El «chequeo médico» a la PAC pone en guardia a agricultores y ganaderos
La UE acomete este año el «chequeo médico» de la Política Agraria Comunitaria (PAC) y empieza a debatir la reforma que aplicará en 2013. Pero los productores no industriales no creen que haga falta un chequeo sino una política totalmente distinta, orientada hacia un modelo social de agricultura. Por ello, rechazan el nuevo recorte de ayudas y la apuesta por el desarrollo rural que se plantea en esta revisión.
Pablo RUIZ DE ARETXABALETA |
Los agricultores europeos se enfrentan este año a decisiones de las instituciones europeas que van a suponer nuevos puntos de inflexión en las políticas agrarias que condicionan el futuro del sector. El «chequeo médico» a la Política Agraria Común (PAC), el comienzo del debate para elaborar una nueva PAC en 2013 y el debate sobre el presupuesto europeo, cuya mayor parte se destina a la agricultura, han puesto en guardia a agricultores y ganaderos.
El «chequeo médico» supone una etapa más en la reforma que ha afectado ya a sectores como el del azúcar, las frutas y hortalizas y el vino. Esta reforma intermedia se produce a la vez que se inicia el debate para la que tendrá lugar en 2013 y se basa en el recorte de ayudas (insiste en desvincularlas de la producción) y en el impulso a las acciones de «desarrollo rural».
Pero los productores advierten de que Bruselas olvida la situación del sector en la que los alimentos se han convertido en objetivo de inversión, aumenta la demanda desde China, India o la industria energética y los precios se disparan.
Una de las medidas del chequeo consiste en la eliminación de las cuotas lecheras. Para este año, como paso previo, se han aumentado en todos los países de la UE provocando las protestas de los ganaderos como la del pasado viernes en Madrid.
El sindicato estatal COAG, al que pertenece EHNE, defiende un control de la producción acompañado de un ajuste al consumo y mantener las cuotas más allá del año 2015.
El chequeo también supone el desacoplamiento total de las ayudas de la producción, una desvinculación que ya se inició en 2003. Según COAG, este proceso «va en la línea de liberalización del mercado agrícola marcada por la OMC (Organización Mundial del Comercio) y ha desregulado el mercado interior europeo reduciendo los precios de referencia».
Desarrollo rural
El chequeo avanza también en el recorte de ayudas directas para destinarlas a acciones dentro del apartado de «desarrollo rural», es decir, el impulso de las zonas agrícolas pero a través de actividades que no tienen que ver con el sector primario.
El recorte de ayudas llega al 13%. Actualmente esa rebaja se aplica al 5% de las ayudas y Bruselas pretende incrementarla un 2% anual desde 2010 (un 8% en cuatro años) de manera que los recortes sean de ese 13% en 2013. COAG pide que se elimine este recorte para los agricultores que forman parte de un modelo social de agricultura. El chequeo proponía en un principio recortar las ayudas a las grandes explotaciones, concretamente a las que perciben más de 100.000 euros, que son precisamente las que se llevan la mayor parte del dinero comunitario. «A diferencia de la mayor parte de las ayudas públicas las reglas de la PAC concentran los apoyos en quienes menos lo necesitan», señala el sindicato. «Sólo siete grandes perceptores de la PAC, entre ellos la duquesa de Alba, reciben cada año algo más de 15 millones de euros, lo que supone una ayuda diaria de casi 6.000 euros por persona». El chequeo también elimina el sistema de intervención de cereales, que COAG cree que debe fortalecerse y ampliarse dadas las circunstancias de los mercados, y recuerda que en la última campaña la falta de existencias públicas ha impedido hacer frente al incremento de precios.
El Parlamento Europeo ha intentado suavizar las propuestas de la Comisión. El pasado 12 de marzo respaldó, mediante un informe no vinculante, gran parte de las reformas planteadas por Bruselas, pero solicitó que esos cambios se acometan de manera «más gradual» y propuso un nuevo calendario para el recorte de ayudas directas.
Sin embargo, el Parlamento no apoya el recorte de ayudas a los grandes terratenientes ya que, según señala el informe, «rechaza toda discriminación en función de la dimensión de la explotación».
Por otra parte, el informe -adoptado por 510 votos a favor, 88 en contra y 80 abstenciones- cuestiona el recorte de las ayudas y señala que «no puede aceptarse un recorte de los pagos directos de aproximadamente un 8% sin la presentación de una estimación de las repercusiones futuras».
El documento también exige que se «apoye exclusivamente a los agricultores que ejerzan activamente una actividad agraria» y subraya la necesidad de que se simplifique la administración de la PAC, sin que ello implique su «renacionalización» ni un mayor recorte de las ayudas.
