El diputado de Hacienda y Finanzas de Gipuzkoa, Pello González, cree que en el futuro puede haber nuevas imputaciones en el caso del fraude de Irun y sospechó que el principal acusado, José María Bravo, «debió actuar sintiéndose con las espaldas cubiertas por parte de la dirección política de la casa», aunque «a día de hoy», no se puede demostrar una relación directa entre los hermanos José María y Víctor Bravo que pueda implicar al segundo.

«Son casi 50 las personas físicas o jurídicas que están sujetas a inspección» y que podrían añadirse a la lista de imputados, indicó González tras comparecer ante la Comisión de las Juntas Generales de Gipuzkoa que investiga las posibles responsabilidades políticas derivadas del fraude descubierto en la oficina tributaria de Irun, que dirigió José María Bravo.

En cuanto a las responsabilidades políticas, afirmó que «con las pruebas que tenemos, el principal imputado en esta causa es aparentemente el principal responsable de la misma»,

González añadió, no obstante, que una persona que actúa con la «absoluta impunidad» con la que lo hizo Bravo «da pie a pensar que se sentía con las espaldas cubiertas por parte de la dirección política de la casa», cuyo director de Hacienda fue durante gran parte del periodo en que Bravo permaneció en Irun su hermano Víctor, que dimitió como senador del PNV tras hacerse público este caso.

Cobrar las deudas

José María Bravo, actualmente en prisión, está imputado junto a otras tres personas, entre ellas su mujer, por haber defraudado a la Hacienda foral más de 8 millones de euros, de los que supuestamente esta trama se apropió de 1,6, del cobro de deudas a contribuyentes solventes, a quienes daban de baja por insolvencia o hacían que prescribieran sus expedientes..

González apuntó que hay deudas condonadas que «siguen vivas desde el punto de rehabilitación» y que el Departamento está «trabajando en su cobro», y otras que «son imposible de recaudar por la vía del contribuyente, pero que se imputarán a los responsables de las mismas», con el objetivo de recuperar «al 100% la deuda de 8.100.000 euros condonados indebidamente o robados del erario guipuzcoano».

Para González, «es difícil trazar una raya de cómo se vincula a estas personas a la trama. Hay contribuyentes que pagan el 100% de la deuda por este procedimiento y lo que aportan no se ingresa en la caja común», pero otros se vieron beneficiados con una reducción de la deuda. «con lo cual difícilmente se les puede considerar víctimas».