El Colectivo de Presos Políticos Vascos está conociendo en estas fechas una de sus mayores cifras en años. Según informa Askatasuna, a día de hoy 730 prisioneros políticos vascos se encuentran dispersados en cárceles españolas y francesas. Una cifra que, por sí sola, refleja en gran medida la dimensión de la escalada represiva que desde instancias españolas se aventuraron a adelantar tras el anuncio de la suspensión del alto el fuego decretado por ETA en 2006.

En cualquier caso, detrás de esa cifra se esconden otras dramáticas realidades que deliberadamente se pretenden ocultar: los presos con enfermedades incurables; la cárcel de por vida impuesta por el Tribunal Supremo español; la dispersión carcelaria; el aislamiento; la desasistencia sanitaria; y el recrudecimiento de las propias condiciones carcelarias para los vascos encarcelados. Como botón de muestra de esta situación, basta señalar que 169 presos políticos vascos ya han cumplido las 3/4 partes de la condena impuesta, de forma que ya deberían haber recuperado su libertad si Madrid y París cumplieran con su propia legislación. Dispersados por las cárceles del Estado español se encuentran la mayoría de ellos, 141 de ellos, mientras en el Estado francés son 28 los vascos que han cumplido las 3/4 partes de la pena impuesta.

Dispersión y celdas de aislamiento

Si una de las funciones de una cárcel es la de aislar a las personas enviadas a prisión de la sociedad a la que pertenecen, en el que caso de los prisioneros vascos se le debe añadir el salto cualitativo que supone la política de dispersión carcelaria. Un sufrimiento, tal y como denuncian los propios allegados de los presos, que se le añade al represaliado y, por consiguiente, a sus familiares y amigos. Pero, es necesario citar un tercer paso más dentro de ese cúmulo de medidas para aislar al preso: el aislamiento dentro de la propia cárcel.

En esta circunstancia, que se traduce a estar prácticamente solo durante meses o años casi las 24 horas del día, encerrado en la celda, se encuentran 55 presos vascos. La mayoría, 41, son hombres, mientras que otras 14 son mujeres. De esos 55 vascos en aislamiento, 40 se encuentran en el Estado español, 13 en el Estado francés y otros 2 en Canadá. Cabe recordar que en este último país está encarcelado Bittor Tejedor, que el pasado día 9 de febrero sufrió las consecuencias de la represión de los carceleros después de que varios presos del módulo contiguo se amotinaran.

Askatasuna también ha activado la alarma sobre la extrema situación en la que se encuentran los vascos gravemente enfermos o con dolencias incurables. Denuncia, además, que la automática negativa a su liberación se está llevando de forma sistemática bajo un gobierno, el del PSOE, «que se dice progresista». Askatasuna considera que la desasistencia sanitaria y las malas condiciones carcelarias son algunos de los elementos que generan esas enfermedades, pero, ahora, alerta sobre otras nuevas realidades que, a su juicio, golpearán en breve a los vascos encarcelados. El organismo antirrepresivo se centra, en concreto, en dos aspectos: la aplicación de «la cárcel de por vida» por la doctrina del Supremo y las constantes negativas a las peticiones de libertad para los prisioneros vascos gravemente enfermos.

Presos enfermos y desasistencia médica

Atendiendo a la información facilitada por Askatasuna, nueve ciudadanos vascos engrosan la lista de los presos gravemente enfermos. Se trata de Jon Agirre Agiriano, Bautista Barandalla, Angel Figeroa, José Ramón Foruria, Mikel Gil Cervera, Marilo Gorostiaga, Gotzone López de Luzuriaga, Juan José Rego Vidal y el arrasatearra Josu Uribetxebarria Bolinaga. Además de estas nueve personas, Askatasuna también incluye a otros tres vascos en esta lista; se trata de presos con enfermedades sicológicas y que prefieren mantenerse en el anonimato.

El organismo antirrepresivo alarma sobre las consecuencias sicológicas que derivan del encarcelamiento: «perdición y muerte». Y no es ninguna metáfora. Hasta la fecha han sido ocho los vascos que, como consecuencia de las dolencias sicológicas producidas por el cautiverio, han fallecido en prisión. Al menos, atendiendo a la versión oficial sobre la circunstancia de su muerte, ya que en todos estos casos se cita el suicidio como motivo del fallecimiento.

Al hilo de este apunte, cabe destacar otros dos casos conocidos recientemente. En abril de 2007 el preso Alfontso Sebastián, encarcelado en Badajoz, se autolesionó en un brazo y en el cuello, como consecuencia «de la presión producida por la situación carcelaria». El segundo caso, cuyo nombre se guarda en el anonimato, fue a los pocos días del intento de Sebastián; con las mismas características, pero en el cárcel de Soto del Real.

«Pero, qué es lo que genera que una persona equilibrada se vea forzada a tomar una decisión tan terrible?», pregunta Askatasuna sobre una cuestión para la que también ha diagnosticado su respuesta: «La cárcel, el periodo de encarcelamiento y una concreta política penitenciaria» para los vascos.

