Hacer visibles a las víctimas de la represión del Estado y de los paramilitares de Colombia, a 8.400 asesinados por motivos políticos desde 1993, a 7.600 desaparecidos en los últimos quince años y a 2.320.000 desplazados de sus lugares de origen en tres décadas, es el objetivo de la marcha internacional del 6 de marzo convocada por una red de agrupaciones colombianas que quiere mostrar a la opinión pública mundial que la violencia política en su país no sólo proviene de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los organizadores no pretenden competir con la movilización realizada el 4 de febrero pasado contra los secuestros y particularmente contra los cometidos por las FARC, que fue convocada por colombianos conectados a través de Facebook, un sitio en internet de búsqueda y encuentro de amistades, que contó además con el respaldo del gobierno del presidente Álvaro Uribe, un político conservador que llegó al poder con el ofrecimiento de acabar con la guerrilla.

«En el país se ha generado una indignación contra el secuestro y contra las FARC, pero ese reclamo, que es justo, el Gobierno ha intentado exponerlo como el único sentimiento que hay en el país contra la violencia. Han querido omitir a otras víctimas, que son menos visibles, pero mayoritarias», afirmó Iván Cepeda Castro, uno de los promotores de esta manifestación, que también está proyectada para su realización en la ciudad de México.

Cepeda es un activista que preside el Movimiento Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y es también el hijo de un político abatido en 1994 por la sola razón de pertenecer a un movimiento de izquierda.

Manuel Cepeda Vargas fue el último senador elegido de la Unión Patriótica y es uno de los 4.000 militantes de ese partido asesinados por militares y paramilitares en los años 80 y 90, un hecho que no es reconocido como genocidio por la resistencia oficial de Bogotá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. El líder de esa organización fue Jaime Pardo Leal, acribillado en octubre de 1987 durante su campaña presidencial.

El Movice, que cuenta con unos 200 grupos afiliados, se ha topado con el argumento de que el Estado no es responsable de la violencia política actual y que ésta sólo es atribuible a la guerrilla, porque unos 30.000 paramilitares fueron desmovilizados con base en la Ley de Justicia y Paz de 2005, después de 20 años de actuar ilegalmente como ejércitos privados que protegieron intereses de terratenientes y combatieron a guerrilleros y organizaciones sociales.

«En el país quedan estructuras activas de los paramilitares. Algunos están asociados con bandas delincuenciales y de narcotraficantes», señaló Cepeda en declaraciones telefónicas a «La Jornada».

Poder paramilitar

«Pero también se han infiltrado en la política, en el gobierno, en el Congreso (bicameral) y en las embajadas de Colombia en el extranjero», como Luis Camilo Osorio, embajador en México, a quien se le investiga a petición de la Cámara de Representantes (diputados) por haber permitido el cierre de procesos contra paramilitares cuando sirvió al Estado colombiano como fiscal general.

«Se trata de dar inmunidad a personas que tienen nexos con paramilitares», dijo Cepeda, que citó además los casos de ex embajadores en Chile, Italia y Holanda.

El Movice plantea que las víctimas de la violencia reciban una reparación material de los daños, especialmente en los casos de campesinos cuyas tierras fueron arrebatadas por paramilitares.

Pero además de ese tipo de reparación, dice la sicóloga Claudia Girón, es necesario que la sociedad sepa y reconozca que la guerra en Colombia ha causado otras víctimas.

«La reparación del daño a una víctima no tiene por qué reducirse a un tratamiento clínico-terapéutico, donde se hable en términos del dolor causado. Tampoco debe abarcar sólo la demanda penal. Debe ser más que eso, debe formarse una causa común y elevarse a la acción política. Y eso es lo que estamos haciendo al convocar a la demostración del 6 de marzo», afirma la sicóloga que ha dedicado los últimos 14 años a apoyar a víctimas y familiares de quienes han sufrido la represión del Estado y las agresiones de los paramilitares, basada en parte en la escuela de Ignacio Martín Baró, uno de los sacerdotes jesuitas asesinados en El Salvador en 1989.

Colombia, explicó Girón a La Jornada, debe acabar con lo que denomina «la asimetría moral», es decir, la postura de muchos colombianos que condenan una forma de violencia, la de las FARC, pero no la que proviene del Estado y los paramilitares.

La gente en Colombia tiene miedo de que le asocien a un movimiento de reivindicación de sus derechos sociales, porque tiene «interiorizada la represión», porque eso implica que la estigmaticen como guerrillera, apuntó Girón, quien citó una frase recurrente entre los colombianos para desalentar la crítica social o política: «¡Deje así, eso no tiene que ver con usted!».

Por esa razón y porque los medios de información y el gobierno han vinculado la manifestación del 6 de marzo a objetivos políticos de las FARC, es posible que la manifestación no cuente con los cientos de miles que registró la del 4 de febrero, anticipó la sicóloga, quien es una referencia obligada al tratar la actualidad colombiana. «No es una competencia. Lo importante es que aquí hay gente que también tiene derecho a salir a la calle y decir: yo también soy víctima de este conflicto».