La lucha por el poder entre los defensores del establishment (burocracia estatal, políticos y, sobre todo, los militares) y el AKP, con el apoyo de sectores del capital temerosos de que la crisis les traiga pérdidas económicas, es la clave de la reciente y sobresaltada historia política de Turquía. El deseo de los primeros de seguir con sus privilegios les conduce a mantener una oposición radical ante los intentos reformistas auspiciados por el Gobierno. De ahí que aprovechen cualquier tema (la cuestión chipriota o kurda, el acceso a la UE, el velo o los programas militares) para maniobrar contra el AKP.

No se trata de una defensa del laicismo, pues pese a que oficialmente la religión ha sido apartada de los asuntos estatales, ésta ha impregnado buena parte de la actividad estatal.

La historia se puede repetir y las fuerzas partidarias del status quo vuelven a intentar derrotar judicialmente a una fuerza política que cuenta con el respaldo de buena parte de la población.

Si en el pasado ya se produjeron situaciones similares (más de veinte partidos políticos prohibidos, en su mayoría de carácter islamista, kurdo o de izquierdas), en esta ocasión, el apoyo popular que sustenta el Gobierno del AKP es mucho más elevado, y podría incrementarse en el futuro. Por otro lado, la reacción internacional también sería diferente, y la pasividad del pasado no se repetiría y, de hecho, algunas voces ya han apuntado al coste que debería pagar Turquía (acceso a la UE, proyectos económicos...).

El precio político es más que evidente, pero a determinados sectores también les preocupa el peaje económico. La economía turca está expuesta a la influencia de los movimientos de capital internacionales y depende en buena medida del comercio y los acuerdos internacionales; cualquier recesión tendrá severas consecuencias en el desarrollo económico.

El último pretexto ha sido la legislación promovida por el AKP en torno al uso del pañuelo islámico en las universidades, lo que se presenta como «un atentado al laicismo del Estado turco». Sin embargo, esta medida ha sido promulgada en clave reformista y siempre guardando un interesado equilibrio. El permiso para llevar el pañuelo afecta a las estudiantes, no a las profesoras. Además, coincide con otra medida «reformista», la «reevaluación» del Hadith (las tradiciones orales que relatan las palabras del profeta Mohammad), y que busca una interpretación más moderna del Islam.

La élites oligarcas parecen mostrar sus intenciones y, en esta ocasión, le ha tocado el turno a la judicatura, un mecanismo «sagrado, incuestionable y no criticable» que está puesto al servicio de esa minoría influyente que quiere seguir controlando los resortes del Estado. Algunos analistas han definido la actual situación como «golpe burocrático o juristocracia».

Este proceso ilegalizador no es el único, ya que desde hace tres meses está abierta una solicitud similar contra otro partido parlamentario, el pro kurdo Partido de la Sociedad Democrática (DTP).

Algunas formaciones turcas afirman por la boca pequeña que «las urnas son las que deben castigar a los partidos», pero, al mismo tiempo, no tienen ningún problema en aprovechar la coyuntura creada bajo el manto del furor ilegalizador.

En Turquía también circulan algunas hipótesis que hablan además de una teoría conspirativa. Las recientes detenciones de determinados miembros cualificados de la sociedad podrían estar relacionadas con una investigación gubernamental para desmantelar la trama «Gladio», conocida como Ergenekon. Esta estructura nacida durante la Guerra Fría, y autora de buena parte de las muertes políticas sin esclarecer, tendría lazos muy fuertes con las fuerzas defensoras del status quo.

Al AKP se le plantean tres opciones: Una reforma constitucional consensuada, pero no cuenta con el respaldo suficiente; el cambio de artículos constitucionales (el 68 y 69), que frenarían en parte las medidas judiciales o las dificultaría y sería llevado a una consulta popular; y finalmente, un adelanto electoral, haciendo coincidir las elecciones municipales de marzo de 2009 con las legislativas.

2008 va a estar inmerso en un clima muy tenso, sin la estabilidad que demanda la sociedad. Estas actuaciones «golpistas» pueden tirar por tierra (tal vez lo que se pretende) la política del AKP, y «devastar los indicadores económicos».

Turquía «deberá hacer frente a importantes retos y presiones internacionales y las tensiones internas podrían incrementarse», mientras «el problema kurdo se complicaría todavía mucho más». Sin olvidar tampoco la influencia que una ilegalización del AKP tendría en el mundo islámico. Tanto desde Occidente como desde formaciones políticas islamistas, se observa con atención la evolución del AKP, al que algunas fuentes lo situarían en una especie de puente entre el Islam y la democracia, y la materialización de una formulación política de estilo «demócrata-islamista».

Las fuerzas del establishment kemalista seguirán utilizando todos los resortes, legales o conspirativos, que le quedan para frenar el cambio estructural. Si una intervención militar parece descartarse de momento (no cuenta con el apoyo internacional necesario ni de las fuerzas empresariales del país), los ataques contra los kurdos podrían incrementarse, y ser de nuevo los chivos expiatorios.

De materializarse los procesos contra el AKP y el DTP, nos encontraríamos con las provincias del sudeste del Estado turco -donde el 90% de la población habría apoyado a esas formaciones- sin representación. De ahí que algunos analistas señalen que «el sistema no se colapsará, pero la situación democrática sería cuando menos precaria».

Las maniobras recientes no son un mero movimiento legal, sino que esconden importantes impulsos políticos.