Cada año los jóvenes de Colombia se ven abocados a un conflicto que lleva más de cuarenta años regando sangre por los campos del país. Ocurre que cuando se les llama a prestar el servicio militar la mayoría de los prestantes provienen de los estratos más bajos de la sociedad. Los más ricos tienen cómo evitarlo. Cuando alguien cumple el servicio militar o le declaran exento se le expide la infame libreta militar.

En una especie de soborno, los ricos y la clase media acuden de forma masiva a la compra de dicho documento pagando sumas grandes a oficiales corruptos, quienes expiden libretas donde consta que el portador es exento. Entre los jóvenes más famosos que aún no han ido a pelear en el monte se encuentran Tomás y Gerónimo, los hijos del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, aunque ellos no tuvieron que comprar la libreta.

Uno puede ser declarado exento por estudios, salud, ser padre, tener suerte en el sorteo o por prepararse para la vida religiosa. Pero, existe otra clase de persona que no presta el servicio militar: el objetor de conciencia. Hace unos ocho años nació la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia, una confluencia de diversas organizaciones que defienden a más de cien objetores. El artículo 18 de la Constitución Política de 1991 afirma que nadie puede ser obligado a actuar en contra de su conciencia y, además, Colombia es firmante del Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos, tratado que reconoce explícitamente el derecho a ser objetor de conciencia. Sin embargo, ni en la Constitución ni en el Pacto Internacional están reglamentados, los que deja a los objetores en un limbo jurídico.

Derecho

Durante muchos años los objetores se registraron como seminaristas en iglesias evangélicas como los menonitas, pero el Ministerio colombiano de Defensa ha restringido esa opción y los mismos objetores decidieron «pelear por nuestro derecho a objetor y no escondernos tras el derecho de ser religioso».

Cuando uno se declara objetor «lo más común es que el Ejército le diga que la objeción no es un derecho reconocido, hasta que el Ejército se empieza a cansar de la presión y le dicen que no tiene que ir, que vaya a pagar la libreta». Según Javier, un objetor, eso se da por que «al Ejército no le interesa que la cuestión llegue a los tribunales y que sobrepase los límites de lo que ellos pueden controlar, porque temen acabe reglamentándose». Aún así, no todos pagan la libreta, algunos como Javier se niegan a pagarla alegando razones éticas y morales. Asegura que lo hace porque «me parece absurdo decir que no voy a la guerra pero colaboro económicamente. Pagar la libreta es como pagar la bala con que más adelante van a matar a alguien». La postura es más moral y ética que real, la libreta militar no genera mayores ingresos para las Fuerzas Armadas cuyo presupuesto este año asciende a unos 3,4 billones de pesos (1.200 millones de euros).

Sin embargo, el castigo para los que asumen esta posición es ejemplar. Viven una especie de muerte civil. No pueden trabajar ni firmar ninguna clase de contrato con la Administración pública y también tienen muchas dificultades a la hora de encontrar empleo en sector privado donde muchas empresas exigen la libreta militar. Tampoco pueden graduarse.

Es el caso de otro joven quien estudia para ser profesor de Historia, que afirma que «no me puedo graduar, sin la libreta no me dejan graduar, es un requisito que el Ejército exige a las universidades. La entrega del título depende de la situación militar». Algunos objetores en esta situación se juntaron para presentar una demanda alegando que una cosa no tiene que ver con la otra.

Las consecuencias de ser objetor y de negarse a pagar la libreta militar son drásticas y eso explica, en parte, por qué hay tan pocos objetores en Colombia. Sin embargo, el hecho de que la tasa de objeción sea baja no quiere decir que el servicio militar sea algo popular. Según el Ministerio de Defensa, un promedio del 26% de los llamados a filas son remisos y en el primer año de mandato de Álvaro Uribe la tasa se disparó a más del 45%, unos 40.000 jóvenes al año.

El Gobierno ha reaccionado endureciendo el régimen de reclutamiento, ampliándolo a los bachilleres, quienes antes tenían la opción de presentarse como auxiliadores de la Policía. Incluso ha planteado la posibilidad de extender el servicio militar a las mujeres. No obstante, no hay muchas posibilidades reales de que Tomás y Gerónimo vayan al monte a pelear en esa guerra que promueve su padre.