Chiapas y, en concreto, el alzamiento en armas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, llenaron páginas y páginas en los medios impresos y abrieron casi todos los informativos. Más de diez años después, los medios «no dicen nada de lo que ahora está ocurriendo». Es, precisamente, por eso, para romper ese «cerco informativo» y denunciar el incremento de la presencia militar, el resurgimiento de grupos paramilitares, nuevos casos de torturas y amenazas a las comunidades indígenas y zapatistas, que Ernesto Ledesma, director de CAPISE, está de gira por Europa. En su escala en Euskal Herria, expresó su «alarma» por el alto nivel de hostilidades.

¿Cuál es la situación actual?

Estamos alarmados porque desde hace diez años no documentábamos semejante nivel de agresiones. Hemos contabilizado 56 campamentos militares permanentes. No sólo hay una excesiva ocupación militar, sino que el 90% de esas bases pertenecen a Fuerzas Especiales, del más alto nivel de adiestramiento y responsables de aplicar una estrategia contrainsurgente, que implica la reactivación de grupos paramilitares.

Otro de los organismos que están jugando un papel preponderante son las instituciones agrarias, que están haciendo nuevos decretos expropiatorios para retitular toda la tierra recuperada por los pueblos indígenas a través del EZLN en 1994.

En tan sólo un año, el Gobierno de Felipe Calderón ha escriturado 84.000 hectáreas. Un porcentaje de ellas como «Nuevas Áreas Naturales Protegidas». Ello conlleva a que las poblaciones indígenas que viven dentro de esas áreas sean hostigadas y presionadas para desalojar sus tierras. El Estado mexicano está impulsando fuertemente este territorio pero para proyectos turísticos. Son las poblaciones indígenas, particularmente los zapatistas, quienes se oponen a que sus tierras sean usadas como atractivo turístico.

Con este nuevo formato, denominado «Regularización de tierras», están escriturando tierras a grupos paramilitares y organizaciones indígenas adversas a los zapatistas para generar confrontaciones intercomunitarias, de tal forma que lo que aparece en los medios es que los pueblos indígenas se enfrentan entre sí como si gustaran de matarse por uso y costumbre.

Ante esta ofensiva, la comisión sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en voz del subcomandante Marcos, dio una especie de «alerta roja» que motivó que los comandantes que estaban de gira por la república mexicana para mantener diálogos con la sociedad civil se vieran obligados a suspenderla.

¿A qué achaca este incremento militar y paramilitar?

Intentamos separar los hechos concretos de la lectura que hacemos de los mismos. Presuponemos que este Gobierno, mucho más radical, está calibrando si es factible terminar con el EZLN por la vía de la fuerza y al menor coste político posible, sobre todo, de cara a la opinión internacional, uno de los puntos neurálgicos que le preocupa. Para cuidar su imagen, invita a las organizaciones y empresas a invertir en México.

El proyecto que representan las poblaciones zapatistas va en dirección opuesta; mientras el Gobierno impulsa la privatización de las tierras, la ley fundamental de los pueblos zapatistas es que la tierra ni se vende ni se renta a empresas privadas o gobiernos ni se destina a proyectos ecoturísticos.

En 2006, tuvimos un proceso electoral y un México convulso. Legalmente, el presidente se llama Felipe Calderón Hinojosa, pero no ganó las elecciones. Entró tan debilitado y sin legitimidad, que gobierna con el Ejército. Existe una represión contra los movimientos sociales. El propio Senado reconoce la existencia de catorce grupos guerrilleros; eso demuestra el nivel de disconformidad y desigualdad que hay. Los zapatistas están planteando la formación de un movimiento nacional civil y pacífico, que en México no hemos logrado desde la Revolución.

¿En qué se traducen estas hostilidades en el día a día?

Como en cualquier ocupación militar que desarrolla una estrategia contrainsurgente o de guerra de baja intensidad, las Fuerzas Armadas no aparecen. Su imagen es sagrada. Lo que hace el Ejército es reactivar los grupos paramilitares compuestos por la propia población indígena no zapatista. Esos hombres, jóvenes en su mayoría, son entrenados, adiestrados, armados y son quienes hostigan a las poblaciones para que dejen sus tierras. El Ejército no sale, parece que no hace nada.

Según nuestra experiencia de años anteriores, fue en las llamadas Fuerzas Especiales donde se formaron los grupos paramilitares. Con este Gobierno, el 90% de la ocupación militar corresponde a estas fuerzas.

Además, tras las elecciones municipales de 2007, quienes tomaron posesión de muchas de las presidencias son miembros de grupos paramilitares. Entregarles una presidencia municipal con todos los recursos que ello implica. ¡Imagínese!

Y, por primera vez en diez años, hemos empezado a documentar casos de tortura. Hemos dado a la autoridades los nombres completos de los paramilitares, a qué unidad pertenecen, quién está al mando, en qué comunidad está el campamento, cuándo y dónde lo hicieron, quién es nuestra fuente de información... Pero, el marco de impunidad es total porque las autoridades están involucradas. En lo que vamos de año, hemos documentado tres casos de tortura y 1.115 familias amenazadas y agredidas por parte de paramilitares o Fuerzas Armadas.

También denuncia la actitud de la mayoría de los medios de comunicación ante estos hechos.

Varias organizaciones hemos puesto en marcha la «Otra Campaña» para romper el cerco informativo. En esta nueva estrategia de contrainsurgencia contra los pueblos zapatistas, los medios no dicen nada de lo que ocurre. Lo que deberían ser notas principales en los medios impresos, no salen ni en la página 80 en el último cuartillo.

Ainara LERTXUNDI |