La primera jornada del proceso parlamentario que llevará a la investidura de José Luis Rodríguez Zapatero no deparó novedades en relación a la llamada «cuestión vasca». Como había adelantado la víspera el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, Zapatero insistió en dejar sentado que se ha cerrado la vía del diálogo con ETA y que su apuesta pasa por privilegiar la vía policial y extender el pacto contra ETA alcanzado con el PP al resto de formaciones presentes en el Congreso español.

Ya en 2004, y cuando se mantenían contactos entre la izquierda abertzale y representantes del PSOE, Zapatero fue investido presidente con el programa de no dar tregua en el combate policial contra ETA. Apenas un año después, el conjunto de los grupos representados en el Congreso, a excepción del PP, aprobaban una declaración que autorizaba a su Gobierno a abrir el diálogo con ETA. A partir de ahí salió a la luz un proceso que debía conducir, previo alto el fuego permanente de ETA y declaración por parte del presidente español de que Madrid respetará el derecho a decidir de los vascos -sin alusiones al límite constitucional-, a un diálogo multipartito para buscar un acuerdo que permitiera avanzar en la solución política de un conflicto que, cuatro años después, sigue en el apartado de tareas pendientes de Zapatero. A la vista de lo ocurrido después, la experiencia aconseja no atender tanto a discursos de convicciones -Zapatero confía en el próximo final de ETA, anunciado por él mismo y todos sus antecesores en el cargo durante los últimos 30 años- como a los pasos efectivos que pueda dar un gobierno que desde que se cerrara el proceso de diálogo ha lanzado una campaña de abordaje contra el independentismo vasco que es el telón de fondo de su oferta de pacto .

Euskal Herria es el único territorio dentro de la UE en el que se ilegalizan partidos y se encarcela a personas por hacer política. Por tanto, el gran acuerdo que esperan los vascos de sus representantes es el que dote a este país de un marco democrático. Todo lo contrario a los «golpes de estado» en los ayuntamientos que planea un PNV cada día más tutelado por el PSOE.