El escándalo que se ha producido en Alemania con el fraude fiscal de, al menos, un millar de los contribuyentes más ricos a través del paraíso fiscal de Liechtenstein ha abierto, de nuevo, el debate sobre la necesidad de tener un control directo sobre esos lugares ocultos a la tributación. Pero también ha extendido la investigación en los estados francés, español y los escandinavos por las conexiones existentes entre algunos de los implicados en esas operaciones fraudulentas. La actuación alemana ha abierto una campaña a nivel mundial sobre la idoneidad de mantener esos centros que ocultan los datos a las haciendas.

Se calcula que a nivel mundial más de 10 billones de euros están circulando de forma dinámica en 73 paraísos fiscales, aunque la OCDE sólo contabiliza 40 lugares opacos, aunque la organización profesional de Inspectores de Hacienda del Estado español (IHE) considera que «la utilización de los paraísos fiscales para evadir impuestos, en cuantías que suponen la cuarta parte de toda la riqueza mundial, es una práctica a la que ningún estado parece dispuesto a poner límites». La principal de esa falta de interés por destapar ese grave problema fiscal es que son las grandes empresas y las grandes fortunas las que se benefician de la ausencia de control real de los impuestos.

Inversores vascos

Esta organización considera que se podría hacer frente a los paraísos fiscales por medio de impuestos especiales sobre movimientos de fondos en esos lugares, con la prohibición de que los bancos abran sucursales o implanten filiales en donde hay paraísos fiscales.

Según los datos oficiales del Ministerio español de Industria, entre 1993 y 2007, la inversión oficial de empresas españolas en paraísos fiscales ascendió a 20.762,83 millones y a la inversa, es decir, la llegada de inversores desde esos centros ocultos a la tributación en ese período, canalizó 9.244,58 millones.

Los datos de inversores de Hego Euskal Herria en paraísos fiscales supone 2.239,39 millones en ese espacio de tiempo, lo que supone una sexta parte del presupuesto de los gobiernos de Gasteiz e Iruñea para este año. De hecho, ya se sabe por los resultados del PIB, de la riqueza que se genera, que los empresarios están obteniendo cada vez más proporción del PIB y, en cambio, los trabajadores que son muchos más están rebajando de forma brusca su peso específico en la riqueza global.

Sin embargo, más allá del registro oficial se calcula que el fraude fiscal real esté o no en los paraísos fiscales supone ya en 2008 cuadruplicar esa cantidad, por lo que en Hego Euskal Herria se encontraría por encima de los 9.000 millones y en el conjunto del Estado español rebasaría los 81.000 millones en unas proyecciones a la baja, porque algunos analistas lo sitúan por encima de los 130.000 millones. Estas cantidades que están fuera del control de las haciendas públicas, por lo que es dinero que no tributa, al contrario de las nóminas de los trabajadores que no tienen posibilidades de eludir el pago de impuestos.

Estos lugares opacos para economías privilegiadas provocan pérdidas importantes de ingresos a las haciendas públicas para el desarrollo de determinadas políticas económicas y sociales. La Confederación Sindical Internacional (CSI) afirma que los países empobrecidos pierden al año más de 35.000 millones en impuestos, pero también recuerda que de las 275 más grandes empresas estadounidenses, 82 de ellas, «no pagaron impuestos en 2005 y, además, resultaron beneficiadas con ayudas económicas». Entre ellas destacan Boeing, Halliburton, Morgan, Pepsi, Citogroup y Xerox.

Control económico mundial

Sin embargo, el papel que juegan los paraísos fiscales en la mundialización es mucho mayor «que los ecos de fraude fiscal y de blanqueo de dinero que nos llegan desde esos lugares», como reconoce Christian Chavagreux, en el libro `Los paraísos fiscales', publicado hace unos meses por la editorial de El Viejo Topo. Recuerda que «las islas Caimán son el cuarto centro financiero mundial»; que la inversión de Estados Unidos en China es «inferior a la efectuada por las británicas islas Vírgenes» y, entre otras relaciones, muestra que las islas del Caribe reciben «más inversiones estadounidenses que China». La magnitud del problema es importante. Por lo que es interesante saber cuáles son las soluciones que se pueden proyectar para evitar esta pérdida de control de ingresos por parte de las haciendas públicas y, sobre todo, de las inversiones que se ocultan de forma directa.

Está claro que la evasión de 4.200 millones por parte de Deustsche Post puso a Liechtenstein en el punto de mira del Gobierno alemán, pero Mónaco, Suiza, Luxemburgo y Holanda también están bajo sospecha y control en estos momentos, pero hay que recordar que todos los países conocen el nivel de fraude existente, pero no hacen nada porque quienes defraudan son economías poderosas.

El catedrático de la Universidad de Málaga, Juan Torres López, reconoce que «el Gobierno español, por ejemplo, concedió en 2002 a Gibraltar, que tiene 28.000 habitantes, 100.000 números telefónicos, pertenecientes al plan de numeración español, no para que hablaran del tiempo entre ellos; y la UE permite, al menos hasta 2010, que allí se puedan seguir registrando las sociedades ficticias utilizadas en el blanqueo de dinero, en la especulación de todo tipo, y en la financiación de operaciones al margen de las leyes».

El fraude fiscal que se ha producido en Alemania ha sacado a la luz la necesidad de que los responsables de las haciendas pongan en marcha planes reales para terminar con el fraude, por un lado, y con el dinero oculto en los paraísos fiscales, puesto que la declaración oficial de los mismos sólo es una parte de lo que se mueve.

Aislar el fraude

La organización profesional de Inspectores de Hacienda del Estado español (IHE) considera que «resultaría fácil aislar y ahogar financieramente y, por tanto, eliminar la posibilidad de utilizar a determinados territorios como paraísos fiscales». Para ello, recuerdan que se terminaría con esta situación «si se reforma el artículo 56 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que prohíbe las restricciones a los movimientos de capitales y a los pagos entre estados miembros y entre éstos y terceros países». En este sentido esta organización señala que «resulta extraordinariamente extraño que un puñado de pequeños países tengan en jaque al resto del mundo». Por ese motivo, solicitan en caso de que la Comisión Europea no lleve adelante esa reforma, que sea el Gobierno español que establezca un impuesto especial sobre movimientos de fondos con los territorios calificados como paraísos fiscales». Pide que «las sociedades que estén constituidas en paraísos fiscales, no sean reconocidas en la legislación mercantil y fiscal», que se prohíba a las entidades bancarias que puedan tener filiales o sucursales en paraísos fiscales y que se controle «a empresarios, profesionales, artistas y deportistas».

En este sentido, el BBVA logró 211 millones del beneficio de más de 6.000 millones del año pasado de sus operaciones financieras en entidades del grupo que tienen su sede en los paraísos fiscales.