«Si la Administración Pública pusiera el mismo interés en tomar medidas contra el fraude fiscal y ese dinero se invirtiera en aumentar el gasto social y se diera un giro a la política social de este Gobierno, este país sería más justo e igualitario y no estaríamos hablando de posibles fraudes en la renta básica y las Ayudas de Emergencia Social (AES)», subraya el grupo parlamentario Ezker Abertzalea al valorar el estudio sobre el perfil de los perceptores de renta básica elaborado por el Ejecutivo de Lakua.

El trabajo encargado por el Departamento de Empleo constata que una tercera parte de los perceptores de la renta básica en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa trabaja y recibe un salario que es insuficiente y que les obliga a completarlo con esa prestación y considera que «existe un alto riesgo de percepción irregular o de fraude».

Ezker Abertzalea destaca que una política eficaz contra la exclusión social debe basarse en medidas contra la precariedad laboral, en asegurar un empleo de calidad para que no haya personas en situación de exclusión. No duda, por ello, en que Lakua debe cambiar la política social que realiza y emprender una «política social solidaria, justa y que satisfaga las necesidades de todas las personas».

«En cambio -asegura-, lo que se hace es criminalizar a una parte de la sociedad que lo está pasando mal en vez de tomar medidas para solucionarlo».

Caridad

Pregunta, en este contexto, qué medidas adopta ante el fraude fiscal, que «se estima en 7.000 millones en Hego Euskal Herria». También critica que no se aluda a aquellas personas que aun siendo potenciales receptoras de esta prestación no la cobren por falta de información y por «lo torticero del método. ¿Dónde están los datos de cuantas pensiones de viudedad de 350 euros son complementadas por los servicios sociales de base? o si con esta prestación se puede defraudar».

Ezker Abertzalea arranca su valoración con la constatación de que los últimos acuerdo adoptados en política social, que califica de neoliberal, han supuesto un retroceso en protección social. Recuerda las modificaciones firmadas, junto con el PSE, a la normativa de protección social, que en materia de renta básica recogía que fuera el 88% del Salario Mínimo Interprofesional para 2007 y el establecimiento de un subsidio complementario para sufragar necesidades relacionadas con la vivienda. «Nuestro grupo calificó estos acuerdos como un pequeño maquillaje, ya que la política del Gobierno vasco está basada en la caridad y no en una política que asegure derechos sociales y económicos mínimos», manifiesta.

Subraya que «la precariedad laboral va creciendo y una de sus expresiones es la imposibilidad de acceder a unos ingresos mínimos, bien vía renta del trabajo o prestación».

Elkartzen, por su parte, considera que es necesario establecer un umbral de la pobreza en función de la riqueza generada en Euskal Herria. «Este indicador debe ser un instrumento que permita repartir con un mínimo de justicia social la riqueza generada entre todos en Euskal Herria». Reclama un indicador para toda Euskal Herria y denuncia que se criminalice la precariedad, «aunque el verdadero despilfarro y fraude se sitúa en las actuaciones de las élites políticas y económicas».