Iñaki IRIONDO

E l PSOE ha pedido al PNV la cabeza de la alcaldesa de Arrasate, Ino Galparsoro, de ANV, antes de seguir buscando nuevos acuerdos y los jeltzales se muestran dispuestos a ofrecérsela en bandeja de plata. Y si pueden, según dicen, tal vez continúen la siega por otros municipios. Ya metidos en gastos, al menos conseguir alguna alcaldía, habrá calculado ya más de un jelkide.

Ambos partidos, PSOE y PNV, justifican su actuación con argumentaciones éticas y de principios. José Luis Rodríguez Zapatero dice que «lo que se tiene que producir es un cambio en la alcaldía en Mondragón, un cambio democrático, un cambio ético para cualquier ciudadano demócrata y de buena fe». El comunicado del EBB leído el miércoles por Iñigo Urkullu sostiene que adoptarán todas las medidas institucionales necesarias «para garantizar que las instituciones vascas estén regidas por personas con un inequívoco compromiso ético y democrático».

El papel y los discursos lo aguantan todo, pero un simple vistazo al retrovisor evidencia que las mismas personas y los mismos partidos no utilizan siempre la misma vara de medir alturas democráticas y compromisos éticos.

Junto a estas líneas figuran las valoraciones sobre la actuación de los GAL que escribió Ramón Jáuregui en el tiempo en que fue delegado del Gobierno español en la CAV. Durante su mandato esta organización mató a 26 personas. A la vista está que semejante derramamiento de sangre -tanto de militantes de ETA como de ciudadanos y ciudadanas que no tenían nada que ver con esta organización- no le provocaron a Jáuregui ninguna reacción de condena. No la hay en todo el libro que escribió.

Pero, es más. El delegado del Gobierno en la CAV, con importantes funciones en el ámbito de la seguridad, dice no saber nada de los orígenes del GAL. Sin embargo, todos los condenados por los casos Lasa-Zabala y Marey le son cercanos. José Barrionuevo fue su ministro del Interior, Rafael Vera su secretario de Estado para la Seguridad, a Julián Sancristóbal lo tuvo primero de gobernador civil de Bizkaia a su mando y luego tuvo que ponerse a sus órdenes como director de Seguridad. Ricardo García Damborenea fue secretario general del PSE en Bizkaia y hombre fuerte del la dirección del partido que él presidía. Julen Elorriaga fue su gobernador civil en Gipuzkoa. Enrique Rodríguez Galindo era «el mejor» de sus policías y todos los demás agentes condenados ejercían también en su ámbito territorial.

Si él lo dice y ningún tribunal le ha contradicho, habrá que creer que no se enteró de nada de lo que ocurría a su alrededor. Pero entonces habrá que dudar de su capacidad como gestor público. (Y, desde luego, que conste, Ramón Jáuregui no es tonto. Es inteligente y un hábil político.)

Y con ese currículo, Ramón Jáuregui fue primero vicelehendakari y después consejero de Justicia de la mano del PNV. En una de las crisis que periódicamente atravesaba la coalición, un 24 de noviembre de 1996, Xabier Arzalluz le dijo en un discurso a Ramón Jáuregui si no «cae en la cuenta que otros gobernamos con ellos a veces teniendo que taparnos los ojos, la boca, los oídos y, a veces la nariz, después de todo lo que ha pasado». Ese «todo lo que ha pasado» lo concretó más adelante el ex presidente del EBB en las responsabilidades de Jáuregui en la época del GAL y en acusaciones (no demostradas) de haber cobrado de los fondos reservados.

Por aquellos años no debía estar vigente en el PNV el principio de «garantizar que las instituciones vascas estén regidas por personas con un inequívoco compromiso ético y democrático». O puede ser que si la contrapartida es suculenta, merezca la pena «taparse la nariz».

De no haber mediado cuestiones personales de la parlamentaria de Aralar proponente, que obligaron a posponer el debate, el Parlamento hubiera aprobado el viernes con el voto del PNV la reprobación de la postura que el Gobierno español «adopta sistemáticamente ante las denuncias de torturas o malos tratos, amparando sin excepciones a las fuerzas policiales. Y especialmente el total amparo manifestado por el ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba a los ocho guardias civiles ante las denuncias de torturas de Igor Portu y Mattin Sarasola, así como el silencio mantenido posteriormente cuando fueron imputados por el juez como causantes de dichas torturas». A todo esto añadía el tripartito la exigencia al Gobierno de que «cese la práctica de concesión sistemática de indultos a personas condenadas por torturas».

Con ese Gobierno que, según el PNV, ampara a los acusados de torturas e indulta sistemáticamente a los condenados sí se puede llegar a pactos y a ANV hay que expulsarla de las instituciones en las que gobierna porque sus representantes, también según el PNV, son indignos del cargo.