El habitual hermetismo con el que Iberdrola afronta cualquier cuestión relacionada con Lemoiz no se resquebraja siquiera ahora, una vez que el Ministerio español de Industria ha confirmado el proceso encaminado a que el próximo mes de mayo se convoque un concurso dirigido a la concesión de los terrenos con los restos de lo que iba a ser una central nuclear.

Según algunas fuentes del sector energético, la decisión del Gobierno español tendente a no renunciar a que la cala de Basordas albergue una instalación vinculada a esta actividad guardaría relación con el interés mostrado por varias compañías para abordar un proyecto de ciclo combinado en Basordas.

Se cita, en este contexto, a Naturgas como una de las posibles aspirantes a hacerse con el emplazamiento al objeto de construir una central de ciclo combinado, mientras que otras fuentes sugieren que incluso ESB, la eléctrica nacional irlandesa que explota la planta de Boroa, habría mostrado su interés por pujar para establecerse también en Lemoiz.

Iberdrola tendría derecho preferente sobre las instalaciones de Lemoiz en el caso de que igualara la mejor de las ofertas que se presenten al eventual concurso, un extremo que habría sido igualmente cuestionado por parte de alguna de las compañías con interés en establecerse en Basordas. Sin embargo, la política de comunicación de la compañía no permite adivinar, ni de lejos, sus intenciones últimas.

Otras fuentes consultadas, en este caso del ámbito de la izquierda abertzale, apuntan a que la fórmula final aplicable a las instalaciones contemplaría la asociación de una central térmica con una piscifactoría, algo que estaría relacionado con recientes encuentros en la dirección de Política Energética, en Madrid, de dirigentes del PNV y directivos de Iberdrola con responsables de la misma.

Pero se puede aludir a otro elemento que también explicaría por sí solo o en buena medida las razones que han llevado al Ejecutivo español a reconducir el asunto. Tiene que ver con la recuperación para las arcas públicas de parte, al menos, de los más de 2.000 millones de euros que el Gobierno de Madrid otorgó a Iberdrola en concepto de indemnización por la paralización del proyecto nu-clear. El Estado español es, cuando menos, propietario de los derechos de explotación como emplazamiento eléctrico que ahora se plantea vender.

Ha sido el propio Ministerio español de Industria, por otra parte, el que ha «vendido» la discutible versatilidad de unas instalaciones muy deterioradas, al afirmar que tanto los edificios como las infraestructuras básicas que integran la planta pudieran ser aprovechadas por nuevos proyectos energéticos.

Las curvas de Andraka

Sería tanto como afirmar que la ampliación de las curvas de la carretera que sube desde Jatabe a Andraka, acometida en los 70 al objeto de posibilitar el paso de vehículos especiales con carga para la central, habrían sido una inversión ideal para los vehículos que han utilizado posteriormente este vial para desplazarse hasta las playas.

Otras fuentes aseguran que tan sólo serían aprovechables el tendido eléctrico -dos líneas de salida y una de entrada-, el contiguo embalse de agua dulce, así como la toma de agua salada, instalación cuya cesión ha sido ahora retirada. Las grandes moles de hormigón abandonadas en Basordas tendrían nulas posibilidades de reciclaje.

La novedad reciente da cuenta de que el Ministerio español de Medio Ambiente ha incoado expediente de extinción de la autorización otorgada a Iberduero -actual Iberdrola- por orden ministerial, en 1973, para ocupar una parcela de 82.482 metros cuadrados de terrenos de dominio público marítimo-terrestre en Basordas, con destino «a la construcción de una central eléctrica nuclear».

De igual modo, el Gobierno español retira a Iberdrola la autorización otorgada seis años después, en 1979, para ocupar otros 10.078 metros cuadrados de bienes de dominio público marítimo-terrestre, destinados a la instalación de refrigeración de la central con agua de mar.

Imputable a la moratoria

En las consideraciones jurídicas se establece como «no imputable» al beneficiario el hecho de que ambos objetos de autorización no se hayan utilizado, cuestión que el Ministerio de Medio Ambiente atribuye a la declaración de paralización definitiva de los proyectos de construcción de, entre otras, la central de Lemoniz.

Es «la imposibilidad comprobada y mantenida de satisfacer» el fin la que justificaría, según el expediente, «la extinción del vínculo concesional», toda vez que ante esta decisión «se pueden presentar alegaciones».

De igual manera que se adopta ahora esta medida, vecinos de Lemoiz consideran que proximamente se pueden volver a otorgar concesiones de terrenos, en función de las decisiones que se adopten en el contexto del fututo de las instala- ciones y el entorno de Basordas. Escarmentados por todo lo que viene aconteciendo en este interminable affaire, recuerdan al respecto que igual que se quita, también se puede otorgar.

Iberdrola ha recibido de los contribuyentes -eufemísticamente hay quien dice que «de manos del Estado»- más de 1.300 millones de euros desde 1994 en concepto de amortización por las inversiones realizadas en Basordas que quedaron afectadas por la moratoria.

La incógnita es ahora conocer si Iberdrola hará valer su posición de ventaja para desarrollar un nuevo proyecto energético en Lemoiz. Cabe constatar, a falta de referencias claras, que junto a la actividad desarrollada en la explotación de energías renovables, la compañía ha recuperado su apuesta por la energía nuclear en otras latitudes; ahí están sus proyectos coparticipados en Rumanía y Gran Bretaña, la búsqueda de oportunidades en China al mismo objeto, o su asistencia técnica en nucleares de Rusia, México o Brasil.