Iñaki IRIONDO

El pasado mes de setiembre, el lehendakari, en nombre de su gobierno, presentó lo que definió como «una hoja de ruta (término que ahora no le gusta a Iñigo Urkullu) clara para alcanzar la paz y para abordar la solución del conflicto vasco». Y aquel complejo plan, que contemplaba diversas fases y variables según las circunstancias, quedó pronto reducido a un solo concepto: consulta. Un concepto además vago, indeterminado, pues donde Lakua decía una cosa pronto comenzaron a interpretarse muchas otras hasta llegar a hablarse, como ayer recordaba Miren Azkarate, de «consulta independentista». De ese reduccionismo absurdo tampoco pueden quejarse ahora el PNV o EA, porque también han tratado de utilizarlo a su favor cuando les ha convenido. Cierto es que tanto el lehendakari como los partidos que le apoyan han dicho siempre que el primer paso era la búsqueda del acuerdo con Madrid, pero tan cierto como eso es que el icono de la consulta se ha empleado como bandera electoral.

Ahora, a la vista del varapalo electoral que han sufrido el PNV y sus socios del tripartito, ya hay importantes sectores del ámbito del Gobierno de Lakua, incluso algunos firmemente comprometidos con las ideas sobe- ranistas, que comienzan a dudar de la conveniencia de ir a la comprometida «consulta habilitadora» si no hay acuerdo con Zapatero.

Al final, en el tripartito siempre encuentran algún motivo para rehuir la confrontación con el Estado español. El 24 de setiembre de 2004, Juan José Ibarretxe dijo: «Este es el compromiso que asumo en esta Cámara ante toda la sociedad vasca: si el Parlamento Vasco aprueba una Propuesta de Nuevo Estatuto Político y las Cortes Generales no se avienen a un proceso negociador, entonces solicitaré autorización a la Cámara para la celebración de una consulta general en referéndum que ratifique el proyecto aprobado, en su caso, por el Parlamento Vasco». El Parlamento de Gasteiz aprobó la propuesta, las Cortes Generales no se avinieron al proceso negociador y el lehendakari, con el portazo del Congreso todavía marcado en la cara, se comió su palabra de vasco y en lugar de pedir autorización para una consulta a la Cámara, la disolvió para convocar elecciones.

Ahora, tanto la portavoz del Ejecutivo autonómico, Miren Azkarate, como el presidente del EBB, Iñigo Urkullu, insisten en que el calendario marcado por el lehendakari se mantiene. No es de extrañar. Pero más dudoso es que estén pensando en llegar a plantear seriamente un desafío al Estado. Más bien, y dado que el presidente del Gobierno español ya se ha mostrado dispuesto a negociar alguna fórmula para la retirada de esa consulta, parece que lo que están buscando es obtener el mejor precio posible por aceptar dar ese paso, por volver a comerse la palabra dada. Sólo queda saber cuál será en esta ocasión la excusa que se ponga para que no llevar a la práctica el derecho a decidir de los vascos y vascas.