Ante un nutrido grupo de empresarios, De la Sen aventuró que la cuestionada Unidad de Reducción de Fueloil (URF) -conocida popularmente como planta de coke- podría entrar en funcionamiento en 2010. El consejero delegado de Petronor amenazó ayer con que, sin esta infraestructura que procesará los residuos obtenidos en el refino de los petroleos pesados de baja calidad, la refinería de Muskiz se vería obligada a cerrar en un plazo máximo de diez años.

El responsable de la refinería se refirió a la futura planta de coke como a una «garantía» para la actividad futura de Petronor, porque le permitirá «adaptarse a la demanda de fuel oil, el fuerte aumento de la de gasoil y la exigencia de mayor calidad de combustibles, con menor contenido de contaminantes».

Según explicó, la polémica generada ante el nuevo proyecto es similar a la que surgió con la puesta en marcha de las unidades de FCC en 1985. «Si no tuviéramos las FCC de los 80, Petronor ahora estaría cerrada. No había más alternativa que ir a la conversión», manifestó.

Como ejemplo de la necesidad del proyecto URF aludió a las 20 refinerías que han tenido que cerrar entre 1975 y 1995 por no haber podido adaptarse a «la demanda de calidad».

José Manuel de la Sen restó credibilidad a los informés jurídicos, encargados por el Consistorio muskiztarra a asesorías independientes, en los que se apunta que la refinería vizcaina es «una instalación clandestina en una ubicación inadecuada» que no dispone de autorización alguna, al margen del decreto firmado en 1968 por el dictador Francisco Franco. Así, afirmó que disponen de las «pertinentes licencias de actividad» desde sus inicios, en 1968, así como «de sus sucesivas ampliaciones, en cumplimiento de la legislación vigente en cada momento». «Petronor es la refinería europea que más alta calificación ha alcanzado», manifestó.

De la Sen destacó el papel que juega la refinería en el bienestar económico de Bizkaia. «Hemos sido prudentes en el manejo de estos temas -confesó el directivo- pero, se dicen tantas cosas, que tenemos que abrir un poco la ventana y decir qué estamos aportando nosotros».

Cifró en alrededor de 500 millones la contribución anual, por impuestos, de la compañía a las arcas de la Diputación vizcaina, a los que se suman los impuestos especiales procedentes de las ventas de hidrocarburos, una media de 70 millones mensuales. Además, mencionó que el Ayuntamiento de Muskiz recibió en 2007 casi tres millones de euros, «unas cantidades muy importantes para soportar el presupuesto» municipal. Zierbena percibió 2,1 millones y Abanto 1,08 millones de euros.

El proyecto de la planta de coke requerirá un «profundo cambio» en el actual «esquema de producción», de forma que se deberán «construir nuevas unidades» y modificar las existentes. Esto permitirá la reducción de fuelóleo y el mejor aprovechamiento de los productos obtenidos del barril de crudo, con un aumento de la producción de gasolinas y gasóleos.

Según sus palabras, este proceso «de conversión profunda» está basado en una «tecnología punta mundial» de coquización «habitual» en el mundo. En la actualidad, existen cuatro proyectos en marcha en el Estado español y se están instalando otros en Alemania, Gran Bretaña y Canadá. Aunque, según manifestó, existen afirmaciones de quienes dicen que «son obsoletas» y que «ni los chinos las quieren», en total existen 215 en todo el mundo, de ellas 44 en Europa, 92 en EEUU, 24 en Sudamérica, 49 en Asia.

Ponerse al día

La planta se encuentra pendiente de la concesión de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de Lakua, solicitada en julio de 2006 y «que se está retrasando bastante» y de la posterior licencia de obras del Consistorio. «Esperamos que en el último trimestre de 2010 estaremos funcionando, arrancando», concretó De la Sen. Además, dio por zanjadas las diferencias con el Ayuntamiento de Muskiz, que llegó a abogar por una «progresiva puesta en situación de fuera de servicio».

Tras la reunión de la dirección de Petronor con el presidente de Eusko Alkartasuna, Unai Ziarreta; la consejera de Medio Ambiente, Esther Larrañaga; y el alcalde, Gonzalo Riancho, ésta se comprometió a entregar la documentación que no le constaba al Ayuntamiento de Muskiz.