El TSJPV permite la instalación de nuevos crematorios en Bilbo
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbo que impedía la instalación de crematorios de cadáveres a menos de 500 metros de áreas pobladas. La sentencia abre la puerta a la ubicación de nuevos hornos en el casco urbano de la capital vizcaina, algo que es fuertemente criticado por el movimiento ciudadano de la villa.
Agustín GOIKOETXEA |
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) considera que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobada el 28 de abril de 2005 por el Consistorio bilbaino y recurrida por Funeraria Bilbaína, es «arbitraria y nula de pleno derecho». Queda así sin efecto la normativa urbanística que prohíbia la instalación de crematorios a una distancia de menos de 500 metros de zonas habitadas, tal y como se contempla en la Ley de Policía Sanitaria Mortuoria de 1974.
El fallo supone un jarro de agua fría a la intención del Ayuntamiento de impedir la apertura de nuevos hornos. La resolución no sólo rechaza la medida, sino que ratifica la anterior que permitió la construcción del crematorio de Funeraria Bilbaína en su céntrico tanatorio de Zumalakarregi. «La distancia prevista por el citado reglamento estatal lo es para la instalación de nuevos cementerios, pero no para hornos incineradores», aclaran.
Tras la sentencia, otra compañía de pompas fúnebres -Servisa- cuyas instalaciones están aún más cerca de la casa consistorial que la anterior, podría finalmente abrir otro horno junto al solar -en la Estrada de San Agustín- donde el Ayuntamiento contempla levantar un nuevo edificio de oficinas municipales.
A la hora de justificar su fallo, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV estiman que la distancia de 500 metros estipulada por las autoridades bilbainas supone «una prohibición real» ya que, en la práctica, no se podría emplazar ningún crematorio dentro del término municipal. Asimismo, el tribunal subraya que la normativa carece de la justificación sanitaria que defiende la institución local.
La sentencia es muy crítica con el Consistorio, al que acusa de extralimitarse en sus atribuciones de ordenamiento urbanístico. «Si la administración competente en materia de sanidad interior ha regulado la materia sin considerar necesario exigir por razones sanitarias una separación mínima de medio kilómetro de los hornos respecto a los edificios residenciales, no cabe que por vía urbanística se proceda a corregir a la administración competente, puesto que al hacerlo así, el Ayuntamiento y la Diputación -que fue la institución de rango superior que avaló la modificación del PGOU- desbordan su ámbito de competencia», manifiestan los magistrados.
«Daño a la población»
La primera valoración a la polémica resolución judicial llegó desde la comisión vecinal que se opone al crematorio de Zumalakarregi. Uno de sus portavoces, Carlos Ruiz, declaró que el fallo «es consecuencia de la guerra particular que mantiene el TSJPV con otras instituciones, que en última instancia hace daño a la población».
Ruiz defendió que «no se ajusta a derecho, ya que se opone a la Ley de Policía Mortuoria de 1974», apostillando que no cumple con el Convenio de Estocolmo. «Este equipamiento abre la vía para convertir Bilbao en una ciudad vertedero», denunció, antes de anunciar la convocatoria de una manifestación.
La movilización tendrá lugar el 7 de marzo, a las 19.00, desde el tanatorio de Funeraria Bilbaína hasta la casa consistorial. Los afectados quieren que los responsables del Ayuntamiento, con el alcalde al frente, se impliquen «en la batalla por defender la salud de los bilbainos». Su impresión tras la reunión de 15 minutos que mantuvieron con Iñaki Azkuna, es de que «el Ayuntamiento no ha hecho todo lo que podía para impedir la instalación del crematorio».
Una vez conocido este fallo contrario a sus intereses, la Asesoría Jurídica del Consistorio bilbaino interpuso el 18 de febrero de forma cautelar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo español, que fue ratificado por un decreto de Alcaldía dos días después.
Respondiendo a las críticas del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, Julia Madrazo, declaró ayer que «entendemos que somos competentes para regular este tipo de instalaciones, ya que es una regulación urbanística del uso del suelo de Bilbao».
En el recurso del Ayuntamiento se recoge el reconocimiento de que el órgano competente para regular los crematorios es el Departamento de Sanidad de Lakua, «lo cual no impide que dentro de las competencias urbanísticas municipales se encuentre el regular los usos de este tipo de instalaciones, en la misma clave de sostenibilidad que se regulan otras».
En el escrito remitido al Supremo, los letrados del Ayuntamiento de Bilbo defienden que «la intención de la normativa era regular el uso de los crematorios y no prohibir su instalación, como sostiene la sentencia del TSJPV, ya que en el mismo escrito valorado por el juez -recuerdan- se proponían otras posibles ubicaciones dentro del municipio en zonas de suelo no urbanizable común y alejadas del casco urbano».
La comisión ciudadana contra la instalación del crematorio de Funeraria Bilbaína ha convocado una manifestación para el 7 de marzo, a las 19.00, desde el tanatorio de la Avenida Zumalakarregi hasta la casa consistorial.
Los magistrados del TSJPV rechazan que un informe municipal se opusiese a la ubicación del horno incinerador de cadáveres por la «alarma social» que originaba entre miles de vecinos preocupados por su salud.
Las asociaciones vecinales de Bilbo acusaron ayer al equipo de gobierno PNV-EB «de cerrazón» al estar evitando recibir y escuchar a unos colectivos que integran al 70% de los organismos ciudadanos registrados y que disponen de 7 de los 8 vocales en los consejos de distrito por este estamento. Las AAVV vienen detectando que los responsables municipales evitan entrevistarse con sus portavoces para dialogar sobre asuntos y problemas que afectan a los barrios de la capital vizcaina.
«El Ayuntamiento no puede convertirse en un bunker en el que se encierren los responsables del gobierno de la ciudad», señalan, recordando su representatividad en el tejido asociativo del Botxo, mientras los partidos gobernantes -PNV y EB- obtuvieron un respaldo del 32% del censo electoral.
La Coordinadora de AAVV criticó abiertamente que no se tengan en cuenta sus sugerencias para mejorar los barrios e incidió en que los planes de obras no disponen de los recursos económicos necesarios.
A pesar de las trabas a su labor, declararon que «van a luchar democrática y firmemente» para avanzar en los planes de regeneración de los barrios para «mejorar así la calidad de vida en los mismos».
Entre sus reivindicaciones básicas se encuentran la construcción de nuevas líneas de metro, el rechazo a los crematorios, la potenciación del transporte público, la eliminación de los niveles de contaminación acústica «intolerables», así como el apoyo a la rehabilitación de centros históricos como San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala o la participación de la mayoría de los comerciantes del mercado de La Ribera en su regeneración.
