En esta semana que concluye, las instituciones del Estado español, con la Casa Real a la cabeza, han iniciado unos actos de conmemoración señalados. Se cumplen 200 años de lo que los españoles denominan la Guerra de Independencia. Un conflicto armado que ciertamente no supuso el nacimiento de ese estado, pero sí quedó fijado para la posterioridad como hecho clave en la conformación del patriotismo español; como todos los países, de aquella contienda bélica extrajo España sus batallas de referencia, sus héroes y heroínas más idolatrados, y algunas de sus obras de arte más iconográficas.

Dos siglos después, es la misma España, desprovista desde entonces de casi todas sus colonias ultramarinas, la que se apoya en su enemigo de 1808 -Francia- para cerrar todas las vías a la soberanía de Euskal Herria. Es en este 2008, en pleno siglo XXI, cuando aflora quizás con más claridad que nunca el pánico atroz de Madrid a que algún día, cercano o lejano, la ciudadanía vasca pueda optar por la independencia.

El reciente proceso de negociación resultó clarificador al respecto. La mesa de Loiola quedó en punto muerto cuando la izquierda abertzale trató de concretar que la independencia era una de «todas las opciones» que se presentaban como materializables en una formulación inicial cargada de ambigüedades. La respuesta inmediata del PSOE fue no. Algo similar había ocurrido en junio de 2006 con la declaración en los pasillos del Congreso del presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero: su aparente compromiso de aceptar la decisión libre de la ciudadanía vasca quedó en agua de borrajas al situar simultáneamente como límite infranqueable a la Constitución española; es decir, al negar de facto la opción de la independencia. Hoy, de hecho, aquella comparecencia solemne que pudo y debió marcar un jalón hacia la solución del conflicto ha quedado como un papel mojado, como una broma de mal gusto.

Kosovo-Euskal Herria

En las próximas horas, una nueva nación, Kosovo, se asomará al concierto internacional de los estados libres, también tras superar su propia guerra de independencia. El Ejecutivo español no estará entre los múltiples gobiernos que le den la bienvenida. Habrá que admitir al menos su coherencia...

El caso de Kosovo -como el de Escocia, Quebec o Irlanda, y hace menos de dos décadas las repúblicas bálticas y tantos otros- marca una tendencia histórica. Una tendencia que tiene como exponente en Euskal Herria el avance imparable de la demanda de la autodeterminación, la soberanía, el derecho a decidir. El estadio del proceso vasco no es el mismo en que se halla Kosovo: aquí y ahora no se plantea una proclamación unilateral de independencia, sino un nuevo marco que posibilite elegir entre todas las opciones, y entre ellas lógicamente la independentista. Pero Madrid ni siquiera accede a abrir esa puerta en el futuro, y con ello no hace sino aumentar su imparable deslegitimación en Euskal Herria.

Puesto a quemar todas sus naves, el Estado español parece haberse embarcado en la búsqueda de una «solución final»: el intento de aniquilación de toda la acción política del independentismo vasco. Nunca hasta ahora se persiguieron de tal modo ruedas de prensa o entrevistas; nunca se encarceló a tantos dirigentes políticos; nunca se cercenó con tanto descaro el voto de tantos ciudadanos; nunca se amenazó con juzgar reuniones políticas públicas ni se trató de sentar en el banquillo hasta a un lehendakari; nunca se escuchó tanto la palabra «ilegal»... La izquierda abertzale, sin embargo, ha reiterado de nuevo esta semana que no va a renunciar a su iniciativa política. Y ello, vista su reacción, es una pésima noticia para el Estado español.

¿Habrá que esperar 32 años?

Esa apuesta por la iniciativa -lo que el juez Garzón definió acertadamente como la «contumaz rebeldía» de la izquierda abertzale- ha cuajado esta semana en la huelga general que sacó el jueves a la calle a decenas de miles de vascos y acaparó toda la atención informativa. La convocatoria no dejaba de ser una apuesta de riesgo, pero ha terminado suponiendo un aldabonazo frente a la pasividad con que el Estado español quiere hacer más digeribles sus constantes nuevas vueltas de tuerca contra los derechos civiles y políticos en Euskal Herria. Unas vueltas de tuerca que en muchos casos no tienen parangón siquiera en el franquismo.

La jornada no sólo sirvió para plantar cara a la «solución final» diseñada por PP y PSOE, sino también para dejar en evidencia el letargo con que el resto de formaciones vascas asisten al combate contra el independentismo. Resulta paradójico que todas ellas reprocharan a la izquierda abertzale haber convocado la jornada de huelga en solitario cuando ninguna ha dado pasos efectivos en los cinco últimos años para cuestiones tan básicas democráticamente como la superación del «apartheid político» en las instituciones o para la defensa de los organismos del país amenazados por la Audiencia Nacional española. Cabe preguntarse si acaso habrá que esperar 32 años para eso. Es justo lo que ha necesitado el Parlamento de Gasteiz para reclamar explicaciones a dos ministros españoles por la matanza de cinco obreros el 3 de marzo de 1976, en su misma ciudad.