La asociación vecinal Lezama Bizirik ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Medioambientales y Urbanísticos del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra la existencia y funcionamiento «ilegal» del campo de tiro al plato ubicado en la localidad, así como contra las autoridades tanto municipales como forales que «lo están permitiendo a costa de la salud y la seguridad de los vecinos y vecinas».

Este organismo ciudadano ha realizado repetidas gestiones, sobre todo ante el Ayuntamiento de Lezama, solicitando las licencias de aper- tura y actividad, así como el cierre de las instalaciones que llevan funcionando «ilegalmente» desde hace más de 20 años, según censuran.

Lezama Bizirik destaca que los terrenos donde se ubica el campo de tiro son públicos, de propiedad municipal, y calificados como de «especial protección» por encontrarse en una zona catalogada como «Monte de Utilidad Pública».

La actividad de tiro, que se desarrolla desde 1986, «en unas instalaciones precarias y sin las licencias preceptivas -subrayan desde el colectivo-, no sólo sigue contaminando gravemente todo el entorno natural, incluidos tres arroyos cercanos, y supone un peligro para los alrededores, por donde discurren caminos y hasta una carretera, sino que produce elevadas molestias acústicas a todo el vecindario».

Al respecto, apuntan que la mayor actividad en este campo se desarrolla en jornada completa sábados y domingos, además de otros días por la tarde. También destacan la mayor afluencia de tiradores de otras localidades en los últimos meses al haberse cerrado otros campos, como es el caso del de Leioa.

Por todo ello, Lezama Bizirik solicita de la Fiscalía de Delitos Medioambientales y Urbanísticos del TSJPV incoar diligencias para la clausura cautelar de estas instalaciones y también contra la Alcaldía de Lezama y las administraciones implicadas, como posibles autoras de un delito ecológico, otro posible delito relativo a la ordenación del territorio y también por prevaricación al haber permitido y seguir permitiendo una actividad contaminante y peligrosa carente de licencias, ignorando los requerimientos de esta asociación vecinal para restablecer la legalidad y proceder a la clausura de instalaciones y actividad.