El coordinador general de Izquierda Unida estuvo ayer en Eibar, en el acto conmemorativo de la proclamación de la II República española, un acto «de recuerdo y reivindicación de una III república, pero también de relanzamiento del proyecto político de Izquierda Unida», afirmó Gaspar Llamazares, quien también realizó en su intervención un análisis de los resultados obtenidos por su formación en las últimas eleccio- nes españolas, así como el, en su opinión, «giro derechista» del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.

En el acto que esta formación celebra cada año en Eibar, recordando así que fue ésta la primera localidad que en 1931 proclamó la República, Llamazares convocó a la militancia de IU a llevar adelante «una refundación republicana de los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad», para lograr, entre otras cosas, «reformar la Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo, reconocer el derecho a una muerte digna y avanzar en el reconocimiento de los derechos de todos los ciudadanos, tengan el origen que tengan».

A ello añadió que el relanzamiento del proyecto de la izquierda española debe servir también «para crear una nueva cultura de la vida interna de IU, que haga agradable trabajar» en la coliación, porque, según hizo hincapié, «no se gestionan bien las diferencias y a veces se transforman en confrontación y en crisis».

Derecho a decidir

En relación a las pasadas elecciones, el coordinador general de IU lamentó que la victoria del PSOE ha supuesto «la reducción del pluralismo democrático y de la izquierda transformadora, integradora y republica- na» en las instituciones del Estado, y aunque reconoció que la izquierda española «ha cometido errores, los comete y los cometerá», achacó el resultado de IU al sistema electoral y al bipartidismo. La, a su juicio, necesaria reforma electoral, sin embargo, «no interesa ni al PP ni al PSOE ni a los nacionalistas, porque supondría devolver a IU los 14 diputados que hoy no tiene en el Congreso por culpa de un sistema electoral injusto».

Javier Madrazo, por su parte, pidió al Estado español que traspase al Gobierno de Lakua «la competencia para convocar consultas populares». A su juicio, los abertzales limitan ese derecho a la celebración de una «consulta política», pero Madrazo considera que la capacidad de llevar adelante consultas populares debe servir para «decir a ETA que deje de matar, para definir el marco de autogobierno y convivencia, elegir entre república y monarquía y decidir sobre el trazado del TAV, incineradoras, centrales térmicas, ener- gías renovables y todo lo que afecta a los ciudadanos».

El coordinador de EB considera que el Gobierno de Lakua y los partidos que lo componen han cometido errores al no trasladar su mensaje sobre la consulta con claridad, lo que habría hecho que ésta se asociara «a división, fractura y ruptura».

Rechazó Madrazo que se penalice el derecho a decidir, porque, según el consejero de Vivienda, «el derecho a que las personas opinen libremente no puede ser nunca ilegal y menos aún un delito». La consulta, concluyó, «no debe ser un problema, sino parte de la solución».