El escape al medio ambiente de partículas de material altamente radiactivo (principalmente de cobalto-60) por la central nuclear de Ascó-1, propiedad de Endesa e Iberdrola, ocurrida en noviembre de 2007 y del que sólo hemos tenido conocimiento meses después (gracias a que Greenpeace lo denunció el 5 de abril, inmediatamente después de ser alertada al respecto por algunos trabajadores), no es sólo una nueva demostración de la política obscurantista de la industria nuclear y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), también es una prueba más de la inaceptable peligrosidad de la energía atómica. Una tecnología incontrolable, capaz de provocar catástrofes como la ocurrida en Chernóbil en 1986, cuyo coste en vidas humanas se cifra ya en más de 200.000, según estudios recientes, entre ellos de la Academia de Ciencias Rusa.

En el caso de Ascó, el CSN, tras una primera reacción lamentable en la que haciendo un análisis simplista y falto de rigor de la situación trató de minimizar la importancia del escape, ha reconocido finalmente que la central nuclear actuó de forma negligente al ocultar información y aportar datos falsos sobre la cantidad de radiactividad liberada (que aún no se conoce con exactitud) y al realizar un control inadecuado del material radiactivo. La Asociación Nuclear Ascó-Vandellós (ANAV), que gestiona las centrales de Ascó-1, Ascó-2 y Vandellós-2, ya fue sancionada en 2006 por un grave suceso ocurrido en 2004 en esta última central, que fue calificado por el CSN como «el más grave después del accidente de Vandellós-1» (ocurrido en 1989), ya que afectaba al sistema de refrigeración del núcleo del reactor. El CSN reconoció en una investigación en el Congreso de los Diputados que ANAV priorizó sus intereses económicos a la seguridad y mantuvo Vandellós-2 funcionando durante meses en condiciones de «seguridad degradada».

La energía nuclear, además de peligrosa y sucia (no olvidemos el problema no resuelto de los residuos radiactivos, cuya peligrosidad permanece durante cientos de miles de años), ha demostrado no ser competitiva. Por ello, los propietarios de centrales nucleares tratan de maximizar beneficios a costa de reducir los márgenes de seguridad, lo que redunda inevitablemente en un aumento del riesgo de sufrir un accidente grave. El escape de Ascó es un aviso de accidentes más serios que podrían pasar.

La posibilidad de que se produzca un grave accidente de consecuencias aún peores que el de Chernóbil de 1986, la mayor catástrofe nuclear hasta ahora conocida, se ha incrementado en los últimos años debido a la confluencia de una serie de factores que afectan negativamente a la seguridad. Principalmente el acusado envejecimiento de los reactores, los fallos propios de una tecnología intrínsecamente peligrosa y la cada vez menor cultura de seguridad de los operadores como consecuencia de la falta de competitividad de la energía nuclear en un mercado eléctrico liberalizado.

En el parque nuclear español se conjugan todos esos factores. La cultura de seguridad brilla por su ausencia (véase el reciente caso de Ascó-1). La media de edad de todas las centrales españolas es de casi 25 años (su vida útil técnica) y todas presentan, en mayor o menor medida, problemas de envejecimiento. En especial, la central de Santa Maria de Garoña, la más antigua en funcionamiento (fue inaugurada por Franco en 1971), sufre graves problemas de agrietamiento por corrosión en diversos componentes de la vasija del reactor, fundamentales para la seguridad.

En el caso de Garoña los hechos demuestran que su seguridad está seriamente degradada, tanto por problemas técnicos como por los fallos derivados de la deficiente cultura de seguridad del operador (Nuclenor, también propiedad de Endesa e Iberdrola) y, en suma, que su funcionamiento entraña un riesgo inaceptable para la seguridad pública y el medio ambiente. Además su aportación eléctrica es perfectamente prescindible y está más que compensada por la producción procedente del régimen especial (renovables y cogeneración).

Al contrario de lo que intenta hacernos creer la industria nuclear con sus campañas de propaganda, existen muy pocos proyectos de construcción de centrales nucleares en el mundo. En los Estados Unidos, desde finales de los años 70 no ha habido encargos de nuevos reactores. En Europa, aparte de Finlandia (de la que hablaremos más abajo), sólo Francia está construyendo actualmente un reactor, en estado aún incipiente. Lituania, Rumania, Eslovaquia y Bulgaria tienen planeado construir alguna otra. Por otro lado, Alemania y Suecia tienen programas activos de abandono de la energía nuclear. Otros 12 países no apostaron por la nuclear en su mix energético o la abandonaron hace tiempo (como Italia o Austria). Los demás mantienen una moratoria o han anunciado la intención de cerrar su parque nuclear. Este último es el caso del Estado español, si el PSOE y José Luis Rodríguez Zapatero finalmente cumplen su compromiso y no terminan defraudando a los ciudadanos, quienes, como han demostrado de forma reiterada los sondeos de opinión, desean mayoritariamente que se abandone la energía nuclear.

La tan publicitada apuesta del Gobierno británico de Gordon Brown por la energía nuclear es la crónica de un fracaso anunciado. Su decisión está plagada de incoherencias y supone un gran engaño a los ciudadanos. Por un lado argumenta que las centrales nucleares planeadas serán vitales para combatir el cambio climático, para solventar el déficit energético que se produciría en Gran Bretaña en el 2015 y que serán sufragadas íntegramente por el sector privado (hablamos de muchas decenas de miles de millones de euros). Pero al tiempo reconoce que esas centrales contribuirán solamente a reducir un 4% las emisiones de CO2, y eso después del 2020 (antes no estarán construidas). Y, enterrado en la letra pequeña del documento oficial, se puede leer que el Gobierno se compromete a sacar del apuro a los inversores privados si a éstos las cuentas finalmente les salen mal, pasando la factura a los contribuyentes.

Gordon Brown debería fijarse en el fiasco nuclear de Finlandia. La central de Olkiluoto-3, el buque insignia del tan cacareado «renacimiento» nuclear, hace aguas por todos lados. Su construcción se inició en 2005 y se afirmó que se construiría en un tiempo récord de 4 años: oficialmente se reconoce que acumula ya 2 años de retraso sobre el calendario previsto (el tiempo medio de construcción de los reactores nucleares terminados entre 1995 y 2000 fue de 116 meses, es decir cerca de 10 años). Y tiene un sobrecoste de 1.500 millones de euros sobre los 2.500 millones inicialmente presupuestados. Y eso que lleva sólo 2 años de construcción...

Como demuestra el caso de Alemania, con técnicas de eficiencia energética y con renovables se lograrían reducciones de emisiones de CO2 más importantes y de forma mucho más rápida y menos costosa que apostando por la energía atómica.

El Gobierno socialista de Zapatero, que dice apostar por un modelo energético sostenible, debe cumplir su compromiso de cerrar las centrales nucleares de forma progresiva y sustituir su aportación energética por «energías limpias, seguras y menos costosas», como reza su programa electoral a las elecciones generales 2008.

Y lo tiene fácil, si quiere, si hay voluntad política, pues la viabilidad técnica y económica de un sistema de generación eléctrica basada al 100% en energías renovables, que nos permitiría luchar de forma eficaz contra el cambio climático al tiempo que se abandona la energía nuclear, es un hecho ya comprobado científicamente. Zapatero sólo tiene que decidirse entre respetar la palabra dada a los ciudadanos o sucumbir a las presiones del lobby nuclear.