Tres miembros de la Asociación de apoyo a las víctimas de grupos sectarios, Largantza, comparecieron ayer en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Gasteiz para alertar de la peligrosidad de las prácticas de las terapias y centros que practican una falsa medicina alternativa, y pedir que se regulen y controlen en consonancia con las recomendaciones aprobadas en las instituciones europeas.

El presidente de Largantza, Juantxo Dominguez, que acudió al Parlamento acompañado de dos víctimas de estas prácticas, denunció la proliferación de lo que engloba como «grupos de manipulación sicológica», que «están actuando como auténticas pantallas a diversas entidades y personas que pretenden ir de alternativas en el campo de la salud, con el consiguiente perjuicio de los profesionales acreditados».

Esta actividad que «se ha convertido en un tremendo negocio», ya está regulada en lugares como el Estado francés, donde «existe una ley específica en torno al campo alternativo de la salud y, sobre todo, de las nuevas sicoterapias». Sin embargo, en la Comunidad Autónoma Vasca, denunciaron, «cuando se denuncian hechos de esta índole nos vienen a decir que como son mayores de edad, la culpa es de ellos, pues tienen capacidad de discernir cuándo están siendo engañados».

Parte de los centros existentes en la CAV en la actualidad son «una mezcla de grupos de crecimiento personal, relajación, sanadores, meditación, yoga, terapias diversas, masajes, sicolo- gía... así como medicinas complementarias o alternativas».

Plenas competencias

Domínguez recordó que el Parlamento de Gasteiz tiene competencias plenas en el ámbito de la salud, y propuso una serie de medidas de control de estas actividades: acreditación profesional, control de posibles efectos adversos de los tratamientos, regulación de estas prácticas, establecer formación académica o evitar el intrusismo en la salud y la sicología. También consideran necesario que se exija que los centros estén dirigidos por un profesional sanitario oficialmente titulado; y que los terapeutas deberían acreditar su formación y experiencia ante una comisión de evaluación.

Además, la asociación Largantza reclama otra serie de medidas, como la protección, ayuda y asesoramiento legal a pacientes y familiares; inspección de hacienda; promover el estudio de los «grupos de manipulación sicológica» entre los profesionales de la salud y la sicología; y protección y defensa de la infancia y de los menores de edad ante estos grupos de riesgo.

Largantza resumió las malas prácticas de estos centros: «Existe una manipulación mental; una alteración de las emociones de la persona; explotación de sus problemas, deseos y necesidades; y una explotación económica hacia los clientes».

También denunciaron que los tratamientos que imponen «no se fundamentan en ningún consentimiento informado, adolecen de poca claridad financiera, sus responsables tienden a manipular sus credenciales profesionales y tienden a perseguir la dependencia del paciente».

En base a los testimonios que han venido recogiendo en torno a estas prácticas, los miembros de Largantza recomiendan tener especial precaución ante propuestas de tratamiento que ofrezcan una cura rápida y definitiva, especialmente de los problemas de mal diagnóstico; que empleen tecnicismos o neologismos de apariencia científica, curas milagrosas o productos exclusivos; que aseguren que su método es eficaz pero poca gente lo conoce porque no les comprenden; que presenten testimonios anónimos positivos; que se promuevan como la única solución; que aun siendo gratuitos al inicio, vayan exigiendo mayores compromisos; o que promuevan la devoción a una persona, idea o cosa.

Entre las terapias y tratamientos a que alude Largantza en su denuncia figuran la imposición de manos, la transmisión de la luz, la supuesta «nueva sicología»... Pero también denuncian de forma especial las «situaciones de total desamparo» que han encontrado a nivel de infancia, tras tratamientos contra la obesidad, la hiperactividad o problemas de autoestima.

Largantza insta a dar una solución a este tema que además de los problemas que acarrea a las personas directamente afectadas y a sus familias, supone «un intrusismo profesional permanente».