político actual no varíe.
«Ante el fraude político, la izquierda abertzale apuesta por la única opción que puede garantizar el futuro como pueblo de Euskal Herria: la creación del Estado de Euskal Herria», subraya. De hecho, señala que la Propuesta para un Marco Democrático «toma todo su sentido» si es entendido como «un paso intermedio» en ese camino.
Represión en la calle y dentro
La «otra cara de la moneda» de esa «trayectoria política pactada» entre los partidos de Zapatero y Urkullu para llegar a la reforma estatutaria es, afirma el Colectivo de Presos, el «recrudecimiento» de la estrategia represiva contra el independentismo. «Para estabilizar su apuesta, quieren condicionar y aniquilar al sector político que le hace frente. Es evidente el acuerdo en esa estrategia político-militar», agrega. Es por ello que entiende que «esas agresiones tienen mayor sentido político que nunca. Mantienen inalterables los mismos objetivos que perseguían durante el proceso negociador».
Como muchos otros agentes en este país, los presos también destacan que en la actualidad se ha instalado «el estado de excepción» en Euskal Herria.
Una excepcionalidad que también llega a las cárceles. «Las medidas especiales que sufrimos se sitúan en esa estrategia político-represiva general. Ambos gobiernos mantienen en vigor una política penitenciaria entendida en clave de guerra», asegura, citando expresamente, además de la dispersión y el aislamiento, la aplicación de penas de por vida, el mantenimiento en prisión de los presos enfermos y los casos de Iñaki de Juana y Jose Mari Sagardui, Gatza.
«Pero lo están intentado en vano, porque nuestro Colectivo, a pesar de pagarlo muy caro, adoptó hace ya mucho tiempo la suficiente madurez política como para desarmar esas artimañas. Son conscientes de cuál es el nudo gordiano del conflicto y, por tanto, saben cómo desatarlo. Mientras tanto, los presos continuaremos firmes en nuestro ámbito de lucha».
La «hoja de ruta» presentada por el lehendakari demuestra, para EPPK, «que el proceso de negociación no fue más que un `paréntesis' para el PNV, porque nunca ha tenido la intención de impulsar un proceso que acarreara una resolución política».
Para el Colectivo de Presos, se ha constatado que Nafarroa es «una cuestión de Estado. Se ha visto en el acuerdo entre PSN y UPN». Pero añade que PNV y NaBai «aceptan ese rol que los poderes del Estado han dado a Nafarroa para mantener la división» territorial.
El comunicado de EPPK viene acompañado de un anexo en el que informa de la decisión de expulsar del Colectivo a José Luis Álvarez Santacristina y Kepa Pikabea, que se encuentran en la cárcel de Logroño. Y lo hace público, según especifica, «para salir al paso de las confusiones e intoxicaciones que puedan derivarse de la actuación de estos ciudadanos vascos [en referencia a los dos presos] y de la manipulación del enemigo». Detalla que la expulsión se produjo en diciembre pasado. «Ya que han decidido emprender su propio camino, todas las iniciativas que puedan llevar a cabo a partir de ahora serán en su propio nombre, sin respaldo alguno de nuestro Colectivo», agrega.
El motivo que ha llevado a EPPK a adoptar esa decisión es que «se han sumado a la estrategia emprendida por el Gobierno de España para dividir al Colectivo. Ese tipo de actuaciones no tienen sitio en la trayectoria coherente, resistente y digna que ha mostrado históricamente el Colectivo de Presos Políticos Vascos».
Al abundar en esas «actuaciones» que reprocha a Pikabea y Álvarez, denuncia que «han celebrado encuentros privados en prisión» con el asesor de la Oficina para la Atención de Víctimas Terroristas del Ejecutivo de Lakua, Txema Urkijo. «Desconocemos totalmente lo que han hablado», apunta el Colectivo, pero no duda en enmarcar las reuniones en «la política penitenciaria represiva del Gobierno de España».
Tras preguntarse «hasta dónde están dispuestos a llegar esos dos ex compañeros con esas artimañas que no tienen otro objetivo que quebrar la lucha de liberación de Euskal Herria», recuerda que ya ha habido con anterioridad intentos de ese tipo «para abrir la vía del arrepentimiento y la traición» en el seno del Colectivo. Resalta que a principios de los 80, «mano a mano con el ministro de Interior de España Rosón», los dirigentes de EE Juan María Bandrés, Mario Onaindia y Kepa Aulestia y el actual consejero de Justicia de Lakua, Joseba Azkarraga, entonces en el PNV, fueron «los grandes impulsores de esa política de arrepentimiento».
«Los pasos que ha dado en estos meses el tándem Gallizo-Urkijo nos hace temer que estamos ante una nueva iniciativa que busca la división política del Colectivo», manifiesta, denunciando que se trata de una estrategia «cocinada» entre los gobiernos de Zapatero e Ibarretxe. Y como en el pasado, prosigue, también ahora se produce en un contexto en el que «la política carcelaria se está recrudeciendo».
EPPK advierte al tripartito y al Ejecutivo del PSOE que esta maniobra «fracasará como lo hicieran las anteriores. Recibirá la misma respuesta que históricamente se ha dado a todas las iniciativas que han pretendido romper la cohesión y la fuerza del Colectivo: se encontrarán de frente con nuestra reafirmación en favor de la lucha por la libertad de Euskal Herria y con nuestra dignidad militante».
Los prisioneros afirman que «los pasos represivos» dirigidos desde París buscan «condicionar el debate político que se ha abierto sobre la autonomía y la apuesta de la izquierda abertzale por impulsar una nueva fase de lucha».
EPPK considera que la política carcelaria que se le aplica sólo es entendible desde una «clave de guerra». Censura que «están intentado jugar con el Colectivo, como elemento de chantaje y para generar resignación en el movimiento de liberación».
«Hace poco decíamos que Euskal Herria debe vivir, libre, unida, euskaldun y socialmente justa. Pero para eso debe ser reconocida, su derecho a decidir debe ser respetado y hay que acordar el marco democrático que posibilite todo ello».
Sobre Jose Mari Sagardui, «Gatza», que lleva 28 años preso, pregunta: «¿Cómo pueden esconder la larga sombra del preso político más veterano de Europa? ¿Cómo justificar que el Mandela de Zornotza siga reivindicando la libertad de nuestro pueblo?».
«Somos el referente incómodo de la coherencia y el compromismo mostrado durante largos años hacia nuestro pueblo, y no albergamos ninguna duda de que multiplicarán sus esfuerzos para acabar con eso», indica el Colectivo.
«Han impuesto el estado de excepción en Euskal Herria», apunta en el comunicado. Una estrategia represiva que, a su juicio, «busca la aniquilación» de la izquierda abertzale y que demuestra «el carácter antidemocrático» del Estado español.
