El Tribunal de las Comunidades Europeas celebra hoy la vista oral sobre la capacidad normativa vasca en materia fiscal, y en particular, sobre si el Impuesto de Sociedades de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se adapta a la normativa europea.

La cuestión, que ha llevado al Tribunal de Luxemburgo el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) es si el Impuesto de Sociedades que aplican estos territorios, más bajo que el del resto del Estado español, es compatible con la legalidad europea, o por el contrario, el dinero que se ahorran las empresas debe ser considerado una ayuda de Estado y, por tanto, ser ilegal. Aunque la iniciativa de acudir al Tribunal partió del TSJPV, Lakua y las diputaciones no la ven con malos ojos. Su confianza aumentó cuando el Tribunal dictó otra sentencia hace dos años, respecto a la fiscalidad de las islas Azores.

En ella, dictaminó que para que las regiones pudieran establecer tipos impositivos reducidos, inferiores a los del Estado en el que se insertan, deberían cumplir tres condiciones.

La primera es que el sistema fiscal debe tener encaje en la Constitución del Estado; la segunda, que el poder regional que apruebe las normas debe tener autonomía para dictarlas, es decir, que no necesite autorización del Estado, y la tercera, que el recorte de impuestos no tenga que ser compensado desde el Estado.

Las instituciones vascas creen que cumple estas tres condiciones, pero la parte contraria alega que no es así, ya que no están claras las relaciones financieras con el Estado.

La Comisión intenta que la UE avance en la armonización de sus impuestos, tarea en la que los Estados ya ponen trabas, por lo que no quiere que además las regiones impulsen sus propios sistemas fiscales.

Movilización inusitada

El juicio ha movilizado a extensas delegaciones que acudirán al mismo: por la parte vasca irán la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia y los diputados generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, así como la presidenta del Parlamento de Gasteiz, Izaskun Bilbao. También acudirán cargos de otros partidos, como los presidentes de las Juntas de Gipuzkoa, Rafaela Romero, (PSE) y de Araba, Juan Antonio Zárate (PP). Desde el PNV el presidente del EBB, Iñigo Urkullu, expresó ayer su confianza en que la Corte Suprema de la Unión Europea reconozca la posibilidad de que en el Estado español existan fiscalidades diferentes «basándose en la sentencia de Las Azores».

El líder jeltzale admitió que, en caso de que el Tribunal fallara en contra, cabría la posibilidad de «recurrir a un tipo de Concierto Económico que era el que se conocía hasta 1992, pero que dejaría en cuestión al Impuesto de Sociedades». El PNV había propuesto al resto de partidos elaborar un manifiesto conjunto y una concentración hoy en defensa del Concierto. Sin embargo, el PSE no secundó la idea y sólo el PP mostró su respaldo.

Pese a esta iniciativa, el Gobierno de Lakua acusó el martes a PSE, PP y UGT de ser responsables de que las normas fiscales hayan llegado a ser puestas en cuestión en los tribunales, al impulsar recursos o impedir otorgarles rango de ley para evitarlos. La Ejecutiva del PSE respondió ayer que el PNV no tenía voluntad de llegar a esa actuación conjunta y opinó que «algunos han pretendido hacer electoralismo con el Concierto Económico, que han utilizado como arma arrojadiza contra otros partidos y sindicatos».

El portavoz de Nafarroa Bai y presidente de EA en Nafarroa, Maiorga Ramirez, y el eurodiputado Mikel Irujo sellaron con europarlamentarios del SNP, el Spirit y otras regiones europeas, un acuerdo para cerrar un grupo en defensa de los diferentes sistemas de autonomía fiscal.

La Confederación Empresarial de Bizkaia, Cebek, que también estará hoy en la vista, expresó su «enorme» confianza en que el precedente de la sentencia sobre la fiscalidad de Las Azores sirva para que el Tribunal reconozca la capacidad normativa en materia fiscal de las instituciones forales lo que a su juicio, impulsará «la competitividad de nuestras empresas».

«El Concierto no es soberanía»

Por otro lado, el grupo parlamentario de Ezker Abertzalea ha desmentido el principal motivo de movilización de todos estos grupos, al negar que el Concierto sea un instrumento de soberanía. En su opinión, es «un mero instrumento de descentralización administrativa pero sin ninguna capacidad, ni económica ni política, para poder definir nuestra política fiscal y económica a la medida de nuestras necesidades».

Por la parte contraria a los incentivos, la delegación riojana estará encabezada por los consejeros de Administraciones Públicas y Política Local, Industria, Innovación y Empleo, junto a la Federación de Empresarios (FER), la Cámara de Comercio y los sindicatos CCOO y UGT.

Por la Junta de Castilla y León acudirá su consejera de Hacienda, y el vicepresidente y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, quien ha estimado «importante que Castilla y León pueda competir en condiciones de igualdad entre todas las regiones españolas». El presidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz, ha defendido que esta comunidad «no está en contra del Concierto Económico, pero sí en contra del abuso reiterado que se hace del mismo».