En el centro de la ciudad italiana de Bolonia se pueden apreciar dos impresionantes torres medievales. La torre Garisenda tiene una altura de casi 98 metros y la torre Asinelli mide 48 metros, ya que tuvo que ser recortada porque el terreno donde había sido construida estaba cediendo. Las familias que dieron sus apellidos a las torres las construyeron con el único objetivo de mostrar quién era más poderoso, clamar por su grandeza. No tienen ninguna otra función diríamos práctica, más allá de ser el vivo reflejo de la arrogancia de los poderosos. Imaginemos en pleno siglo XII el esfuerzo en recursos económicos, la energía humana empleada en semejante empeño, cuyo único objetivo sería mostrar músculo ante la otra familia y ante la población, que sin duda tenía otras prioridades que la de asistir a semejante competición vacía, estéril, ejemplo de la absurda vanidad de las autoridades del momento.

Semejante espectáculo trae involuntariamente a la mente el ejemplo de cómo, en nuestro contexto concreto, discurrió el proceso electoral y, tras él, los posicionamientos políticos de los vencedores. Dos familias políticas, mayoritarias en el Estado español que, ante la incapacidad de ofrecer soluciones, se enfrentaban entre sí jactándose de ostentar el récord en golpear al movimiento independentista vasco: quién presenta el mejor expediente en violencia verbal y en los hechos, quién lleva a cabo más detenciones, más encarcelamientos, quién ha sido más irrespetuoso con los derechos civiles y políticos del pueblo vasco. Lo han llamado bipartidismo, pero encuentro en ambos una sintonía absoluta en las recetas, en los recursos para enfrentarse a un complicado conflicto político y mostrarse como campeones de la guerra ante, lo que a mí me interesa, la sociedad vasca.

El recurso a la represión contra el pueblo vasco por parte del Estado español y, en diferente medida, del francés ha sido una constante en los últimos tiempos. Es sencillo trazar una línea continua en las décadas precedentes que nos muestre la persistencia de la tortura, de detenciones masivas y arbitrarias, de una política penitenciaria de mortales consecuencias, de suspensión de asociaciones, organismos, de cierre de medios de comunicación, de ilegalizaciones de partidos y de discriminación total de un sector de la población en la participación en la vida pública, de arbitrariedad judicial, de terrorismo de estado y brutalidad policial. En definitiva, una situación de excepción que ha generado un escenario brutal de conculcación de los más básicos derechos civiles y políticos, individuales y colectivos, escenario que hoy en día se nos muestra con total crudeza. No importa quiénes ostenten las responsabilidades de gobierno, allí o aquí. La prioridad en la represión del movimiento independentista vasco y, por extensión o simpatía, de otros movimientos disidentes dentro y fuera de Euskal Herria, cada vez con mayor brutalidad, muestra la cara más trágica de la incapacidad política de estos gobernantes, la ilegitimidad de su acción basada en la continua y sostenida vulneración de derechos humanos. Unos porque diseñaron las leyes y los procedimientos excepcionales, otros porque los aplicaron sin descanso y de forma magistral, los de aquí porque saben que sin su cobertura política a esta macabra limitación de derechos básicos esto no sería posible.

Estas circunstancias y este desamparo ante los aparatos de estado más crueles han obligado a cientos de ciudadanos y ciudadanas a crear un muro de contención, a enfrentarse a la represión y participar en diferentes plataformas cívicas, asociaciones de derechos humanos, organismos activistas, en lo que se ha venido a denominar el movimiento pro amnistía. Cientos y miles de activos en la denuncia de la represión y la solidaridad de las personas represaliadas por motivos políticos. De otra manera, la falta de activación de ese sector y de contestación social ante la represión habría supuesto una aceptación claudicante de la impunidad de esas estructuras de estado. Ahora quienes se agazapan en el Ministerio de Interior, obcecados en mantener como única receta la estrategia de la represión contra sectores cada vez más amplios de este pueblo, precisan de mayores niveles de impunidad. La alusión a la apertura de nuevos ciclos de represión, además de condenarnos a una situación sin salida, presagian un grado de sufrimiento cuya dimensión ahora sólo podemos imaginar.

Es por ello que la visualización de este fenómeno abierto de represión y su denuncia les resulta incomódo e intolerable. Es por lo que han tenido que criminalizar al movimiento pro amnistía y por lo que sus manifestaciones y movilizaciones han resultado prohibidas judicialmente, suspendidas administrativamente, violentamente atacadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado, las de aquí o las de allí. Es por lo que han decidido sacar de circulación a sus activos más visibles abriendo uno tras otro sumarios contra las personas que continúan señalando la responsabilidad del Estado en la represión y en la vulneración de derechos humanos y libertades fundamentales. Es por ello, en definitiva, que a partir del 21 de abril 27 miembros de este movimiento enfrentamos un juicio en el tribunal excepcional antiterrorista de la Audiencia Nacional, bajo la acusación de pertenencia a organización armada, por nuestra simple actividad de solidaridad con los presos y presas políticas, como militantes por la amnistía, por nuestra oposición a la represión, por ser defensores de derechos humanos, por mostrar las causas del conflicto, sus efectos y los caminos de su resolución.

Somos conscientes de los antecedentes de los juicios de Jarrai-Haika-Segi y posteriormente 18/98, y sabemos del esfuerzo que se llevó a cabo por las defensas para enfrentarlos en términos jurídicos atendiendo a las armas y garantías procesales de las que dicen se dota el ya ni siquiera presunto estado de derecho. No esperamos, pues, justicia de este tribunal, diseñado para la guerra contra el disidente vasco. Sí que creemos, por el contrario, tener una oportunidad de mostrar la dignidad con que nos hemos enfrentado a la represión del Estado y explicar a la sociedad vasca e internacional lo que somos y por qué estamos luchando. Expresar la necesidad de alzar la voz de alarma continua ante las violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales que el Estado español está cometiendo contra nuestro pueblo, aunque cada vez de forma más evidente, todavía impunemente. Esa labor genuina de denuncia que encontramos en todos y cada uno de los conflictos abiertos en el mundo, pieza clave además de un futuro de resolución basado en justicia en que se superen las vulneraciones de derechos humanos -imputables única y exclusivamente al Estado- y se depuren responsabilidades.

Ahora que los partidos disfrutan de la constitución de los nuevos y flamantes Congreso y Senado españoles, mientras prometen aplicar viejas y nuevas recetas de guerra contra este pueblo, todos, han vuelto a confiar en sus castillos y en que la torre más alta, el récord de represión, en comparación con quien vino antes y ya fracasó, les abrirá otro escenario diferente. También partidos autóctonos piensan que éste será el camino y se aprestan a servir de ariete en la nueva sacudida que ellos confían sea la definitiva. Pero no se enfrentan con organizaciones, asociaciones o personas individuales. Se enfrentan con un pueblo.

Cuentan que en la Bolonia medieval había unas 80 torres similares a las dos que hoy vemos, a más gloria de la grandeza y poderío de las familias que las construyeron. Los ciudadanos de Bolonia las miran indiferentes al pasar. Algunas, antes más altas, hoy han caído.