El autor analiza el conflicto agrario que se vive en Argentina para destacar que los grandes perjudicados del actual sistema de producción neoliberal son los pequeños propietarios y los habitantes de las ciudades con menos recursos económicos.

Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA), gobierno kirchnerista, estratos medios y altos urbanos, piqueteros pro-gobierno, impuestos a la exportación, paro agrario, desabastecimiento alimentario, modelo sojista, agronegocio exportador, son algunos de los actores y las variables que configuran el complejo mosaico del conflicto actual en Argentina. Mientras tanto, permanecen ocultos y en el olvido, dos elementos fundamentales de un problema de mayor calado: el «campo profundo» y la «ciudad marginada».

El aumento de las denominadas «retenciones» o impuestos a la exportación planteados por el Gobierno de Cristina Fernández para aplicar a los «productores agrarios», se convirtió, formalmente, en la causa que desencadenó el paro y el consecuente desabastecimiento alimentario a las principales urbes del país. Parecía congruente con la retórica del ex presidente Néstor Kirchner, que abogaba por un programa «neokeynesiano», el aumento impositivo a los empresarios y productores de soja, que habían aumentado considerablemente sus beneficios en los últimos años, gracias a la elevación de precios en el mercado internacional. La promesa redistributiva valiéndose de este impuesto aplicado a la ganancia «súbita», se podía considerar justa y solidaria.

Sin embargo, el Gobierno argentino cometió el error de proponer un impuesto único a todo el sector, ya fuesen grandes terratenientes o pequeños productores, lo cual condujo al surgimiento de la alianza interclasista en el campo.

Con el apoyo de los medios de comunicación más conservadores y la movilización de una parte de los estratos medios y altos urbanos, se gestó un escenario poco favorable para el Ejecutivo de Fernández, que contraatacó con notable efectividad, activando tanto a su base de sustentación sindical y social, como a una parte nada desdeñable de los sectores populares urbanos.

Con estos ingredientes sobre la mesa, gran parte del «latifundio mediático» nacional, regional e internacional, presentaron al Gobierno argentino como autoritario y represivo contra las justas demandas de los eufemísticamente catalogados genéricamente como «productores». Paralelamente, medios afines al Ejecutivo bonaerense proyectaron un modelo de confrontación simplista y no muy ajustado a la realidad: Gobierno popular versus oligarquía. Un análisis más profundo y exhaustivo, nos indica una realidad notablemente más compleja, donde por una parte, casi todos los actores enfrentados no son lo que realmente proyectan ser, y por otra parte, aparecen calculadamente invisibilizados los grandes perjudicados de un conflicto más amplio y de más larga data.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) desempeña un papel fundamental en todo el conflicto, porque es la representante directa de la gran patronal agraria del país, y por su trayectoria marcadamente conservadora y progolpista. Desde los años treinta del pasado siglo, hasta la última dictadura, ha sido señalada como impulsora, sostenedora y participante activa en golpes y gobiernos autoritarios. Fue una de las grandes beneficiarias con la implantación del modelo neoliberal en las décadas del ochenta y noventa, que favoreció la concentración de la tierra y la dinámica de exportación. Representa a una elite no superior al millar de empresarios, que controlan más de 36 millones de hectáreas en todo el país, y que han visto aumentar sus beneficios de manera exponencial gracias al modelo monoproductivo de soja transgénica. Todo esto, en un marco laboral que ha permitido la explotación intensiva de miles de trabajadores del campo, muchos de ellos laborando incluso en calidad de fuerza de trabajo informal, como lo denuncian organizaciones de derechos humanos de Argentina.

La Federación Agraria Argentina (FAA) sería la expresión organizativa de parte de los pequeños productores, y por tanto no debería identificársele como fracción oligárquica. Sin embargo, el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) le acusó recientemente de que «sus afiliados, con la complicidad del sistema jurídico y político, desaloja campesinos en los departamentos de norte», además de «no producir alimentos en beneficio del pueblo, sino forrajes para la especulación en el mercado externo».

El Gobierno argentino, por su parte, ni es un «Gobierno popular», como algunos analistas complacientes afirman, ni es un Gobierno «proimperialista», como aseguran otros autores incapaces de percibir las tonalidades del diverso tablero político latinoamericano. Es indudable, como corroboró la CEPAL, que el Gobierno argentino junto al venezolano, fueron los dos ejecutivos que más consiguieron reducir la pobreza en la región. Pero también, es cierto, que sostiene una alianza estrecha con sectores de la burguesía urbana, como los ligados a las obras públicas, al transporte, y principalmente con la Unión Industrial Argentina (UIA). Y además, poco ha hecho hasta ahora para revertir el modelo monoproductor, transgénico y antiecológico basado en la soja.

El problema agrario en Argentina, lamentablemente va más allá de una serie de medidas fiscales, ya que trasciende al modelo productivo y al modelo de desarrollo en su totalidad. El modelo de desarrollo neoliberal, viabilizó la implantación de un esquema productivo volcado en la exportación de soja transgénica, mientras decenas de miles de campesinos fueron expulsados del campo. Un modelo productivo basado en la apropiación de grandes extensiones de tierra, la destrucción de miles de hectáreas de bosque, y la contaminación debido al uso indiscriminado de agroquímicos altamente nocivos.

De esta manera, se va diluyendo la posibilidad de establecer un modelo agrario que priorice la producción de alimentos para el consumo interno, además de fortalecer la explotación campesina y el éxodo hacia los centros urbanos. Por ello, el «campo profundo» y la «ciudad marginada», son los grandes olvidados, como denuncia el Movimiento Campesino de Córdoba, exigiendo un debate a fondo. ¿Tomarán nota el Ejecutivo argentino y el resto de sectores tras los 30 días de «tregua»?