La plataforma Praileaitz SOS, integrada por entidades culturales de Debabarrena, y Mutriku Natur Taldea revelaron el pasado agosto que el decreto relativo a la cueva de Praileaitz sería «nulo de pleno derecho» al no contemplar que la ladera del yacimiento paleolítico se halla en la zona de servidumbre de protección que establece la Ley de Costas. Aquella denuncia no recibió respuesta del Gobierno de Lakua, que siguió adelante con su decreto. Y otro tanto hizo la cantera de Sasiola con su actividad.

Transcurridos seis meses de la información desvelada por Praileaitz SOS y Mutriku Natur Taldea, se confirma que sus datos eran más que fiables. De hecho, la Agencia Vasca del Agua ha abierto ahora un expediente en relación a esa afección de la Ley de Costas que implica la paralización cautelar de la actividad extractiva en la ladera de Praileaitz.

Lakua tiene la obligación de explorar las posibilidades de esa norma, que le ofrece un colchón legal para poder cumplir con el mandato de proteger también el entorno de Praileaitz que recibió del Parlamento. El colchón social para avalar ese paso es todavía más sólido: lo conforman los 700 profesionales que apoyan la iniciativa Praileaitzen Lagunak, los municipios de la zona y la sociedad Aranzadi, que llevan meses pidiendo que se blinde Praileaitz.