Además de los elementos ya mencionados, la desasistencia sanitaria que padecen los presos políticos vascos también se convierte en otro de los aspectos que les acarrea unas consecuencias dramáticas. Seis son, en este caso, los presos políticos vascos que han perdido su vida como consecuencia de la desasistencia sanitaria. Se trata de Juan José Crespo Galende, Joseba Asensio, Juan Karlos Alberdi, Mikel Zalakain, Pello Mariñelarena y Roberto Saiz Olmos.

Sin embargo, esta lista negra podría haber sido mayor, si no fuera por los vascos que fueron excarcelados para fallecer en casa. En este caso han sido siete los que han muerto al poco tiempo de ser liberados; se trata de Josu Retolaza, Jabi Gorostiza, Santi Díez Uriarte, Esteban Esteban Nieto, Kepa Miner, Jean Louis Maitia y Juan José Etxabe.

Si la nula o escasa asistencia sanitaria ha avocado a la muerte a varios presos políticos vascos, la prohibición de recibir visitas de médicos de confianza también afecta de forma directa a disminuir los cuidados médicos. Casi de forma automática son rechazados todas las peticiones de los presos vascos para ser atendidos por facultativos de su confianza. La razón que esgrimen las direcciones de las cárceles responde, a juicio de Askatasuna, a una decisión política tomada de antemano que es escondida bajo la excusa de la seguridad. Sobre este aspecto también se podría configurar otra lista cuyas dimensiones a todas luces son enormes.

Actitud policial en los traslados

Un tercer aspecto a resaltar es el referente al trato que reciben los presos vascos cuando son trasladados a consultas externas. Aparte de que estos traslados se demoran en el tiempo bajo el argumento de que «no hay policías» para ello, cuando lo hacen, los presos tienen que hacer frente a situaciones difíciles. De entrada, pese a la gravedad de la enfermedad que puedan padecer, todos los vascos son trasladados esposados por la espalda. Como botón de muestra basta citar el caso reciente de Laura Riera. La prisionera catalana se encuentra en el sexto mes de gestación, en un embarazo definido por los médicos de «embarazo de riesgo». Para cualquier traslado, los médicos ordenaron que fuera llevado a cabo en una ambulancia. Pues bien, Riera ha sido trasladada desde la cárcel de Valencia al de Tarrasa, pero a día de hoy se encuentra en Soto del Real, indispuesta y con mareos, como consecuencia del traslado realizado en un furgón policial.

La doctrina del Alto Tribunal español

Eso, en cuanto a lo que atañe al traslado. Luego, llegan otras situaciones dentro del propio centro sanitario o la propia consulta médica. Aunque el trato denigrante afecta por igual a todos los presos políticos, se ceban especialmente con las mujeres. Y, más en concreto, en las consultas de Ginecología.

Mertxe Chivite, en la cárcel parisina de Fleury-Merogis, Marilo Gorostiaga o Aitziber Sagarminaga son algunas de las prisioneras que han tenido que soportar además de la presencia policial en la consulta, los insultos por parte de estos. Sagarminaga, por ejemplo, decidió no realizar la consulta ante la negativa de los policías de abandonar la consulta mientras la oscultaban. La presa política Idoia Martínez, a su vez, tuvo que parir en un hospital madrileño en marzo pasado con la puerta de la sala de partos medio abierta, bajo la mirada de los policías.

A todo este cúmulo de imposiciones y actos represivos que agravan, más si cabe, la vida de los presos políticos vascos, hay que añadir los cambios jurídicos del Estado español que posibilitan que un preso pueda estar encarcelado hasta 40 años. Además, ahora, las condenas son impuestas para cumplirlas en su totalidad, sin posibilidad alguna de rebajarlas por medio de redenciones -fueron retiradas para los vascos hace años- u otras medidas. Y si es sentenciado a varias penas, han «construido» nuevas ordenanzas para que se cumplan por separado.

Y, de momento, la última gota en un vaso ya colmado, ha sido la doctrina que estableció el Tribunal Supremo en 2006, por la que instala «la cadena perpetua» para los presos políticos. Una medida que, a día de hoy, afecta a 22 vascos. De estos 22 prisioneros 18 ya han cumplido de forma íntegra la condena impuesta. Estos son los represaliados a los que el Supremo ha realizado una «relectura» de sus sentencias: José Ignacio Gaztañaga, Txomin Troitiño, Joseba Artola, Jesús Bollada, Patxi Gómez, Antxon López, Txerra Martínez, Koldo Hermosa, Peio Etxeberria, Kandido Zubikarai, Jon Agirre Agiriano, Andoni Alza, Kepa Rezabal, Fernando de Luis, Jon Ander Urkizu, Luis Mari Azkargorta, Juan Mari Gabirondo, Pakito Lujanbio, Jose Mari Beristain, Unai Parot, Jabier Zabaleta y Santi Arrospide. Con José Félix Zabarte ya han emprendido los primeros pasos para aplicárselo también.