Christopher Ochoa pasó casi 14 años en prisión por la violación y asesinato en 1988 de Nancy DePriest, una trabajadora de un Pizza Hut en Austin, Texas, que no cometió. Fue condenado a cadena perpetua junto a Richard Danziger, su compañero de piso, después de admitir los hechos en una confesión que fue determinante para el jurado. «Firmé una confesión falsa. Yo nunca dije lo que contenía, nomás la firmé», explica Ochoa. En 1999 contactó con Innocence Project (IP). Al año siguiente, una prueba de ADN demostró que el culpable fue otro hombre y que ni él ni Danziger tuvieron nada que ver. Dos años después, en 2002, fueron excarcelados. «La Policía hace lo que le da la gana. Dicen mentiras, te gritan, no te dejan dormir. Después de tantas horas de interrogatorio, sin comer, sin dormir, en las que te dicen `te vamos a mandar a la pena de muerte', se te acaba metiendo en la cabeza que te van a matar. Uno se cansa y firma lo que sea». En la cárcel, Ochoa empezó a estudiar y al salir terminó el bachillerato. Después, se matriculó en Derecho y en 2006 fue licenciado como abogado en Wisconsin, donde actualmente ejerce.

Danziger y Ochoa son dos de las 214 personas que, hasta ahora, han sido excarceladas gracias a los buenos oficios de IP. Tal vez, el factor más importante del éxito de IP sea que no se propone luchar contra el sistema judicial estadounidense sino que trabaja con él para mejorarlo, según su declaración de principios. Esta organización fue fundada en 1992 por los abogados Barry Scheck y Peter Neufeld con el objetivo de forzar la revisión de casos que fueron juzgados sin todas las garantías. Tres años después, Scheck alcanzó cierta popularidad al ser uno de los letrados defensores de O. J. Simpson.

Pobreza, racismo e incompetencia

IP constata que los elementos que se repiten en todos los casos que revisan son problemas derivados de la pobreza, el racismo, equivocaciones en las declaraciones de los testigos, excesivo «celo» policial, peritos científicos corruptos y defensas incompetentes. En referencia a esto último, Elisabeth Webster, portavoz de IP, asegura que una defensa de oficio aumenta bastante las posibilidades de una sentencia inculpatoria.

IP también denuncia el gravísimo e irreparable hecho de que dieciséis personas hayan sido ejecutadas antes de que se les hicieran las pruebas de ADN que quizá hubieran demostrado su inocencia.

Las frías estadísticas dicen que los condenados han pasado una media de 12 años en prisión por error. Pero hay casos especialmente graves en los que se ha mantenido encerrados a inocentes bastante más de veinte años. El de Paul Terry y Michael Evans es uno de los que ilustran claramente los errores de un sistema judicial plagado de prejuicios y de vicios perversos como la recompensa.

Terry y Evans fueron excarcelados en Illinois en 2003. Habían pasado 26 años en prisión por el rapto, violación y asesinato de una niña de nueve años. Ambos, entonces jóvenes afroamericanos de menos de veinte años, fueron condenados tras ser señalados en una rueda de reconocimiento por una supuesta testigo ocular, que se embolsó una recompensa de 5.000 dólares. Pese a que el horario laboral de la testigo no cuadraba con la posibilidad de qué hubiera presenciado los hechos, Terry y Evans fueron condenados a cuatrocientos años de cárcel.

Los prejuicios raciales tienen mucha relación con estas barbaridades judiciales, si no es imposible entender por qué más de un 70% de los casos que gana IP se refieren a personas pertenecientes a grupos minoritarios, como los afroamericanos -un 62%- y los latinos, que son los principales perjudicados. También es cierto que hay estudios que demuestran la dificultad de reconocer a personas de razas diferentes pero el peso de los testigos en las condenas por error es abrumador. Un 77% de los que se han revelado luego como inocentes fueron condenados, por lo menos en parte, en base a declaraciones equivocadas.

Un tercio de la vida

En estos más de quince años de un funcionamiento ciertamente reservado -argumentan que el tiempo que invertirían en hablar con periodistas, es tiempo que pierden para estudiar expedientes-, IP ha conseguido demostrar la inocencia de personas en 32 estados y Washington DC. En más de la mitad de los casos, las víctimas de los errores judiciales han pasado un tercio de sus vidas entre rejas. Algunos, como Ochoa, tienen la voluntad de pensar, más allá de la injusta reclusión, en el hipotético momento en que se haga justicia y puedan volver a la calle. Pero la mayoría no tienen esa fuerza y muchos, aún teniéndola, al salir se encuentran sin familia ni trabajo ni dinero, además de en un mundo diferente al que dejaron. Para ellos, IP tiene un programa de ayuda psicológica en el que, por ejemplo, se enseña a los excarcelados a usar un teléfono móvil o a familiarizarse con los ordenadores.

Hay una ley federal que fija indemnizaciones económicas por el tiempo en cautiverio -50.000 dólares por año en prisión y 100.000, por año en el corredor de la muerte-, pero a la hora de la verdad sólo 22 estados -menos de la mitad- las contemplan. Algunos de ellos conceden cantidades menores a las fijadas, con topes en el monto total de la indemnización, y se dan casos en los que los excarcelados deben recurrir a los tribunales para exigir lo que por ley les corresponde. En EEUU, asimismo, a los condenados por delitos graves se les retira de por vida el derecho a votar, y muchos de los excarcelados se ven obligados a recurrir a la vía judicial para poder ejercerlo de nuevo.

Los abogados y forenses que colaboran con IP están desbordados. La organización recibe cada año unas tres mil cartas y sólo aceptar revisar los casos en que sea posible hacer la prueba de ADN. Desde hace unos años, el proyecto se ha extendido por EEUU a través de Innocence Network, con lo que permanentemente están estudiando entre 6.000 y 10.000 expedientes. IP dice que es imposible saber los inocentes que están entre rejas y, por eso, cada día cuenta.