Mociones contra EAE-ANV
La izquierda abertzale constata un proceso de ilegalización paralelo
Oihana LLORENTE |
A la misma hora en que los magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo español se reunían para avanzar en la ilegalización de EHAK y EAE-ANV, electas de esta última formación constataban ante los medios que, al igual que en Madrid, en Euskal Herria también se está impulsando un «proceso de ilegalización paralelo». Una táctica que, según reseñaron, coincide en el tiempo con el acuerdo político que quiere alcanzar el PNV con el Gobierno español.
Con objeto de mostrar su rechazo tanto a este «pacto neoestatutario» que abandera la formación de Iñigo Urkullu como a la propia estrategia ilegalizadora, la izquierda abertzale ha convocado sendas concentraciones en Bilbo, Donostia y Gasteiz bajo el lema «Euskal Herria ez dago salgai, iruzurrik ez!». La primera cita será mañana a las 19.30 en la sede del Gipuzku Buru Batzar, mientras que el jueves llegará el turno a vizcainos y alaveses; los primeros se reunirán a las 19.00 en Sabin Etxea y media hora más tarde harán lo propio ante la sede del Araba Buru Batzar, en Gasteiz.
La alcaldesa de Hernani, Marian Beitilarrangoitia, junto a la edil de Hondarribia y cabeza de lista de ANV al Congreso español por Gipuzkoa, Miren Legorburu, censuraron que, pese a mantener discursos diferenciados, PNV, EA y EB han «hecho suyas las tesis de Garzón», constituyendo un «frente común» junto al PP y al PSOE y «facilitando el trabajo a magistrados». «Los que asegurando no aceptar la Ley de Partidos, han fabricado su propia ley de partidos y la van a imponer mediante mociones de censura», sentenciaron.
En este sentido, hicieron hincapié en que a día de hoy estas formaciones ya han sentado las bases «para repartirse el pastel» una vez que consigan expulsar a la izquierda abertzale de la gestión municipal.
Las críticas más duras las dirigieron, sin embargo, al partido liderado por Unai Ziarreta, al que achacan «una falta de rumbo político en el que se esconde un acatamiento total a la política del PNV». Legorburu indicó que «dependiendo del botín» al que pueden optar en cada localidad, «apelan a la gobernabilidad de los ayuntamientos».
No es la primera vez
Tras calificar las mociones de censura como «medidas represivas», detallaron que aquellos que «quieren darnos lecciones democracia» han dado un salto cualitativo «tomando el poder de los ayuntamientos saltándose la voluntad popular». Aunque, según recordó la hondarribiarra, esto tampoco supone algo novedoso en la trayectoria de dichas formaciones dada la composición de consistorios como los de Ondarroa o Lizartza, entre otros muchos.
Al igual que el hecho de no respetar los resultados electorales, las mociones de censura también son parte de una estrategia conocida. Echando la vista atrás, se puede constatar cómo el apartheid político encubierto en forma de mociones se hizo hueco tras las elecciones municipales de 1995, cuando todas las formaciones se unieron en las localidades donde HB cosechó una mayoría simple apartando a la formación independentista de la alcaldía; o dos años después, cuando procedieron a dar forma a mociones de censura contra alcaldes de HB a raíz de que ETA matara al edil del PP Miguel Ángel Blanco.
La alcaldesa hernaniarra se mostró tajante a la hora de asegurar que no entrarán en «falsos debates sobre ética», ya que entiende que estas mociones de censura «aun estando maquilladas con ética» tienen el «claro objetivo de arrinconar» a la izquierda abertzale. Como prueba de que el núcleo de las mociones no se basa en este aspecto, situaron las fricciones que está suponiendo este debate dentro de algunos partidos, como es el caso del propio PNV.
«Precisamente ahora»
Tras acreditar que no creen en casualidades, describieron con claridad la actual situación política, donde destacaron la apuesta del PNV por pactar con el PSOE una reforma estatutaria que, según entienden, «traiciona los deseos de la ciudadanía vasca». Por contra, explicaron que la postura de la izquierda abertzale pasa por, tal y como ratificaron, «no consentir otro fraude político como el de hace treinta años». En este sentido, subrayaron el valor de la Propuesta para un Marco Democrático como herramienta de trabajo; la describieron como una «oferta que dará el derecho de decidir a la ciudadanía».
