1994. Ramón Jáuregui vuelve a presentarse como candidato a lehendakari en las elecciones autonómicas. En vísperas de la campaña, publica un libro titulado «El País que yo quiero» en el que, entre otras cosas, recoge una especie de diario de los más de tres años en los que fue delegado del Gobierno español en la CAV. Todavía no había estallado lo que a partir de setiembre de ese mismo año se conoce como «el caso GAL».

2008. Este pasado miércoles. Ramón Jáuregui, recién nombrado secretario general del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, le dice públicamente al PNV, tras la posición inicial de los jeltzales de no apoyar la moción de censura contra ANV en Arrasate, que «la primera condición para entenderse con el PSOE es, precisamente, que no se entiendan con quienes no condenan a los terroristas». En palabras de Jáuregui, se trata de una cuestión de «ética democrática».

1984. Entre las muertes de Xabier Pérez de Arenaza y Rafael Goikoetxea. Ramón Jáuregui, delegado del Gobierno español, escribe en su «diario» publicado diez años más tarde que «han detenido en Francia a siete u ocho miembros del llamado Grupo Antiterrorista de Liberación, del GAL, cuatro o cinco argelinos y tres franceses, gente de los bajos fondos de Burdeos. Lo que demuestra que el GAL funcionaba evidentemente por móviles económicos y no ideológicos o políticos; que alguien proporciona a esa gente dinero e información para matar».

«Operaciones de castigo»

Jáuregui continúa con disquisiciones sobre el origen del GAL, que sitúa en personas con dinero y sed de venganza, o «servicios paralelos de cualquier organización gubernamental, espa- ñola o no, decidida a hacer operaciones de castigo contra los terroristas etarras residentes en el País Vasco-Francés».

A continuación, entra en las valoraciones. «Se trata -escribe- de un elemento nuevo que se ha introducido en la guerra antiterrorista de la manera más brutal. Pero con unos efectos muy especiales y contradictorios, porque por encima de las valoraciones morales o políticas, no podemos ignorar las consecuencias prácticas operativas de la irrupción del GAL en el escenario de los terroristas, que ahora no pueden sentirse tranquilos donde antes lo estaban. Alguien les está pagando con su misma moneda».

De estos párrafos puede destacarse que Ramón Jáuregui en ningún caso habla del GAL como organización terrorista y que sus actividades, que llega a calificar como «operaciones de castigo» a terroristas, las enmarca como «elemento nuevo» en «la guerra antiterrorista». No hay ninguna condena de sus atentados, sino un análisis de los mismos «por encima de valoraciones morales o políticas».

Y según continúa escribiendo, señala que entre «los efectos contradictorios», está «la influencia que esto [los atentados del GAL] puede tener en la reflexión política, en los reflejos condicionados de su mundo político, en HB, donde se confirman a sí mismos algo que han buscado siempre, que esto es una `guerra' y hay dos violencias equiparables moralmente y objetivamente enfrentadas».

Tampoco aquí se incluye ninguna reprobación ética sobre la actuación de una organización armada que causó la muerte de 26 personas durante el tiempo que Ramón Jáuregui fue delegado del Gobierno español en la CAV y, por lo tanto, una de las máximas autoridades policiales en este territorio.

«Galindo, el mejor»

16 de octubre de 1983. Desaparecen en Baiona los jóvenes tolosarras Joxean Lasa y Joxi Zabala.

9 de julio de 1985. Tras el secuestro en Azpeitia de Angel Carasusan por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, y su inmediata liberación por la Guardia Civil, Ramón Jáuregui escribe: «Galindo es, tengo que decir, el mejor policía que tenemos en el País Vasco, el más experto en la lucha antiterrorista, el más profesional y el más serio, y el que nos ha dado más y mejores resultados en los dos años que llevo en la delegación. Es, con diferencia, el mejor -esa es la expresión».

20 de abril de 2000. El general Enrique Rodríguez Galindo es condenado a 71 años de cárcel por el secuestro y muerte de Joxi Zabala y Joxean Lasa. Tras esta condena no consta en las bases de noticias ninguna rec- tificación de la calificación del condenado como «el mejor» hecha por Ramón Jáuregui.

Consejero de Justicia

Después de la publicación de este libro y tras las elecciones, se formó un gobierno de coalición entre PNV, EA y el PSE en el que Ramón Jáuregui fue nombrado por José Antonio Ardanza consejero de Justicia.

Dos años después, en agosto de 1996, la excarcelación de Galindo -procesado todavía sin juzgar- y la negativa del Gobierno de Aznar a desclasificar papeles del Cesid, provocó un escándalo político y una reunión de la Mesa de Ajuria Enea. Jáuregui afirmó que los convocantes «exageraban» y que no se debía mezclar una actividad criminal de hace 10 años con la «amenaza real y cotidiana de ETA».