Etxerat ha dado a conocer el balance, ciertamente negativo, de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde el 14 de marzo de 2004 han muerto cinco ciudadanos vascos en prisión y tres más han perdido la vida cuando acudían o volvían de visitarles. Hoy hay una cifra récord de 735 presas y presos y, merced a las sucesivas reformas legales para endurecer las condenas, más de 40 prisioneros han cumplido más de 20 años en prisión -28 cumplirá en julio el «Mandela vasco», Jose Mari Sagardui Gatza-.

El balance hecho público por Etxerat obliga a cuestionar a los poderes públicos sobre los deberes incumplidos en materia de defensa de los derechos de las personas presas. La dispersión causa muertes, pero éstas no merecen la consideración de un gobierno como el de Lakua, que estos días se prodiga en homenajes exclusivamente a las víctimas de ETA. Sin distingos, sin preguntas añadidas sobre los episodios de represión en que participaron los cuerpos policiales a los que pertenecían algunos de los fallecidos que hoy son alabados con cargo al presupuesto público. El PNV ni antes ni ahora ha defendido de manera efectiva los derechos humanos para todas las personas y nunca ha planteado exigencias a partidos como el PSOE y el PP, con los que jamás ha encontrado motivos éticos para no pactar.