La Asociación de Discapacitados Físicos de Navarra (Ibili) ha sacado a la luz un estudio en el que desvela que ninguna de las 42 oficinas públicas analizadas cumple de forma completa los mínimos establecidos por la normativa vigente en relación a la accesibilidad de los discapacitados físicos que se mueven en silla de ruedas. La guía, a la que han titulado «Accesibilidad de las Admistracions Públicas de Navarra», también revela que en algunas ocasiones la normativa únicamente se cumple «de manera parcial».

«En el mejor de los casos, un usuario de silla de ruedas sólo puede utilizar los sístemas de acceso con la ayuda de terceros y, además, en numerosas ocasiones también hemos observado que el acceso es imposible incluso recurriendo a la ayuda de otras personas», denunció ayer Javier Miranda, presidente de esta asociación que trabaja en favor de los discapacitados físicos en este herrialde.

En ese sentido, Miranda explicó que la guía estudia el grado de accesibilidad de un total de 42 sedes públicas, con las que «hemos pretendido conformar una muestra suficientemente significativa de la situación actual», aunque matizó que se han centrado en las oficinas de registro, ya que «contituyen la primera instancia de atención al público».

Así, el estudio destaca que en un 74 % de los casos, el entorno de los edificios no presenta problemas de accesibilidad para los minusválidos, una dato que a juicio de Miranda pierde valor teniendo en cuenta que «luego, para acceder a las oficinas, se requiere la ayuda de otra persona en el 60% de los casos».

Además, también criticó que más de la mitad de los edificios analizados «dificultan que una persona en silla de ruedas se desenvuelva de forma autónoma por su interior».

Dificultades de todo tipo

Al hilo de lo anterior, el estudio explica una a una todas las dificultades con las que se encuentran los discapacitados físicos cuando deben acceder a algún edificio u oficina pública. «Escalones infranqueables; accesos secundarios que requieren la ayuda de otras personas; plataformas salvaescaleras de dudosa efectividad; espacios estrechos que imposibilitan el giro; ascensores pequeños o con la botonera muy alta; puertas de anchura insuficiente; incorrecta disposición del mobiliario; mostradores de atención al público demasiado elevado; o una inadecuada distribución de los elementos de los aséos», detalla.

Además, el presidente de la Asociación de Discapacitados Físicos de Navarra hizo hincapié en que «ni tan siquiera las obras nuevas contemplan de forma adecuada y completa la accesibilidad», de tal modo que «tan sólo dos de los espacios analizados se acercan significativamente a los mínimos establecidos por la normativa actual y por las normas UNE, rozándolos pero sin llegar a cumplirlos».

Propuestas para la solución

Tras constatar las enormes dificultades que sufren los discapacitados para poder acceder y moverse por edificios públicos, desde Ibili se han lanzado diversas propuestas para solucionar el problema cuanto antes. Así, para los espacios situados en edificios públicos que no han sido reformados, plantea «un estudio completo y una actuación integral que tenga en cuenta la accesibilidad» mientras que para los edificios antiguos recomienda «una revisión rigurosa de las adaptaciones, que en muchos casos se hicieron de forma incorrecta» y para los de nueva construcción «el cumplimiento estricto de la normativa».

Por otro lado, Miranda quiso destacar que «algunos edificios construidos después de que entrara en vigor la Ley Foral 4/88 sobre barreras arquitectónicas incumplen aspecto de la misma», algo que a su jucio es «doblemente grave».

Para concluir, el presidente de Ibili instó a los resposables políticos a que asuman la accesibilidad como «un elemento imprescindible en la calidad de los servicios públicos».