La asociación de familiares de presos y refugiados políticos vascos, Etxerat, dio a conocer ayer el «brutal balance represivo» del primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno español.

Según denunciaron, la «violencia ejercida» por el Ejecutivo del PSOE con la «inestimable ayuda» de los partidos vascos -sobre todo, el PNV- contra los presos y sus familiares «ha sido diaria» durante cuatro años y advirtieron de que no están dispuestos a «soportar otra legislatura de violencia de Estado».

Mattin Troitiño, hijo del preso político Txomin Troitiño, que debería de estar en libertad tras cumplir la pena impuesta, y Juan Cruz Coto, padre de Egoitz Coto, encarcelado en Daroca, tomaron la palabra para informar de una «realidad sistemáticamente ocultada de las consecuencias del conflicto político».

También asistieron a la rueda de prensa como ejemplos del sufrimiento que han padecido en primera persona, el padre de Roberto Sainz -muerto por la política penitenciaria en marzo de 2006-; la madre del preso político vasco gravemente enfermo Angel Figeroa; el padre de Jose Mari Sagardui, Gatza - preso político que más tiempo lleva encarcelado en Europa y que cumplirá 28 años en julio-; Irantzu Abad, que estuvo a punto de perder la vida tras un accidente cuando acudía a una visita; y el padre de Xabier Gartzia, que se encuentra aislado en la cárcel de A Lama.

Etxerat destacó que desde marzo de 2004 han fallecido cinco presos políticos vascos -Kepa Miner, Ohiane Errazkin, Kotto Altzuguren, Roberto Sainz e Igor Angulo- «víctimas de una política carcelaria despiadada y carente de ninguna moral», y que tres familiares han muerto y 270 han sufrido distintas lesiones en los 100 accidentes provocados por la dispersión.

Asimismo, recordaron que con Zapatero se ha alcanzado la cifra de 735 presos políticos, el número más alto de la historia reciente, y que se han producido 100 denuncias judiciales por torturas. Sobre las condiciones de vida en prisión, manifestaron que se han «recrudecido, llegando a ser insostenibles» ya que «el aislamiento, la degradación de la asistencia sanitaria, las legislaciones especiales, han sido el pan nuestro de cada día».

Explicaron que más de 40 presos llevan más de 20 años en prisión, que 12 represaliados políticos se encuentran gravemente enfermos y que a 21 se les ha aplicado la doctrina 197/06 del Tribunal Supremo, imponiéndoles la cadena perpetua.

Etxerat denunció que la legalidad que se aplica a los presos «ni es sinónimo de justicia, ni éticamente correcta» y que «da cobertura e impunidad a la represión más brutal jamás conocida en estas tierras». Por ello, indicaron que van a hacer todo lo que está en sus manos para acabar con esta política penitenciaria y también en la resolución del conflicto.