Según los representantes independentistas, PNV, EA y EB, en frente común con PSOE y PP, pretenden poner en marcha un proceso de ilegalización paralelo. Esa afirmación cobrará pleno sentido cuando se ponga en marcha la iniciativa de presentar mociones de censura contra EAE-ANV .

La Ley de Partidos española supone una clara vulneración de derechos políticos y civiles. Esa es la percepción de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas, independientemente de su opción política, que además comparte la mayoría de organizaciones políticas, sindicales y sociales. Sin embargo, algunas de esas formaciones, con esa dinámica de mociones de censura propuesta, en lo fundamental incurren en la misma vulneración de derechos, que afecta, igualmente, tanto a cargos electos como a quienes en su momento les dieron su voto y resultaron ser mayoría. El lógico deseo de esos ciudadanos y ciudadanas es que su opción gobierne en su ayuntamiento, de ahí que la única destitución legítima y democrática sea la llevada a cabo por esos electores. Presentar en nombre de los valores democráticos una iniciativa que consiste en suplantar la voluntad popular es, además de una contradicción, una burla a esos valores cuya salvaguardia se arrogan quienes están dispuestos a cometer un atropello sólo comparable al que, procedente de los tribunales españoles, dicen rechazar.