La secretaria del Euzkadi Buru Batzar, Belén Greaves, comenzó ayer a contactar con «el resto de partidos políticos» para trasladarles el contenido de la moción que el PNV presentará en ayuntamientos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa -no parece que lo vaya a hacer en Nafarroa, a no ser que NaBai se preste a ello- para llevar adelante la estrategia que culminará con la presentación de mociones de censura contra aquellas personas de la izquierda abertzale que ocupen «cargos de gobierno» en esas instituciones. Esas mociones incluirán, como puntos previos de obligado cumplimiento, la exigencia de que los representantes de la izquierda abertzale «condenen los atentados de ETA y las amenazas de su último comunicado»; en caso de que no lo hagan, se pasará a la «exigencia de dimisión».

Ésa es la maniobra que ha pergeñado el EBB para intentar ocultar a la opinión pública lo que es evidente: que se ha plegado a la exigencia que, de forma pública y con tono autoritario, le planteó el PSOE para arrebatar a ANV la alcaldía de Arrasate tras el desliz jeltzale de hace ocho días. Ayer mismo, Patxi López no dejaba lugar a dudas: «Si el PNV necesita dar estos pasos para presentar las mociones de censura, que los dé. Nosotros los apoyaremos». Pero ni un paso atrás: «Mondragón, para los socialistas, va a ser siempre una exigencia permanente en lo que son las relaciones políticas porque, de alguna manera, se ha convertido en lo que es el símbolo de la dignidad democrática de la sociedad vasca», añadió el secretario general del PSE y candidato a relevar a Juan José Ibarretxe en Ajuria Enea.

La sintonía dialéctica entre PSOE y PNV también es evidente, ya que tanto uno como otro apelan a la ética. En su breve nota de prensa del pasado lunes, el EBB afirma que ha decidido «impulsar en los próximos días mociones de compromiso inequívoco con principios éticos».

A no ser que a última hora los burukides hagan una pirueta en el aire y sin red, esos principios éticos no incluirán el respeto a las decisiones de la ciudadanía expresada en las urnas -ni en Arrasate ni en Ondarroa, por poner sólo dos ejemplos-, ni la exigencia de que todas las opciones políticas puedan desarrollar libremente su actividad en Euskal Herria -es decir, que se puedan reunir en Segura o en Altsasu sin que por ello acaben en una cárcel española-, ni que se reconozcan los derechos de todas las ciudadanas y ciudadanos vascos a ser elegidos para ocupar un cargo en las instituciones de nuestro país -y, por tanto, sus candidaturas no sean ilegalizadas según le convenga al inquilino de turno en La Moncloa-, ni se exigirá que se deroge la Ley de Partidos.

Y eso que el EBB sí quiere dejar constancia de que esas mociones van dirigidas contra quienes «no apuesten por las vías exclusivamente políticas, democráticas y dialogadas y, en consecuencia, no se opongan al uso de la violencia o a su amenaza para alterar los procesos políticos». Pero el apartheid político que han impuesto PSOE y PP, y que gestionan fuerzas políticas «abertzales» en algunas instituciones, la ilegalización de partidos, el encarcelamiento de representantes políticos... no deben ser una «amenaza para alterar los procesos políticos».

La caduca estrategia jeltzale de colocarse como «eje central» frente a «los extremos» queda desmontada, una vez más, por los hechos. El PSOE ni condenó ni condenará la guerra sucia -como recordaba GARA en su edición del pasado domingo al analizar la trayectoria de Ramón Jáuregi, delegado del Gobierno español en la CAV durante la etapa de los GAL y actual secretario general del grupo parlamentario del PSOE- ni, mucho menos, piensa dar marcha atrás en la Ley de Partidos (no lo hizo durante la tregua de ETA pese a que mantenía conversaciones con Batasuna).

Pero, es más, como aclara Patxi López cuando comenta que «si el PNV necesita dar estos pasos», al PSOE le da igual las interpretaciones que se puedan dar al texto de las mociones jeltzales; lo urgente es pasar de las palabras a los hechos en Arrasate. Ahí empiezan y terminan los principios éticos.

Se podrá objetar que el PSOE tiene especial interés en «cerrar» la cuestión de Arrasate porque ETA mató hace un mes a un militante de este partido en esa localidad guipuzcoana. Pero en ese caso, ni a PNV ni a PSE les conviene tanto hablar de voluntad popular y de valores democráticos, porque si la población de Arrasate ha dejado claro algo en las últimas décadas es que la izquierda abertzale -con unas siglas o con otras, antes y después de otros capítulos del apartheid institucional- es la fuerza política que cuenta con más respaldo en las urnas. No obstante, tanto el PSE como el PNV están dando la impresión de que es una decisión de ETA la que va a originar un cambio en ese Ayuntamiento que no se desprende ni del resultado electoral ni de lo que decidió la propia Corporación a la hora de formar sus órganos de gobierno.

