Representantes de ELA, LAB y UGT rechazaron la imposición y defendieron la negociación de los convenios para el personal funcionario y laboral de la Administración en una concentración realizada ante la sede del Ejecutivo de Lakua.

Durante la protesta, presidida por una pancarta bajo el lema «negoziazioaren alde, inposaketarik ez», calificaron de «prepotente» la actitud que mantiene el Gobierno presidido por Juan José Ibarretxe y denunciaron que «se niega a convocar la mesa negociadora poniendo de excusa la elaboración de la Ley de Función pública».

Los representantes sindicales precisaron que, pese a que esta situación afecta a 7.500 trabajadores funcionarios y laborales, desde el pasado mes de noviembre la Administración no ha contestado a sus cartas ni comunicaciones. «Es el desprecio más absoluto», manifestaron. Avanzaron, en este contexto, que próximamente se celebrarán nuevas movilizaciones en Bilbo y Donostia.

Explicaron que el convenio del personal laboral se aprobó en 2001 y el de funcionario, en 2005 y que fue suscrito únicamente por CCOO.

ELA, LAB y UGT defienden una plataforma de acuerdo para ambos convenidos que incluye la coexistencia de varios modelos de jornada de libre elección, entre los que se encuentran el de jornada continua de mañana, la de partida actual y modelos flexibles que permitan la conciliación de la vida familiar y laboral. Reclaman un incremento salarial del IPC más el 2%, la paralización de la política de privatizaciones y reversión de lo ya externalizado y la inmediata convocatoria de una OPE con todas las vacantes existentes.

Defienden, además, la consolidación de todos los conceptos retributivos acordados, así como la incorporación de los seis días de libre disposición al convenio de laborales y de una serie de permisos en el caso de los funcionarios.

Los sindicatos recogen en sus plataformas el contrato relevo y la jubilación. Defienden la adopción de fórmulas de políticas activas que promuevan el rejuvenecimiento de la plantilla y la extensión del contrato relevo a los eventuales con estabilidad. Reclaman, por ello, el abandono de la política de no creación de nuevas plazas y de «destrucción de empleo público».