Criticaron duramente que aun siendo la única propuesta existente a día de hoy, todos los demás partidos políticos «prefieren ignorarla». Aseguraron, sin embargo, que «seguiremos luchando por un verdadero cambio» político. «Precisamente ahora nos quieren sacar de las instituciones», apostilló Legorburu después de detallar la situación actual.
Pese a enfocar el punto de interés en las mociones de cen- sura que pretenden presentar en diversos consistorios, las electas independentistas también valoraron la reunión mantenida ayer por la Sala del 61 del Tribunal Supremo.
A juicio de Marian Beitialarrangoitia, es «evidente» que el Alto Tribunal español continuará con su estrategia ilegalizadora «a pesar de saber que no tendrá efectos prácticos». En este sentido, recordó que el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ya se «adelantó» a la Sala del 61 suspendiendo las actividades de las dos formaciones.
Pese a ello, las dos dirigentes abertzales, con semblante serio, destacaron que esta evidencia «no resta gravedad» a la conculcación de derechos civiles y políticos que sufre la ciudadanía de Euskal Herria.
Con objeto de denunciar tanto las mociones de censura como el pacto que quiere alcanzar el PNV con Zapatero, se han convocado concentraciones para mañana y el jueves ante las sedes de las ejecutivas jeltzales de Aaraba, Bizkaia y Gipuzkoa.
Las electas independentistas criticaron con dureza la actitud de la formación que preside Unai Ziarreta por considerar que «ha perdido el rumbo político y que se esconde detrás de un acatamiento total» a la estrategia del PNV.
La Sala del 61 del Tribunal Supremo español acordó ayer dar por admitidos los escritos de contestación de EAE-ANV y EHAK a las demandas de ilegalización instadas contra ambas formaciones por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, y ha abierto el periodo de prueba. Los magistrados de la denominada Sala del 61 se reunieron durante cerca de dos horas y acordaron trasladar al Ministerio Público y a la Abogacía del Estado las contestaciones presentadas por ANV y EHAK a las demandas, en las que ambas formaciones proponen diferentes pruebas y testimonios.
Según señalaron las agencias de información citando fuentes del Alto Tribunal, la lista de testigos propuestos por ANV y EHAK es muy larga y, tras escuchar las alegaciones que realicen los demandantes, el Tribunal Supremo deberá señalar, tras una nueva reunión de la Sala del 61, cuántas testificales se producen finalmente, en qué fechas y si éstas se realizan o no en vista pública.
Asimismo, la Fiscalía y la Abogacía del Estado tendrán que proponer sus pruebas. Tienen un plazo de quince días para presentar sus escritos y añadir en ellos su propia lista -documentos y testigos- si así lo consideran oportuno. Posteriormente, la Sala tendrá que decidir qué pruebas admite.
Una vez tenga todas las propuestas y alegaciones sobre la mesa, la Sala del 61 dispondrá de otros 30 días para contestar y fijar un calendario para la celebración de las testificales. La prueba documental presenta menos problemas, puesto que la Sala admite como tales todos los documentos que se presenten, con independencia de la valoración que el Tribunal realice luego de los mismos. Del conjunto de las pruebas que finalmente se practiquen también se dará cuenta a las partes, que dispondrán de 20 días de plazo para formular sus respectivos escritos de alegaciones.
Tras analizar estas últimas formulaciones, el Tribunal Supremo dictará sentencia, en la que se podrá declarar la disolución del partido o desestimar las demandas. Esta resolución no podrá ser objeto de recurso alguno sin perjuicio, en su caso, del de amparo que pueda formularse ante el Tribunal Constitucional, según se precisa en la Ley de Partidos Políticos.
En el caso de la ilegalización de Batasuna, transcurrieron más de seis meses desde que se presentaron las demandas, a principios de setiembre de 2002, hasta que se dictó sentencia ilegalizando esta formación el 23 de marzo de 2003. El tiempo de resolución en el caso de ANV y EHAK dependerá de lo que dure el periodo de práctica de las pruebas, que podría alargarse si se cita a un número muy elevado de testigos.
GARA
Tras una reunión en Iruñea, la ejecutiva de EA hizo pública una nota en el que asegura que no apoyará «ningún paso hacia un nuevo Pacto de Ajuria Enea» que sólo buscaría «la exclusión política sin ofrecer alternativas reales al fin de la violencia».
