Tras la vista celebrada en Luxemburgo, el Tribunal de las Comunidades Europeas debe dilucidar ahora si el dinero que se ahorran las empresas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa por la rebaja del Impuesto de Sociedades aplicado por las haciendas de estos tres herrialdes es compatible con la legalidad comunitaria o se considera como una ayuda de Estado.

Esta última es la tesis que defendieron los abogados que representaban a la Comisión Europea y a Castilla y León y La Rioja y que fue rechazada por los letrados de las diputaciones y Confebask en la vista por la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para determinar si, a la luz de la sentencia de las Azores, las Haciendas vascas cumplen los requisitos para aplicar una fiscalidad diferenciada o si, por el contrario, las rebajas de impuestos suponen una ayuda de Estado que debe autorizar Bruselas.

Tanto los abogados de la Comisión Europea como los que representan a los gobiernos castellano-leonés y riojano y a UGT de La Rioja aseguraron que Araba, Bizkaia y Gipuzkoa obtienen del Estado más de lo que aportan, debido «al incorrecto método de cálculo del cupo» y coincidieron en señalar que se «infravaloran» los gastos estatales y se «sobrevalora la compensación vasca».

Oposición y total rechazo

«Si tuvieran que pagar un Cupo mayor, quizás no podrían afrontar bajadas de impuestos», indicaron los abogados comunitarios.

En su respuesta, el abogado de la parte vasca tachó de «tendenciosos» e «interesados» los discursos e informaciones dirigidas a «tergiversar» el objetivo del proceso y aseguró que cualquier eventual pérdida de financiación derivada de las rebajas fiscales «es asumida íntegramente por el País Vasco».

Tanto este letrado como el que representa a la patronal Confebask aseguraron que los vascos contribuyen a las arcas del Estado más que la media estatal y reseñaron que la cuantía del Cupo -fijado en el 6,24% entre Lakua y el Gobierno español- «no depende de los ingresos tributarios, como tampoco tiene incidencia el gravamen del Impuesto de Sociedades» en el mismo. «Cualquier variación del tipo del Impuesto de Sociedades no varía en la cuantía del cupo», recalcaron.

El letrado de Confebask rebatió que los ciudadanos vascos «per cápita» contribuyen «al pago de los gastos comunes del Estado en todas las comunidades autónomas en un 130% en relación a la media española (100%), mientras que el País Vasco desde 1990 no recibe del Fondo de Solidaridad Territorial». Rechazaron que las rebajas tributarias a las empresas propicien el traslado de empresas y aseguraron que «también hay compañías que se van del País Vasco a las comunidades vecinas».

La abogada del Gobierno español defendió la capacidad de las diputaciones forales para tomar decisiones fiscales y garantizó que los flujos financieros entre el Estado y las Haciendas vascas no se ven alterados por esas modificaciones tributarias.

Indicó que «las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán establecer, mantener y regular su propio sistema tributario que es uno de los cinco regímenes fiscales que coexisten en el sistema tributario único en España».

Dijo que Madrid «no tiene capacidad para modificar sus normas y sólo puede recurrirlas ante los tribunales», y que Araba, Bizkaia y Gipuzkoa «no son compensadas» por el Estado «si esas decisiones les suponen una disminución de los ingresos».

El letrado del Gobierno británico también intervino en la vista prejudicial en favor de la capacidad fiscal de la CAV y citó los ejemplos de Escocia, Irlanda y Gales con «competencias transferidas» que «asumen plenamente las consecuencias de sus decisiones».

Zenarruzabeitia, «contenta»

La vicelehendakari de Lakua, Idoia Zenarruzabeitia, calificó de «correcta» la intervención de la abogada del Gobierno español y se mostró «contenta» por el desarrollo de la vista.

Zenarruzabeitia, que encabezó una amplia delegación, hizo pública una declaración suscrita por Lakua y las diputaciones en la que acusan a PP y PSOE de «judicializar y utilizar políticamente» el Concierto. Acusaron a ambas formaciones de «jugar con dos barajas con el Concierto», presentándose «en Euskadi como sus máximos defensores, mientras desde otras instancias se dedican a atacarlo, a recurrirlo y a utilizarlo como un arma arrojadiza más entre ellos».

Afirman que «sólo así puede entenderse el hecho de que el PP cerrará con el Gobierno vasco la denominada paz fiscal y, posteriormente, de unos años a esta parte, y desde su responsabilidad de gobierno en Comunidades Autónomas limítrofes a Euskadi, se dedique por sistema a recurrir judicialmente las normas vascas».

Achacó al PSOE que «hace apenas un año incumpliera los compromisos para proceder al blindaje del Concierto». «Sólo así -agrega- puede entenderse la inexplicable actitud que desde hace ya muchos años mantienen Comunidades Autónomas como La Rioja o Casti- lla-León en contra del Concierto, basando sus argumentos en falacias demagógicas y en supuestos e inexistentes agravios, cuando la realidad evidencia que son tradicionales destinatarias de inversiones empresariales procedentes de Euskadi».

El secretario general de Confebask, José Guillermo Zubia, por su parte, subrayó que el Concierto cumple los requisitos incluidos en el de las Azores de «autonomía institucional, de procedimiento y financiera». «Si no lo cumple la Comunidad Autónoma Vasca ni la de Navarra, esto no lo cumple ninguna de las regiones de la UE, porque no hay supuesto de mayor descentralización, administración fiscal que el caso vasco y navarro», señaló.

En la misma línea, el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, José Manuel Ayesa, afirmó que el Concierto y el Convenio «no son, en absoluto, lesivos para el resto de comunidades» porque «se cumple el principio de cohesión social».