Las movilizaciones en recuerdo de las víctimas de los hechos ocurridos en Gasteiz en marzo de 1976 sacaron ayer a la calle la demanda de justicia, verdad y reconocimiento. Las víctimas de aquella actuación de la Policía Armada española han denunciado -y ya han pasado 32 años desde aquellos trágicos sucesos- que sus demandas no han sido atendidas no sólo por los responsables de los hechos, sino tampoco por las instituciones vascas, que en principio les habían mostrado su apoyo.

Mientras tanto, en plena campaña electoral, diferentes partidos se reivindican a sí mismos como adalides de la Ley de Memoria Histórica. A excepción del PP, todos los partidos presentes en las Cortes españolas -desde el PSOE que la impulsó hasta NaBai que la apoyó- consideran su papel en el desarrollo de esa ley fundamental. Sin embargo, ninguno de ellos asume que la exclusión de las víctimas de Gasteiz expresa con total claridad los límites de esa norma. En el fondo, ninguno de ellos asume la existencia de otras víctimas que las consideradas como propias. Su mera existencia rompe el discurso políticamente correcto y da testimonio de la verdadera dimensión de la represión en Euskal Herria.