Los eurodiputados también admitieron en el informe que se debe acelerar el proceso de desacoplamiento de ayudas y producción en el sector vegetal para orientarlo hacia el régimen de pago único, según la superficie cultivada. Sin embargo, consideraron que las ayudas ganaderas no deberían modificarse «por el momento», puesto que el sector atraviesa dificultades por la subida de los precios de los piensos y forrajes.
El sindicato UAGA, en cambio, apuesta por elaborar una nueva PAC, al considerar que la anterior no ha servido, y que garantice que «agricultores y ganaderos puedan vivir de sus actividades productivas».
En su opinión, no es necesario quitar ayudas a los productores para destinarlas a otras actividades calificadas como «desarrollo rural» sino que cuando la actividad agrícola y ganadera sea rentable «se podrá garantizar la continuidad de las explotaciones y la conservación del medio rural, el medio ambiente, el paisaje y la cultura».
Por ello, exige una política orientada a la actividad agropecuaria, «al que trabaja la tierra y no al que especula». Por la misma razón rechaza los continuos trasvases de fondos al desarrollo rural, una inversión que, a su juicio, «sólo coloniza el medio rural, saturándolo de principios y necesidades urbanitas».
Más movilizaciones
En la misma idea insistió el representante de COAG Andoni García en la última asamblea del sindicato alavés, al defender que el modelo de agricultura social garantiza «un medio rural con vida». Rechazó una política que «no sirve ni para la sociedad ni para los consumidores, ni para medio ambiente ni para la energía».
García anunció que a la manifestación del viernes seguirán en mayo nuevas movilizaciones coincidiendo con la presentación de los textos legislativos. Asimismo, pretenden establecer posturas comunes con consumidores para denunciar la situación de los mercados y los precios y con ecologistas en su rechazo a los transgénicos.
También está involucrada, junto a la CPE (Coordination Paysanne Européene), en forjar una alianza de organizaciones en Europa para evitar que las propuestas para reformar la PAC prosperen y reivindicar «una nueva política agraria que apueste por el modelo social de agricultura, la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible del medio rural».
Cerca de un tercio de las ayudas agrícolas directas de la Unión Europea (UE) beneficiaron al 1,39% de los productores de los países comunitarios en 2005, mientras que en el Estado español el 1,12% de los productores obtuvo el 22,68% de las subvenciones.
Estos porcentajes corresponden a los agricultores que percibieron más de 50.000 euros por explotación, según un informe de la Comisión Europea. En total, los agricultores de los estados de la UE recibieron 32.501 millones de euros en ayudas directas. El número total de productores que obtuvo subvenciones ascendió a 6,94 millones en la Unión.
En la UE obtuvieron más de 50.000 euros por explotación un total de 96.720 agricultores (el 1,39%), lo que supone un montante de 9.575 millones de euros (el 29,9% de volumen total de ayudas).
Por el contrario, 4,35 millones de agricultores, que cobran un máximo de 1.250 euros en la UE, se repartieron 1.595,3 millones de euros en ayudas directas. Según COAG, el 90% de las ayudas va a parar al 15% de los perceptores. «Es una vergüenza», asegura su representante Andoni García, quien duda además de que los grandes propietarios vayan a ver reducidas estas ayudas en el «chequeo médico» de Bruselas.
En el Estado español, un total de 10.190 agricultores (el 1,12% del total) recibieron más de 50.000 euros por explotación, en total un montante de 1.015 millones, es decir el 22,68% de todas las ayudas de ese tramo.
Siete grandes terratenientes del Estado español reciben cada año más de 15 millones de euros. Bruselas quería recortar estas ayudas, pero el Parlamento Europeo se ha opuesto.
Para COAG, no es necesario más dinero para otras actividades, sino que hacer rentable el trabajo agrícola y ganadero garantizará la conservación del medio rural, el paisaje, el medio ambiente y la cultura.
Los estados de la UE deberán hacer públicos antes del 30 de abril de 2009 los datos de todos los receptores de ayudas de la Política Agrícola Común, según una normativa aprobada por la Comisión Europea. Para esa fecha, las Administraciones estatales deberán publicar en internet el nombre completo, el municipio y el código postal de cada beneficiario de las subvenciones comunitarias, así como el importe total de la ayuda, ya sean los pagos agrícolas directos o los de desarrollo rural -que cofinancian los estados-. Estos datos figurarán de forma «clara y armonizada» en páginas web gestionadas en los países comunitarios, con el fin de que los ciudadanos puedan ver cuánto dinero ha recibido cada persona o empresa procedente de los fondos agrícolas. La información deberá estar disponible el 30 de abril de cada año para el anterior ejercicio y permanecerá en la página web al menos durante dos años. En el caso de las ayudas al desarrollo rural la información sobre fondos gastados entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2007 se hará pública el 30 de setiembre de 2008. «Es dinero de los ciudadanos, es muy importante que la gente sepa dónde se gasta», afirmó la comisaria de Agricultura, Mariann Fischer Boel.