En apenas tres días, el PNV pasó del «no» a la moción de censura a un «no pero puede que sí» que, a tenor de lo anunciado por Iñigo Urkullu el miércoles y corroborado ayer mismo por Joseba Egibar, va a terminar siendo un «sí pero porque nosotros queremos, sin imposiciones». En cuanto al galimatías discursivo en el que se han atascado los jeltzales, Egibar explica ahora que la decisión inicial, la del «no», fue adoptada por el Gipuzku Buru Batzar, órgano que él mismo preside, y que el EBB «conocía tanto las reflexiones, como las razones y las motivaciones» de esa decisión.

Además, dice Egibar que no se siente «desautorizado» por el giro de 180 grados dado por la dirección de su partido. Ante semejante actitud sólo caben dos explicaciones: o que Egibar tenga una definición muy personal de lo que significa ser desautorizado -que sólo tendría cabida en un diccionario político en el que no se incluya el término «credibilidad»- o que haya sido él mismo el que ordenara hacer la ciaboga tras ver en peligro ese misterioso acuerdo entre PNV y PSOE que ambos partidos dicen desear, por el que dicen estar trabajando y del que hasta ahora casi nada han trasladado a la opinión pública.

De esa ciaboga la trainera jeltzale ha salido con más lastre del que podía esperarse en un principio, porque el EBB ha decidido que el recorrido de esta estrategia no va a terminar en Arrasate, sino que está dispuesto a llevar las mociones a otras localidades gobernadas por ANV, como Aramaio, Elorrio o Urretxu.

¿Estos movimientos tendrán que ver con la lectura de los últimos resultados electorales? Si fuera así, habría que advertir que en Sabin Etxea no han asumido sinceramente lo que planteó Urkullu al hacer autocrítica tras observar lo sucedido el 9 de marzo. O Urkullu no fue sincero cuando asumió públicamente que el PNV no había sabido «leer» la «evolución» que se ha producido en la sociedad vasca en las últimas décadas.

No tienen que salir de Arrasate para observar cómo ha evolucionado la sociedad vasca en estos últimos 25 años. Aunque les resulte duro, los burukides deberían explicar, primero a su militancia y después a la ciudadanía, cómo ha sido posible que el partido que venció en las primeras elecciones municipales, en 1979, obteniendo mayoría absoluta, haya pasado a ser la tercera fuerza en las últimas, las de 2007, tras ANV y el PSE. Y esa fuerza política no es otra que el PNV. Mientras tanto, la izquierda abertzale, que en el 79 ya era la segunda fuerza política pero muy por detrás de los jeltzales, ha vuelto a obtener la alcaldía con más votos de los que suman PNV y EA.

Ésa, la otorgada por las vecinas y vecinos de Arrasate, es la legitimidad que mantiene a la izquierda abertzale en la alcaldía. Y mucho tendrá que ver en ello tanto la política municipal que ha desarrollado esta fuerza política -que para Patxi López es «indigna incluso para cambiar una farola en el pueblo»- como la decisión del PNV de aprovecharse hasta en dos ocasiones del apartheid político para asumir la alcaldía; primero en 1997, en una situación similar a la actual, gracias a una moción de censura contra el alcalde de HB a raíz de que ETA matara al edil del PP Miguel Ángel Blanco, y la segunda en 2003 gracias a la ilegalización de las candidaturas de la izquierda abertzale.

Y el mismo ejercicio les dará resultados similares si analizan lo que ha sucedido durante este periodo en Aramaio, Elorrio, Urretxu y en otras localidades de Euskal Herria, en muchas de las cuales el PNV ha estado gobernando durante tantos años que, según se desprende del análisis de Urkullu, había perdido el contacto con la realidad del cambio social que se estaba produciendo.

El Tribunal Supremo español retomará el lunes los trámites para proceder a ilegalizar oficialmente a ANV y a EHAK, ya que la Sala del 61 se reunirá para estudiar las alegaciones presentadas en respuesta a las demadas presentadas por la Fiscalía General y por la Abogacía del Estado. Este proceso podría prolongarse todavía durante unos meses, lo que importa muy poco al PSOE porque la formación ekintzale está ilegalizada de facto por la Audiencia Nacional.

Lo que resulta curioso es que, tras el atentado mortal contra Isaías Carrasco, el líder del PNV ha borrado de sus discursos la expresión «izquierda radical» con la que, en una quijotesca cruzada personal, había evitado durante los últimos tiempos pronunciar «izquierda abertzale». Y como si no se diera por enterado de la suspensión de actividades dictada por Garzón, en las últimas semanas no se cansa de dirigir sus advertencias a ANV, partido que, a no ser que quiera que se acumulen «pruebas» contra sus dirigentes en las diligencias abiertas por ese juez, no puede replicarle en público.

Urkullu podía haber asumido que los últimos resultados electorales están cuestionando la estrategia mantenida por el PNV en las últimas décadas. Pero prefiere apelar a la ética y repetir errores, no sólo en Arrasate, de la mano del PSOE.