«Después de la marcha del arzobispo Sebastián, esperábamos con interés cuál sería la postura del nuevo arzobispo en el tema candente de la privatización de las iglesias y ermitas navarras. El pasado día 15 de marzo el Arzobispado sacó una nota y, desgraciadamente, comprobamos que mantiene una actitud similar al anterior, y además profundiza en argumentos falsos». Así lo afirman Pedro Leoz y José Mari Esparza, presidente y secretario, respectivamente, de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro.

El Arzobispado aseguraba que la Iglesia tiene la propiedad de los templos «de forma pacífica desde siempre», y que «por lo general se construían por iniciativa de la Iglesia».

«Esto es un disparate. El Arzobispado sabe que eso es mentira. Ya en 1933 -recuerdan en nombre de la Plataforma- el Gobierno democrático de la República declaró públicos esos bienes. Como siempre lo fueron en su inmensa mayoría: su construcción y mejoras eran decisiones que tomaba generalmente todo el pueblo reunido en concejo o bazarre. Otra cosa es que para su uso religioso necesitaran la bendición del obispo».

A modo de ejemplos, señalan que el Ayuntamiento de Cascante pagó la reconstrucción del templo de la Virgen del Romero, que el Ayuntamiento de Iruñea construyó la Capilla de San Fermín, para lo que hubo de suspender seis años las corridas de toros, y que el de Tafalla acordó edificar la iglesia de Santa María y el convento de Capuchinos.

En su nota, el Arzobispado sostenía que «en muchos casos los templos parroquiales son propiedad de la Iglesia mucho antes de que existieran los propios ayuntamientos».

«Además de ser falso -responde la Plataforma- esto se presta a confusión. Si se refiere a la institución como tal, antes de ser ayuntamiento se llamó regimiento, concejo, cambra o bazarre, pero siempre hubo una comunidad que acordó levantar y sostener el templo. Si se refieren al edificio, reconocemos que las iglesias son anteriores a las casas consistoriales, porque precisamente la iglesia hacía las veces de ayuntamiento. Y de archivo municipal, de lugar de reunión de los vecinos, de cementerio, de escuela, de pregonero horario, de lazareto, de fortín militar... El religioso ha sido, y sigue siéndolo en muchos pueblos, un uso más, principal si se quiere, pero no exclusivo».

Vender, alquilar o hipotecar

Otro argumento del Arzobispado era que la inscripción de iglesias en el Registro «no otorga la propiedad sino que la hace pública», y que «los ayuntamientos han inscrito sus bienes comunales sin que nadie les pueda acusar de privatizar propiedades del pueblo».

«Decir esto es una impostura. ¿Qué títulos ha presentado la Diócesis para inscribir esos mil edificios? Ninguno -constata la Plataforma-. Es ahora cuando la inscripción en el Registro les documenta la propiedad y la posibilidad de vender, alquilar o hipotecar. Y por supuesto que supone la privatización, porque la Iglesia Católica es una entidad privada. Un ayuntamiento puede inscribir los bienes comunales y estos seguirán siendo de la comunidad. Pero si la Iglesia inscribe un bien comunal o público, lo está privatizando. Además, ni la parroquia ni los parroquianos podrán decidir qué hacer con esos bienes».