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Conflicto político y confrontación

El atentado que causó la muerte del ex concejal del PSE Isaías Carrasco ayer en Arrasate impactó de lleno en la campaña electoral y la mayoría de los partidos la suspendieron pocas horas antes de su cierre oficial. Una campaña electoral que, además de por esta acción armada de ETA, ha estado marcada desde hace meses por otros ataques a sedes del partido de José Luis Rodríguez Zapatero y otras instituciones, así como por detenciones y actuaciones judiciales sin fin, conculcación masiva de derechos civiles y políticos, partición, negación, ilegalización de partidos y denuncias de torturas salvajes a manos de las fuerzas de seguridad.

Tras una intervención relámpago del ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, que básicamente parecía haber sido convocada sólo para anunciar una posterior declaración del jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, valoraba que ETA había querido intervenir en las elecciones y respondía que la democracia no admitía retos, al tiempo que reiteraba conocidas consignas de persecución hacia (y más allá) de la organización armada. Exactamente a la misma hora, el jefe del Ejecutivo de Lakua, Juan José Ibarretxe, rechazaba hacer una lectura política del atentado y, como en otras ocasiones, mostraba su desprecio a ETA. Pero la conmoción por la muerte de Arrasate no exime a ningún representante político de asumir su responsabilidad. Lo que la sociedad espera de sus responsables institucionales no es tanto que convoquen manifestaciones como que con un trabajo diario y efectivo busquen la solución política a un conflicto que es causa de conculcaciones generalizadas de derechos, tanto individuales como colectivos.

Este último atentado mortal, como otras expresiones de violencia que le han precedido, viene a acrecentar la percepción social de lo mal que se hicieron las cosas en el último proceso de negociación. Este tiempo sería sin duda bien distinto si todos, y en particular el Ejecutivo del PSOE, hubiera actuado en consonancia a los compromisos adquiridos y los hubiera concretado, con visión histórica y altitud de miras. Con todo, es obligación de todos construir una nueva oportunidad que plasme los elementos resolutivos que lleven a Euskal Herria a un escenario de paz y democracia.

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