Todos los medios de comunicación se hicieron eco del caso de la enferma terminal Chantal Sébire. El PSOE rehúye hablar del derecho a morir y, junto con la Iglesia católica, no se pone de acuerdo con la sociedad civil sobre la eutanasia penalizada con la cárcel en el artículo 143 del Código Penal. En el programa electoral de 2004, este partido se comprometía a crear una comisión parlamentaria para debatir «el derecho a la eutanasia» y su despenalización. Durante los cuatro años de la anterior legislatura, el partido gobernante, acogotado por las ruidosas protestas de los obispos, ha eliminado la eutanasia de su programa, ya que no sólo no creó la comisión prometida, sino que rechazó siete interpelaciones parlamentarias sobre la despenalización. Dicho partido gobernante, en este tema, así como en otros que le pueden hacer perder votos en la España profunda, ha desistido de estudiar y mucho menos de legislar sobre estas exigencias de la sociedad civil.

Sin embargo, la sociedad civil española ha vivido con intensidad agónica varios casos españoles de eutanasia como los de Ramón Sampedro; Jorge León, que murió a los 53 años en 2006; Madeleine Z., que a sus 69 años se quitó la vida en su casa de Alicante; o Inmaculada Echeverría, de 51 años, que vivía atada a un respirador en un centro sanitario granadino.

Últimamente, en los medios franceses y europeos ha saltado a las primeras páginas la petición de ayuda, la muerte y la autopsia tras su deceso, de Chantal Sébire. La muerte de esta ciudadana francesa, no atendida por la justicia, no ha hecho reaccionar al Gobierno francés de Fillon. Más aún, el fiscal de Dijón, Jean-Pierre Alacchi, ha concluido que esta profesora de 52 años, madre de tres hijos y víctima de un tumor que le deformó el rostro y le causaba grandes dolores, no murió por causas naturales, sino por la ingestión de un potente barbitúrico de uso veterinario. Otro caso más reciente está ahora de actualidad, el de Clara Blanc, una mujer de 31 años de Montpellier que sufre el síndrome de Ehlers-Danlos, es decir, una degeneración hereditaria que lleva a la disminución de los tejidos que sostienen la piel por falta de colágeno, y que ha escrito al presidente Sarkozy y a la ministra de Sanidad, Roselyne Bachelot, para que impulsen un referéndum sobre «el suicidio asistido o el derecho a la eutanasia activa».

También en nuestro entorno vasco se han organizado unos «Diálogos de ética, humanismo y ciencia», patrocinados por Osakidetza y Caja Laboral y que se están celebrando durante los meses de abril y mayo.

Todas estas circunstancias nos implican una reflexión sobre la eutanasia. Y empezamos por una reflexión humanista que afirma que el dolor, cuando es inevitable, sirve como purificador de la persona, pero que este hecho no impide el que busquemos calmarlo y preparemos al enfermo incurable y terminal con una medicina paliativa. No basta con el subterfugio aconsejado por las autoridades del caso Chantal de burlar hipócritamente los límites legales induciendo un coma profundo y dejando más tarde morir al paciente.

Es necesario partir de la afirmación humanista de que está en nuestras manos tanto el origen de la vida como su final. Sobre el origen de la vida humana debemos afirmar que ésta tiene que ser responsable y no fruto del azar o de la improvisación. Y la paternidad responsable señala que los hijos deben venir cuando los progenitores sean capaces de ejercerla, sin que orientaciones genetistas marquen el origen de la vida. Todas las orientaciones morales sobre la generación y el aborto deben quedar subordinadas a la propia conciencia. Conciencia no sólo de la mujer aisladamente, sino de los progenitores y aun de la familia en sentido más amplio.

Del mismo modo, el final de una vida no es el resultado de una elección personal. En la vida humana el sujeto individual no es el único depositario de los derechos, sino que hay otros sujetos que tienen derechos sobre la vida de un sujeto. La familia, los amigos y aun la sociedad tienen derechos que deben ser tenidos en cuenta y que deben ser respetados en el momento en que una persona pretenda disponer el final de su propia vida. Tanto en el suicidio como en la eutanasia personal programada, el marido o la mujer, los hijos, los padres y aun otros parientes tienen unos derechos que no pueden ser suprimidos sin que el suicida o el que prepara la eutanasia pueda olvidar. Por eso legalmente el estado puede castigar y penar el intento de suicidio o de eutanasia programada. Pero el estado no puede sobrepasar sus funciones no legislando o atribuyéndose un protagonismo legislativo, judicial o policial que vulnere los derechos individuales y familiares tanto al legislar sobre el origen de la vida como sobre su final.