El juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 5 de Bilbo, por un presunto delito de homicidio imprudente contra R.R., el conductor que arrolló a los dos hermanos, de 7 y 4 años, cuando cruzaban por un paso de peatones en el avenida Montevideo, en el barrio bilbaino de Basurto, quedó visto para sentencia.

En la vista, el letrado de la acusación particular, Kepa Landa, expresó la convicción de la familia de que la responsabilidad de lo ocurrido, sin restar un ápice de culpa al conductor por su imprudencia al volante, corresponde también a las instituciones, ya que «Bilbao Ría 2000 dejó pasar cinco años sin colocar un semáforo en ese punto, donde ya habían ocurrido otros siniestros graves».

Landa lamentó que Consistorio y Diputación sólo resolvieran las continuas demandas de los vecinos una semana después de que fallecieran los dos pequeños, y que la vía penal «no nos haya permitido sentar en el banquillo a los responsables de esas instituciones».

La acusación y la fiscal consideraron probado que el conductor cometió una imprudencia grave y, por tanto, es autor de un delito de homicidio imprudente, al desatender las señales que le advertían de la proximidad de un paso de peatones y por circular a una velocidad inadecuada para las circunstancias del tráfico del momento, un día con lluvia y tráfico denso. Landa pidió 4 años de prisión para el acusado, y la Fiscalía redujo la pena a 3 años, además de la retirada del permiso de conducir.

Por su parte, la defensa reclamó a la jueza «valentía» para «desoír a la opinión pública y absolverle» al considerar que el conductor de la furgoneta cometió «un error de apreciación», al pensar que un semáforo verde que existía entonces a unos 25 metros por detrás del paso de cebra le daba prioridad para seguir circulando.

El acusado declaró que aquel semáforo en verde le confundió, siguió por el carril de la izquierda «en tercera, sin acelerar» y no frenó ante el paso de cebra puesto que una furgoneta de gran altura en el carril de la derecha le impidió ver a la familia que cruzaba. Con voz entrecortada y visiblemente afectado, recordó que iba a unos 50 kilómetros por hora pero que no le dio «tiempo a reaccionar» porque «no pensé que por detrás de la furgoneta fueran a salir corriendo los niños».

La defensa destacó las conclusiones del informe pericial realizado por un ingeniero industrial para desacreditar un cálculo matemático realizado por un agente municipal para calcular la velocidad a la que se produjo el impacto y, por tanto, si el conductor pudo evitar el accidente.

Según este informe, el joven circulaba como máximo a unos 50 kilómetros por hora, en el límite de lo permitido, y no a más de 60 como aseguraba la Policía municipal y, dado que pasaron 0,8 segundos desde que el conductor vio a los peatones hasta el impacto, el atropello era «inevitable», aseguró el perito.

Sin embargo, la Policía municipal, en cuyos cálculos se asienta el informe de las acusaciones, cree que si el conductor «hubiera prestado la atención necesaria a la carretera» podía haber dado un volantazo para evitar arrollar a los pequeños.

La defensa apuntó que su cliente «es una víctima más del accidente» y que sería «una barbaridad jurídica y humana» condenarle, ya que «por una falta al saltarse un paso de cebra, como hicieron tantos incluso esa misma mañana, puede pasar cuatro años de cárcel», mientras no se exigen responsabilidades a las instituciones que debían haber regulado en tráfico correctamente.

Además, solicitó al tribunal que, si considerara la imprudencia grave, al concretar la pena tenga en cuenta como atenuante que el joven envió a la familia una «emotiva carta» pidiendo perdón y que los padres fueron indemnizados de manera voluntaria superando con creces los baremos establecidos.

La acusación particular defendió que la Justicia debe parar a quienes como el acusado no atienden a las señales de tráfico porque se podía haber evitado la muerte de esos niños, que, según contó un testigo, iban de la mano de su padre al Parque Infantil de Navidad.